EL REINADO DE ISABEL II

Revolución Liberal en el reinado de Isabel II

Introducción
1. La Guerra Carlista (1833-1839).
2. El periodo de las Regencias: María Cristina y Espartero.
3. Características generales del régimen isabelino.
4. La Década Moderada (1844-1854)
5. El Bienio Progresista (1854-1856)
6. El periodo de la Unión Liberal y el final del régimen isabelino (1856-1868).
7. Conclusión.

Introducción.
El reinado de Isabel II se inicia cuando finaliza la Guerra Carlista (1833-1839) y agotado el llamado periodo de las Regencias (María Cristina hasta 1840 y la del General Espartero hasta 1843). Ante las continuas disputas entre liberales moderados y progresistas, las Cortes deciden adelantar la mayoría de edad de Isabel II a los 13 años. Se proclama como Reina en noviembre de 1843. Los liberales moderados tomaron rápidamente posiciones en el entorno de la Reina, fácilmente controlable por su juventud y su escasa formación política.
Con la derrota del absolutismo se procede a construir un Estado liberal. La problemática que se desarrollará a partir de este momento girará en torno al tipo de Estado liberal que se desea: moderado o progresista.
Tras un paréntesis progresista (1854-1856) se restablece el conservadurismo que caracterizó el primer periodo del reinado de Isabel II. La segunda etapa conservadora se diferencia de la primera por el hecho de que la reina ya ha madurado y adopta sus propias decisiones. Se apoyará en el General Narváez y el General O´Donnell sin contar con los partidos políticos, este factor unido a la crisis económica dará lugar a la revolución de 1868, el final de su reinado.
1. La Guerra Carlista (1833-1839).
Tras la muerte de Fernando VII (septiembre de 1833) Don Carlos María Isidro proclama desde Portugal sus derechos dinásticos. No acepta la Pragmática Sanción por la que Fernando VII anuló la Ley Sálica, no permite a las mujeres reinar en España. Será reconocido como Rey en Bilbao y Álava, apareciendo posteriormente partidas carlistas por todo el país.
No fue una simple guerra dinástica, en el bando carlista se alinearon los absolutistas más intransigentes: parte de la nobleza, los miembros más conservadores de la Administración y del Ejército, y la mayor parte del bajo clero que veía en Don Carlos una garantía para evitar la pérdida de la influencia de la Iglesia. También se les une importantes sectores del artesanado, que temían que los cambios sociales y económicos que podían traer los gobiernos moderados o liberales terminaran por hundir sus talleres frente a la gran industria.
En el aspecto geográfico, el carlismo triunfó sobre todo en las zonas rurales, y especialmente en el Norte, en el País Vasco, Cataluña y el Maestrazgo aragonés y valenciano.
El bando cristino o isabelino era mucho más variado. Se unieron en él los sectores moderados y parcialmente reformistas del absolutismo, encabezados por el jefe de gobierno, Cea Bermúdez, los liberales moderados y los progresistas que veían en el apoyo a la regente la única posibilidad de transformar el país. Los grupos sociales que respaldaban al gobierno incluían parte del Ejército, la mayoría de los altos cargos de la Administración y las altas jerarquías de la Iglesia. Además, el apoyo fue casi total en las ciudades, tanto por parte de la burguesía de negocios como de los profesionales liberales. También apoyaban al bando isabelino los obreros industriales y una parte del campesinado en el Sur peninsular.
Mientras el bando cristino contó desde el principio con el reconocimiento y el apoyo diplomático y militar de Portugal, Inglaterra y Francia, los carlistas no llegaron a conseguir un reconocimiento expreso, al carecer de una capital y de un respaldo consistente por parte de las instituciones del país, aunque sí contó con las simpatías de los imperios austriaco, prusiano y ruso.
La superioridad en hombres y material de los isabelinos, sin embargo, no se tradujo en la práctica: la guerra se prolongó entre otras causas por las dificultades del gobierno de María Cristina para financiar la lucha, ante la falta de recursos fiscales (relacionar con desamortizaciones Mendizábal).
Militarmente, la guerra puede dividirse en tres fases:
Primera fase. Los carlistas, bajo la dirección militar del general Zumalacárregui, consiguieron derrotar repetidas veces a los ejércitos isabelinos, aprovechando la táctica defensiva y su superior conocimiento del terreno. En junio de 1835, durante el sitio de Bilbao murió Zumalacárregui, una gravísima pérdida para el mando carlista.
Segunda fase. Corresponde al periodo de 1835 a 1837 y coincide con el momento más revolucionario y crítico en el bando isabelino. Los carlistas intentaron romper su aislamiento mediante varias expediciones hacia el Sur, pero sin encontrar respaldo entre la población. En el verano de 1837 tras el intento de tomar Madrid, el ejército carlista, agotado, decidió retirarse hacia el Norte.
Tercera fase. Comprende el periodo 1837-1839, y es una etapa de resistencia carlista. La guerra terminó en agosto de 1839, con el llamado Abrazo de Vergara entre los generales Espartero (Liberal) y Maroto (Carlista).
La victoria de los isabelinos se debió sobre todo a su superioridad material, pese a las penurias económicas, al poco apoyo popular a la causa carlista al sur del Ebro y al nulo respaldo material y diplomático exterior que tuvo Don Carlos. Su derrota y su exilio significaron el definitivo fin del absolutismo. La guerra produjo un descalabro humano y económico enorme, que contribuyó a retrasar aún más el desarrollo del país.
2. El periodo de las Regencias.
La regencia de María Cristina se inicia en 1833. El jefe de gobierno, Cea Bermúdez, dejó más o menos claro que realizaría pocas reformas. Excluyó a los reformistas del Gobierno en plena Guerra Civil y será entonces cuando los capitanes generales de Cataluña y de Castilla presionan a la reina gobernadora para sustituir a Cea Bermúdez. María Cristina sustituyó a Cea por Martínez de la Rosa, el antiguo jefe de gobierno moderado del Trienio Constitucional (1820-1823), que había regresado del exilio.
El régimen inicia una tímida evolución hacia la apertura política, pero sin realizar las reformas necesarias para sanear la Hacienda, relanzar la actividad económica, democratizar el régimen y ganar la guerra.
El cambio más importante fue la aprobación del Estatuto Real en 1834 que sustituye a la Constitución de 1812, excluyendo cualquier mención a la soberanía nacional. Se establecían unas Cortes bicamerales. El Senado con cargos designados por la Corona, lo que la convertía en una cámara muy conservadora, con el fin de limitar las reformas que pudieran plantearse. El Congreso, cámara electiva, pero con un sufragio censitario muy restrictivo e indirecto.
Los gobiernos moderados se ciñeron al Estatuto Real, evitaron los cambios en el sistema fiscal, lo que dejó al ejército sin recursos para la guerra. En las grandes ciudades la tensión fue en aumento. En el verano de 1834 el cólera se propagó por varias ciudades. Los disturbios continuaron en 1835, por lo que la Regente se vio obligada a aceptar la candidatura de Mendizábal (progresista) como jefe del gobierno.
El gobierno de Mendizábal
Con la llegada de Mendizábal, un financiero progresista de prestigio y que contaba con el apoyo de sectores influyentes en las Bolsas europeas, se inició propiamente la revolución liberal. En los pocos meses que estuvo al frente del gobierno emprendió reformas fundamentales, para lo cual asumió personalmente las carteras de Estado, Guerra, Marina y Hacienda. Su programa incluía la reforma de la Ley Electoral de 1834 para ampliar el derecho al voto y establecer la elección directa, la reforma a fondo de la Hacienda y la recuperación del crédito público para ganar la guerra (desamortizaciones de Mendizábal).
Mendizábal quiso gobernar con el apoyo de las Cortes. Al principio tuvo el respaldo mayoritario de los procuradores, pero poco a poco el Gobierno perdió el apoyo de las Cortes (1836 rechazo de su proyecto de reforma electoral). Mendizábal consiguió que la Regente disolviera las Cortes y se convocaran nuevas elecciones. Aunque la nueva cámara era de mayoría progresista, las tensiones fueron en aumento y María Cristina volvió la espalda a Mendizábal, quien se vio obligado a dimitir.
La división entre moderados y progresistas se hizo entonces definitiva. Se extendieron las protestas en la mayoría de las capitales al entender que la Regente quería acabar con las reformas. Con un país al borde de la revolución, con los carlistas recorriendo la Península, y con un gobierno sin apoyos, se produce el pronunciamiento de la Guardia Real en favor de la Constitución de 1812, exigiendo el cambio de gobierno a la Regente, que se vio obligada a acceder.
La revolución liberal y la Constitución de 1837.
Tras el Motín de los Sargentos de La Granja, María Cristina encargó formar gobierno a los progresistas. Se convocaron nuevas elecciones según el modelo unicameral de Cádiz, y las Cortes se abrieron bajo la presión en la calle del pueblo y del Ejército.
El gobierno progresista emprendió un amplio programa de reformas con unos objetivos básicos: la instauración de un régimen liberal,  el impulso de la acción militar para ganar la guerra y la elaboración de una nueva Constitución. Se restableció la legislación de Cádiz, pero era evidente para todos que la Constitución de 1812, ya anticuada, no serviría para implantar el sistema liberal que se quería. Por tanto, las Cortes iniciaron rápidamente el debate y aprobación de una nueva constitución que actualizara la de Cádiz y sirviera en el futuro igualmente para gobiernos moderados y progresistas.
La Constitución de 1837, pese a su tendencia progresista, tenía importantes concesiones a los moderados. Reconocía la soberanía nacional y realizaba una detallada declaración de derechos individuales, pero reforzaba el poder ejecutivo, atribuido a la Corona, y otorgaba conjuntamente el legislativo a las Cortes con el Rey. Este tenía el derecho de convocar, suspender o disolver las Cortes, y podía ejercer el veto sobre las leyes aprobadas por ellas. Se establecían dos cámaras. El Rey nombraría a sus ministros, pero éstos podrían ser objeto de censura por las Cortes, lo que obligaba a la Corona a inclinarse por la mayoría parlamentaria.
En octubre de 1837 los moderados ganaron las elecciones, debido al escándalo por las negociaciones secretas llevadas a cabo por los progresistas con los carlistas durante el asedio de Madrid. En los siguientes tres años se sucedieron gobiernos moderados que abandonaron la política reformista: la desamortización se ralentizó, se evitó el desarrollo de las leyes sobre derechos individuales, se sustituyó a los principales militares progresistas y se intentó cambiar la ley electoral para disminuir el censo.
Con el final de la Guerra desapareció la última razón de consenso entre ambos partidos. El conflicto entre moderados y progresistas se radicalizó con la pretensión del gobierno moderado, apoyado por María Cristina, de modificar la Ley de Ayuntamientos para permitir la elección de alcaldes por la Corona y establecer un sufragio restringido.
Los progresistas promovieron una oleada de protestas en todo el país durante 1840, y una vez que la Regente firmó el polémico Decreto de Ayuntamientos, el resultado fue la insurrección de la Milicia Nacional y del Ayuntamiento de Madrid el 1 de septiembre, levantamiento que pronto se extendió por todo el país. María Cristina presentó su renuncia como Regente el 12 de octubre de 1840, marchando después al exilio.
La regencia de Espartero y la posterior reacción moderada (1840-1844)
Espartero asumió la regencia en 1841 y en 1843 tuvo que dimitir. Una de las razones de su fracaso está en la propia división del partido progresista entre los más radicales y el resto del partido. Una segunda causa del fracaso fue su política económica: el gobierno amplió la desamortización en beneficio de los propietarios, lo que le alejó del apoyo popular, e intentó llevar al país hacia el libre comercio (posición hacia la que presionaba el gobierno inglés), con lo que se enfrentó a los industriales textiles y a los trabajadores.
El personalismo de Espartero y su talante militarista fueron otros factores de su fracaso. A finales de 1842 bombardeó la ciudad de Barcelona, tras una sublevación provocada por las medidas librecambistas. Barcelona se rindió, y la dura represión que siguió empujó a todos los sectores sociales de Cataluña a la oposición al regente. El General fue criticado en las Cortes por todos los grupos, y su imagen quedó seriamente dañada ante la opinión pública.
En 1843, tras unas nuevas elecciones, que dejaron a Espartero sin apoyos, se formó una auténtica coalición antiesparterista. La insurrección generalizada en el verano de 1843 contra el General fue dirigida por miembros del partido progresista en defensa de la Constitución y frente a lo que se consideraba la tiranía de Espartero, pero triunfó por el apoyo moderado, cuando el ejército, dirigido por el General Narváez, se pasó a los insurrectos. Espartero, aislado, decidió abandonar el país.
Ante la falta de alternativas, los diputados y senadores votaron el adelantamiento de la mayoría de edad de Isabel II, que fue proclamada Reina en noviembre de 1843. Ya por entonces los dirigentes moderados, habían tomado posiciones en el entorno de la Reina, fácilmente controlable a causa de su juventud y escasa formación política.
La inestabilidad política y social existente en 1844 hizo que la Reina «nombrara» presidente del gobierno al General Narváez, líder indiscutible del partido moderado.
3. Características generales del régimen isabelino.
Establecimiento de un régimen liberal de tendencia conservadora. El sufragio restringido reservaba la participación política a una oligarquía formada por: propietarios, miembros de la aristocracia, burguesía, altos mandos del ejército... El carácter conservador del régimen se reflejó en la Constitución de 1845.
Régimen de gobiernos autoritarios, defensores del orden y de una monarquía fuerte, con un sistema bicameral que limitaba las reformas y que restringía las libertades individuales y colectivas.
Una constante del reinado fue la presencia permanente de militares entre los gobernantes del país: Narváez, Espartero, O’Donnell, etc. Su participación se debe a diversas causas: estaban mitificados tras medio siglo en guerra, la presencia de un militar al frente del ejecutivo garantizaba un gobierno fuerte y el mantenimiento del orden. Los militares participaron a título individual, como líderes de los partidos.
La presencia en la vida parlamentaria de partidos burgueses: hasta 1854 los moderados y los progresistas, y a partir de entonces la Unión Liberal (grupo de centro) y el partido Demócrata (Progresista radical). Al margen de la vida parlamentaria quedaban los republicanos (ilegales). Pero, en la práctica, sólo los moderados y progresistas contaban para ocupar el poder.
El apoyo incondicional de la Reina a los conservadores y su escasa capacidad para conectar con el pueblo provocó la caída de la monarquía en 1868. Los campesinos perdieron las tierras y pasaron a convertirse en jornaleros y arrendatarios empobrecidos. Los obreros traba­jaban y vivían en condiciones infrahumanas. El gobierno conservador no hizo nada para solucionar el problema, sólo se dedicó a reprimir violentamente las protestas y las huelgas, prohibiendo las asociaciones y ejecutando a sus dirigentes. 
En los años finales del reinado las ideas socialistas (anarquismo y marxismo) penetraron en España y configuraron el movimiento obrero.
4. La Década Moderada (1844-1854)
La Constitución de 1845, en teoría una reforma de la de 1837, es en realidad un texto nuevo con un carácter conservador, que beneficiaba al partido moderado y a la oligarquía gobernante. La Ley Electoral de 1846 establecía unas rentas mínimas para poder votar que limitaron el sufragio a solo el 1,2% de la población española.
Sus contenidos básicos son los siguientes:
Se establece el principio de soberanía compartida: el poder legislativo reside en las Cortes con el Rey. El poder ejecutivo reside en el Rey con las Cortes.
Ampliación de los poderes del Rey, eliminando los límites establecidos en la Constitución de 1837. La Corona podía disolver el Congreso, con la obligación de volver a convocarlo en el plazo de tres meses.
El Estado se constituye como una monarquía constitucional de carácter conservador.
Cortes bicamerales (igual que en 1837): Congreso y Senado (frena reformas progresistas).
Sufragio censitario muy restringido para la elección de los miembros del Congreso.
Los miembros del Senado son designados por la Corona, aumentando así el poder del Rey. Son elegidos entre los miembros de la alta nobleza, la Iglesia, el Ejército, la Administración y aquellos que poseían grandes fortunas. Son cargos vitalicios.
El Senado, además de servir de freno a posibles reformas radicales del Congreso, asume funciones judiciales, actuando en única instancia para juzgar a los ministros y a los propios senadores.
Ayuntamientos y Diputaciones estarán sometidos a la Administración central, con alcaldes y presidentes elegidos por el Rey.
Se establece una declaración de libertades y derechos restringidos.
La exclusividad de la religión católica, con el compromiso del Estado de mantener el culto y clero.
La supresión de la Milicia Nacional.
Durante este periodo se desarrolló una legislación claramente conservadora. Ya en 1844, se suspendieron las ventas de bienes desamortizados y se devolvieron a la Iglesia los no vendidos. La Ley de Imprenta de 1844 restringió la libertad de publicar y estableció la censura. En el mismo año se fundó la Guardia Civil, una vez suprimida la Milicia Nacional.
Una de las tareas en que más empeño pusieron los gobiernos moderados fue la de la centralización del poder, reorganización de la Administración y establecimiento de un Código Penal unificado (1851). Partiendo de la división provincial de 1833 se reforzaron el papel que desempeñaban los Gobernadores Civiles y Militares y el de las Diputaciones.
Otro objetivo importante fue la reforma de la Hacienda en 1845, que eliminó el viejo sistema fiscal y reformó los numerosos impuestos existentes en cuatro tributos esenciales (Alejandro Mon).
Los moderados consiguieron restablecer las relaciones con Roma, muy deterioradas desde el inicio de la Guerra Carlista y sobre todo a raíz de la desamortizaciones de Mendizábal. La firma del Concordato de 1851 por el gobierno de Bravo Murillo significó la normalización de las relaciones entre el Estado y la Iglesia Católica. El Concordato incluía la aceptación de las ventas de bienes desamortizados ya realizadas y el reconocimiento diplomático de la monarquía isabelina. Por su parte, el Estado restituía a la Iglesia el resto de sus bienes, establecía una dotación de culto y clero en el presupuesto y reservaba a los religiosos la supervisión de la educación y la vigilancia y censura en materia doctrinal, entre otras medidas.
En cuanto al desarrollo político de la Década, los primeros años estuvieron marcados por el papel que desempeñaron las «Camarillas», que aprovechándose de la inexperiencia de Isabel II, restaron poder a las Cortes. Uno de los mayores problemas en los primeros años fue el matrimonio de la Reina. En 1846, tras fracasar el intento de casar a Isabel II con el pretendiente carlista, se produce una insurrección en Cataluña. La falta de recursos y la incapacidad de extender la guerra llevó el intento al fracaso, fue la llamada «segunda guerra carlista» o «guerra dels matiners».
En 1848 se produce en España, como en toda Europa, una oleada revolucionaria. En el caso español se debieron más a la crisis económica que a motivaciones políticas, aunque progresistas, republicanos y carlistas estuvieran detrás.
La respuesta de Narváez fue suspender las garantías constitucionales y emprender una durísima represión, culminada con docenas de fusilamientos. El fracaso revolucionario provocó la división de los progresistas, una parte de los cuales creó en 1849 el Partido Demócrata. Sus principios son la defensa de los derechos individuales, del sufragio universal y de una apertura del sistema a las clases populares. La represión indiscriminada también motivó que oficiales del Ejército adoptasen ideas progresistas.
La crisis política del moderantismo se produce tras el intento por parte de Bravo Murillo, jefe de gobierno entre 1851-52, de reformar la Constitución. Su proyecto consistía en entregar todo el poder al Gobierno. Esta propuesta consiguió unir en su contra a todos los grupos del moderantismo, además de los escasos diputados progresistas, por lo que tuvo que dimitir. Desde entonces se sucedieron varios gobiernos, cada vez más ineficaces, que provocaron el descontento general. Progresistas y Demócratas unieron sus fuerzas para recurrir una vez más al pronunciamiento militar frente a un gobierno, el de Sartorius, que a fines de 1853 había disuelto las Cortes y gobernaba de forma dictatorial.
5. El Bienio Progresista (1854-1856)
El Bienio progresista comenzó con la «revolución de 1854», que no fue otra cosa que un golpe de Estado que triunfó gracias al respaldo popular, conseguido mediante una hábil propaganda. Entre los conspiradores destacan los generales O’Donnell y Serrano.
El Manifiesto de Manzanares de 1854 prometía cambios en la Ley electoral y la Ley de Imprenta, la reducción de los impuestos y la restauración de la Milicia Nacional.
Tras el golpe, Isabel II encargó formar gobierno al general Espartero, con O’Donnell como Ministro de la Guerra. En estos momentos aparece una nueva fuerza política, la Unión liberal. Compuesta por moderados aperturistas, convencidos de la necesidad de ampliar la base social del régimen, y progresistas cercanos al moderantismo. Es un partido de centro, O´Donnell es su líder, pero en la práctica actuaría como un partido conservador.
La coalición de unionistas y progresistas pasó a dominar las Cámaras. Demócratas y republicanos se mantuvieron en la oposición, su fuerza y su organización aún no eran lo suficientemente sólidas.
Los progresistas defendieron los intereses económicos de la burguesía urbana y de las clases medias: partidarios de reformas limitadas y alejados de los intereses populares, se encontraron con la oposición de los movimientos obreros y de los moderados. La Constitución de 1856 era fiel reflejo del pensamiento progresista de la época.
Sus principios básicos eran:
La defensa de la soberanía nacional.
Una declaración de derechos individuales detallada, con especial énfasis en la libertad de imprenta y en la libertad religiosa.
La limitación de los poderes de la Corona y del Gobierno, que pasarían a estar controlados por las Cortes.
Los Ayuntamientos y Diputaciones pasaban a ser electos.
Se restablecía la Milicia Nacional.
El Senado es elegido por sufragio, con un censo similar al de 1837. 
Aprobada en las Cortes en 1855, su puesta en vigor fue aplazándose por la conmoción política que vivía el país, y en 1856 el general O’Donnell decretó la anulación del proyecto y la confirmación de la Constitución de 1845, que no había llegado a ser derogada.
De entre todas las medidas adoptadas por los gobiernos progresistas destaca la Ley de Desamortización General de 1855 de Madoz. Declaraba la venta en subasta pública de toda clase de propiedades y bienes que permanecieran amortizados. Se trataba de completar el proceso iniciado por Mendizábal.
La segunda ley importante de los progresistas fue la Ley General de Ferrocarriles de 1855, cuyo objetivo era promover la construcción de la red ferroviaria. Las ventajas fiscales, las subvenciones y la protección del Gobierno permitieron impulsar la construcción acelerada de vías y estaciones, aunque este desarrollo no benefició a la industria española.
La Ley de Sociedades Bancarias y Crediticias de 1856 contribuyó a facilitar la inversión ferroviaria y permitió la aparición de un mercado financiero moderno, pero a la postre sería insufieciente.
Una de las claves del fracaso del Bienio fue el clima de conflictividad social. Las causas fueron múltiples:
La epidemia de cólera de 1854.
La imposibilidad de importar trigo del exterior por los precios tan elevados.
Las malas cosechas, que contribuían al descenso de la producción y el alza de los precios en el mercado.
Las tensiones entre obreros y patronos en las fábricas.
El incumplimiento por parte del Gobierno de las promesas hechas al inicio del periodo.
Los enfrentamientos callejeros fueron especialmente graves en Barcelona, donde el crecimiento fabril se había conseguido gracias a la mecanización del trabajo y los bajos salarios. La huelga general de 1855 en Barcelona motivó al Gobierno a presentar una Ley de Trabajo, pero ésta no satisfacía las demandas de los dirigentes obreros, por lo que fue rechazada por sus propios dirigentes, demócratas y republicanos.
En los primeros meses de 1856 se sucedieron violentos motines en el campo castellano y en las principales ciudades del país, con incendios de fincas y fábricas, reprimidos brutalmente por el Ejército y la Guardia Civil. Espartero perdió el apoyo de las Cortes, por lo que muchos diputados se pasaron a la Unión Liberal. La Reina aceptó la dimisión de Espartero (1856) y encargó formar gobierno al general O’Donnell. Los grupos radicales se opusieron y sacaron las Milicias a la calle. El intento de rebelión popular fue duramente reprimido por el ejército dirigido por Serrano, quien llegó a bombardear el Congreso de los Diputados. La rendición de los sublevados puso fin a la experiencia progresista.
6. El gobierno de la Unión Liberal (1856-1868)
La Unión Liberal era un partido conservador, convencido de la necesidad de mantener el orden y partidario de devolver el prestigio a las instituciones. Incluía a militares como O’Donnell y Serrano. Contó con el respaldo de la burguesía y de la mayor parte de los terratenientes, y con la oposición, fuera de las Cortes, de demócratas y republicanos.
Hasta 1863 ejerció el poder sin grandes problemas, pero con la crisis económica gobernó de una manera intransigente, ganándose la oposición de los miembros más progresistas de su propio partido.
Tras un breve periodo de gobierno de O’Donnell, que acabó con el proyecto constitucional de 1856, comenzó el primer gobierno del general Narváez, que se encargaría de suspender la desamortización de Madoz, todas las disposiciones de libertad de imprenta, y restableció el impuesto de consumos. Se volvía a una política claramente conservadora, apoyada únicamente por la Corona.
El Gobierno continuó con la política de obras públicas y construcciones ferroviarias para reactivar la economía. En 1857 se aprobó la Ley de Instrucción Pública, la llamada Ley Moyano, que estableció un sistema educativo conservador.
1856 y 1857 fueron de nuevo años de malas cosechas. En medio de la recesión agrícola, industrial y financiera, el gobierno reprimió duramente las protestas y prohibió las asociaciones obreras. Esta actitud represiva de Narváez acabaría con los escasos apoyos con los que contaba en las Cortes.
Una vez sofocadas las revueltas de 1858, la Reina encargó la formación de un nuevo gobierno a O’Donnell, comenzando así el llamado «gobierno largo de la Unión Liberal». O’Donnell era algo más abierto que Narváez en sus planteamientos, pero tan autoritario como él en la práctica.
El gobierno de la Unión Liberal carecía de una línea política clara. Todo su programa político consistía en mantener el orden y centralizar el poder. La ausencia de principios políticos explica la división de la Unión Liberal en 1863, al presentarse la crisis. Entre 1858 y 1863 el gobierno consiguió actuar con cierta estabilidad, gracias a la prosperidad económica de aquellos años.
La política exterior de la Unión Liberal
A lo largo del siglo XIX la continua inestabilidad de la política interior hizo que España careciera de una política exterior seria. El gobierno de la Unión Liberal emprendió entre 1858 y 1866 una activa y agresiva política exterior, cuyo objetivo esencial era desviar la atención de los españoles de los problemas internos y exaltar la conciencia patriótica, en pleno auge del nacionalismo en Europa.
La primera intervención fue la expedición hispano-francesa a Indochina (1858-1863). Fue un paseo militar, pero no aportó nada concreto a nuestro país, y sí a los franceses, que iniciaron así su control de la región.
La guerra contra Marruecos (1859-1860) tuvo como pretexto la destrucción en Melilla de establecimientos españoles, pero respondía realmente a un intento de expansión colonial en el Norte de África.
La tercera fue la intervención en la expedición a México de 1862 emprendida por tropas francesas, inglesas y españolas para castigar el impago de la deuda por parte del gobierno mejicano. Una vez desembarcadas las tropas, los franceses manifestaron su intención de derrocar a Juárez y poner en su lugar al archiduque Maximiliano, ante lo cual el general Prim decidió retirar sus tropas.
La crisis del régimen de la Unión Liberal y el Pacto de Ostende.
A finales de 1862 el gobierno de la Unión Liberal comienza a desgastarse. Progresistas y moderados dejan de apoyarles al excluirles del poder. Demócratas y republicanos comenzaban a reclamar desde la prensa y mediante la acción conspirativa un cambio de régimen, cuestionando a la propia Reina. Militares como Prim y políticos como Sagasta se alinearon abiertamente con la oposición al Sistema. En 1863 O’Donnell presentó su dimisión. Tras un periodo de transición, Narváez se hizo cargo del gobierno en 1864. La vuelta al conservadurismo supone el inicio del proceso que acabaría con la monarquía. En este proceso fue decisivo la crisis económica y el agravamiento consiguiente de la situación social y política. Los primeros síntomas de la crisis se manifiestan en 1864, cuando se paraliza la construcción del ferrocarril y la producción textil catalana desciende. La pérdida de poder adquisitivo por parte de la población motivó un descenso de la demanda, provocando el hundimiento del mercado interior, el descenso de la producción agraria e industrial, la crisis del transporte y del comercio. La crisis de la Bolsa de 1866 agravó aún más la situación por la falta de inversiones, colocando a la Banca en una situación de crisis.
Esta situación creó un clima de descontento político y social generalizado, ante la inoperancia del gobierno y la actitud cada vez más autoritaria de Narváez. En 1865 la Reina optó por llamar de nuevo a O’Donnell, para encargarle formar nuevo gobierno, sustituyendo así a un desacreditado Narváez.
En 1866 se produjo un intento de pronunciamiento por parte del general Prim. El golpe fracasó, pero Prim, líder indiscutible de los progresistas, consiguió huir para seguir conspirando desde su exilio en París. Otro intento de golpe militar fue el de «la sublevación de los sargentos del cuartel de San Gil», en junio de 1866. La rápida respuesta militar dirigida por O’Donnell y Serrano acabó con el intento de rebelión. A estos acontecimientos le siguieron una oleada de protestas por todo el país. La respuesta gubernamental, de nuevo bajo la jefatura de Narváez, fue una represión indiscriminada: mantuvo las Cortes suspendidas, cerró todos los periódicos críticos y persiguió no sólo a los sectores de la oposición, sino incluso a cualquier miembro de la Unión Liberal o moderado que cuestionara la actuación del gobierno.
En agosto de 1866 los progresistas, demócratas y republicanos firmaron el Pacto de Ostende. Acordaron acabar con Isabel II, a quien consideraban principal culpable de la situación, y convocar unas Cortes por sufragio universal. En 1867, tras la muerte de O’Donnell, miembros de la propia Unión Liberal, convencidos del fracaso del régimen isabelino, se sumaron al Pacto.
7. Conclusión
Durante el reinado de Isabel II se establece el Estado liberal en España, pero el carácter conservador del régimen isabelino, el descontento generalizado de la clase política y de los distintos grupos sociales ante la situación económica y política del país, autoritarismo de Narváez y O´Donnell, provocaron la caída del propio régimen tras la revolución de 1868, «la Gloriosa», dando paso a un nuevo periodo de la Historia de España, el Sexenio Revolucionario o Democrático.
A partir de ahora se experimentarán distintas formas de gobierno, fruto del desarrollo de los distintos partidos políticos que aparecieron durante el reinado de Isabel II. También serán importantes los movimientos anarquistas y marxistas en el futuro político y social del país durante estos años.