Revolución
Liberal en el reinado de Isabel II
Introducción
1. La Guerra Carlista (1833-1839).
2. El periodo de las Regencias: María Cristina y Espartero.
3. Características generales del régimen isabelino.
4. La Década Moderada (1844-1854)
5. El Bienio Progresista (1854-1856)
6. El periodo de la Unión Liberal y el final del régimen isabelino
(1856-1868).
7. Conclusión.
Introducción.
El reinado
de Isabel II se inicia cuando finaliza la Guerra Carlista (1833-1839) y agotado
el llamado periodo de las Regencias (María Cristina hasta 1840 y la del General
Espartero hasta 1843). Ante las continuas disputas entre liberales moderados y
progresistas, las Cortes deciden adelantar la mayoría de edad de Isabel II a
los 13 años. Se proclama como Reina en noviembre de 1843. Los liberales
moderados tomaron rápidamente posiciones en el entorno de la Reina, fácilmente
controlable por su juventud y su escasa formación política.
Con la
derrota del absolutismo se procede a construir un Estado liberal. La
problemática que se desarrollará a partir de este momento girará en torno al
tipo de Estado liberal que se desea: moderado o progresista.
Tras un
paréntesis progresista (1854-1856) se restablece el conservadurismo que caracterizó
el primer periodo del reinado de Isabel II. La segunda etapa conservadora se
diferencia de la primera por el hecho de que la reina ya ha madurado y adopta
sus propias decisiones. Se apoyará en el General Narváez y el General O´Donnell
sin contar con los partidos políticos, este factor unido a la crisis económica
dará lugar a la revolución de 1868, el final de su reinado.
1. La Guerra
Carlista (1833-1839).
Tras la
muerte de Fernando VII (septiembre de 1833) Don Carlos María Isidro proclama
desde Portugal sus derechos dinásticos. No acepta la Pragmática Sanción por la
que Fernando VII anuló la Ley Sálica, no permite a las mujeres reinar en
España. Será reconocido como Rey en Bilbao y Álava, apareciendo posteriormente
partidas carlistas por todo el país.
No fue una
simple guerra dinástica, en el bando carlista se alinearon los absolutistas más
intransigentes: parte de la nobleza, los miembros más conservadores de la
Administración y del Ejército, y la mayor parte del bajo clero que veía en Don
Carlos una garantía para evitar la pérdida de la influencia de la Iglesia.
También se les une importantes sectores del artesanado, que temían que los
cambios sociales y económicos que podían traer los gobiernos moderados o
liberales terminaran por hundir sus talleres frente a la gran industria.
En el
aspecto geográfico, el carlismo triunfó sobre todo en las zonas rurales, y
especialmente en el Norte, en el País Vasco, Cataluña y el Maestrazgo aragonés
y valenciano.
El bando
cristino o isabelino era mucho más variado. Se unieron en él los sectores
moderados y parcialmente reformistas del absolutismo, encabezados por el jefe
de gobierno, Cea Bermúdez, los liberales moderados y los progresistas que veían
en el apoyo a la regente la única posibilidad de transformar el país. Los
grupos sociales que respaldaban al gobierno incluían parte del Ejército, la
mayoría de los altos cargos de la Administración y las altas jerarquías de la
Iglesia. Además, el apoyo fue casi total en las ciudades, tanto por parte de la
burguesía de negocios como de los profesionales liberales. También apoyaban al
bando isabelino los obreros industriales y una parte del campesinado en el Sur
peninsular.
Mientras el
bando cristino contó desde el principio con el reconocimiento y el apoyo
diplomático y militar de Portugal, Inglaterra y Francia, los carlistas no
llegaron a conseguir un reconocimiento expreso, al carecer de una capital y de
un respaldo consistente por parte de las instituciones del país, aunque sí
contó con las simpatías de los imperios austriaco, prusiano y ruso.
La
superioridad en hombres y material de los isabelinos, sin embargo, no se
tradujo en la práctica: la guerra se prolongó entre otras causas por las
dificultades del gobierno de María Cristina para financiar la lucha, ante la
falta de recursos fiscales (relacionar con desamortizaciones Mendizábal).
Militarmente,
la guerra puede dividirse en tres fases:
Primera
fase. Los carlistas, bajo la dirección militar del general Zumalacárregui,
consiguieron derrotar repetidas veces a los ejércitos isabelinos, aprovechando
la táctica defensiva y su superior conocimiento del terreno. En junio de 1835,
durante el sitio de Bilbao murió Zumalacárregui, una gravísima pérdida para el
mando carlista.
Segunda
fase. Corresponde al periodo de 1835 a 1837 y coincide con el momento más
revolucionario y crítico en el bando isabelino. Los carlistas intentaron romper
su aislamiento mediante varias expediciones hacia el Sur, pero sin encontrar
respaldo entre la población. En el verano de 1837 tras el intento de tomar
Madrid, el ejército carlista, agotado, decidió retirarse hacia el Norte.
Tercera
fase. Comprende el periodo 1837-1839, y es una etapa de resistencia carlista.
La guerra terminó en agosto de 1839, con el llamado Abrazo de Vergara entre los
generales Espartero (Liberal) y Maroto (Carlista).
La victoria
de los isabelinos se debió sobre todo a su superioridad material, pese a las
penurias económicas, al poco apoyo popular a la causa carlista al sur del Ebro
y al nulo respaldo material y diplomático exterior que tuvo Don Carlos. Su
derrota y su exilio significaron el definitivo fin del absolutismo. La guerra
produjo un descalabro humano y económico enorme, que contribuyó a retrasar aún
más el desarrollo del país.
2. El
periodo de las Regencias.
La regencia
de María Cristina se inicia en 1833. El jefe de gobierno, Cea Bermúdez, dejó
más o menos claro que realizaría pocas reformas. Excluyó a los reformistas del
Gobierno en plena Guerra Civil y será entonces cuando los capitanes generales
de Cataluña y de Castilla presionan a la reina gobernadora para sustituir a Cea
Bermúdez. María Cristina sustituyó a Cea por Martínez de la Rosa, el antiguo
jefe de gobierno moderado del Trienio Constitucional (1820-1823), que había
regresado del exilio.
El régimen
inicia una tímida evolución hacia la apertura política, pero sin realizar las
reformas necesarias para sanear la Hacienda, relanzar la actividad económica,
democratizar el régimen y ganar la guerra.
El cambio
más importante fue la aprobación del Estatuto Real en 1834 que sustituye a la Constitución de 1812, excluyendo cualquier
mención a la soberanía nacional. Se establecían unas Cortes bicamerales. El
Senado con cargos designados por la Corona, lo que la convertía en una cámara
muy conservadora, con el fin de limitar las reformas que pudieran plantearse.
El Congreso, cámara electiva, pero con un sufragio censitario muy restrictivo e
indirecto.
Los
gobiernos moderados se ciñeron al Estatuto Real, evitaron los cambios en el
sistema fiscal, lo que dejó al ejército sin recursos para la guerra. En las
grandes ciudades la tensión fue en aumento. En el verano de 1834 el cólera se
propagó por varias ciudades. Los disturbios continuaron en 1835, por lo que la
Regente se vio obligada a aceptar la candidatura de Mendizábal (progresista)
como jefe del gobierno.
El gobierno
de Mendizábal
Con la
llegada de Mendizábal, un financiero progresista de prestigio y que contaba con
el apoyo de sectores influyentes en las Bolsas europeas, se inició propiamente
la revolución liberal. En los pocos meses que estuvo al frente del gobierno emprendió
reformas fundamentales, para lo cual asumió personalmente las carteras de
Estado, Guerra, Marina y Hacienda. Su programa incluía la reforma de la Ley
Electoral de 1834 para ampliar el derecho al voto y establecer la elección
directa, la reforma a fondo de la Hacienda y la recuperación del crédito
público para ganar la guerra (desamortizaciones de Mendizábal).
Mendizábal
quiso gobernar con el apoyo de las Cortes. Al principio tuvo el respaldo
mayoritario de los procuradores, pero poco a poco el Gobierno perdió el apoyo
de las Cortes (1836 rechazo de su proyecto de reforma electoral). Mendizábal
consiguió que la Regente disolviera las Cortes y se convocaran nuevas
elecciones. Aunque la nueva cámara era de mayoría progresista, las tensiones
fueron en aumento y María Cristina volvió la espalda a Mendizábal, quien se vio
obligado a dimitir.
La división
entre moderados y progresistas se hizo entonces definitiva. Se extendieron las
protestas en la mayoría de las capitales al entender que la Regente quería acabar
con las reformas. Con un país al borde de la revolución, con los carlistas
recorriendo la Península, y con un gobierno sin apoyos, se produce el
pronunciamiento de la Guardia Real en favor de la Constitución de 1812,
exigiendo el cambio de gobierno a la Regente, que se vio obligada a acceder.
La
revolución liberal y la Constitución de 1837.
Tras el
Motín de los Sargentos de La Granja, María Cristina encargó formar gobierno a
los progresistas. Se convocaron nuevas elecciones según el modelo unicameral de
Cádiz, y las Cortes se abrieron bajo la presión en la calle del pueblo y del
Ejército.
El gobierno
progresista emprendió un amplio programa de reformas con unos objetivos
básicos: la instauración de un régimen liberal,
el impulso de la acción militar para ganar la guerra y la elaboración de
una nueva Constitución. Se restableció la legislación de Cádiz, pero era
evidente para todos que la Constitución de 1812, ya anticuada, no serviría para
implantar el sistema liberal que se quería. Por tanto, las Cortes iniciaron
rápidamente el debate y aprobación de una nueva constitución que actualizara la
de Cádiz y sirviera en el futuro igualmente para gobiernos moderados y
progresistas.
La
Constitución de 1837, pese a su tendencia progresista, tenía importantes
concesiones a los moderados. Reconocía la soberanía nacional y realizaba una
detallada declaración de derechos individuales, pero reforzaba el poder
ejecutivo, atribuido a la Corona, y otorgaba conjuntamente el legislativo a las
Cortes con el Rey. Este tenía el derecho de convocar, suspender o disolver las
Cortes, y podía ejercer el veto sobre las leyes aprobadas por ellas. Se
establecían dos cámaras. El Rey nombraría a sus ministros, pero éstos podrían
ser objeto de censura por las Cortes, lo que obligaba a la Corona a inclinarse
por la mayoría parlamentaria.
En octubre
de 1837 los moderados ganaron las elecciones, debido al escándalo por las
negociaciones secretas llevadas a cabo por los progresistas con los carlistas
durante el asedio de Madrid. En los siguientes tres años se sucedieron
gobiernos moderados que abandonaron la política reformista: la desamortización
se ralentizó, se evitó el desarrollo de las leyes sobre derechos individuales,
se sustituyó a los principales militares progresistas y se intentó cambiar la
ley electoral para disminuir el censo.
Con el final
de la Guerra desapareció la última razón de consenso entre ambos partidos. El
conflicto entre moderados y progresistas se radicalizó con la pretensión del
gobierno moderado, apoyado por María Cristina, de modificar la Ley de
Ayuntamientos para permitir la elección de alcaldes por la Corona y establecer
un sufragio restringido.
Los
progresistas promovieron una oleada de protestas en todo el país durante 1840,
y una vez que la Regente firmó el polémico Decreto de Ayuntamientos, el
resultado fue la insurrección de la Milicia Nacional y del Ayuntamiento de
Madrid el 1 de septiembre, levantamiento que pronto se extendió por todo el
país. María Cristina presentó su renuncia como Regente el 12 de octubre de
1840, marchando después al exilio.
La regencia
de Espartero y la posterior reacción moderada (1840-1844)
Espartero
asumió la regencia en 1841 y en 1843 tuvo que dimitir. Una de las razones de su
fracaso está en la propia división del partido progresista entre los más
radicales y el resto del partido. Una segunda causa del fracaso fue su política
económica: el gobierno amplió la desamortización en beneficio de los propietarios,
lo que le alejó del apoyo popular, e intentó llevar al país hacia el libre
comercio (posición hacia la que presionaba el gobierno inglés), con lo que se
enfrentó a los industriales textiles y a los trabajadores.
El
personalismo de Espartero y su talante militarista fueron otros factores de su
fracaso. A finales de 1842 bombardeó la ciudad de Barcelona, tras una
sublevación provocada por las medidas librecambistas. Barcelona se rindió, y la
dura represión que siguió empujó a todos los sectores sociales de Cataluña a la
oposición al regente. El General fue criticado en las Cortes por todos los
grupos, y su imagen quedó seriamente dañada ante la opinión pública.
En 1843,
tras unas nuevas elecciones, que dejaron a Espartero sin apoyos, se formó una
auténtica coalición antiesparterista. La insurrección generalizada en el verano
de 1843 contra el General fue dirigida por miembros del partido progresista en
defensa de la Constitución y frente a lo que se consideraba la tiranía de
Espartero, pero triunfó por el apoyo moderado, cuando el ejército, dirigido por
el General Narváez, se pasó a los insurrectos. Espartero, aislado, decidió
abandonar el país.
Ante la
falta de alternativas, los diputados y senadores votaron el adelantamiento de
la mayoría de edad de Isabel II, que fue proclamada Reina en noviembre de 1843.
Ya por entonces los dirigentes moderados, habían tomado posiciones en el
entorno de la Reina, fácilmente controlable a causa de su juventud y escasa
formación política.
La
inestabilidad política y social existente en 1844 hizo que la Reina «nombrara»
presidente del gobierno al General Narváez, líder indiscutible del partido
moderado.
3.
Características generales del régimen isabelino.
Establecimiento
de un régimen liberal de tendencia conservadora. El sufragio restringido
reservaba la participación política a una oligarquía formada por: propietarios,
miembros de la aristocracia, burguesía, altos mandos del ejército... El
carácter conservador del régimen se reflejó en la Constitución de 1845.
Régimen de
gobiernos autoritarios, defensores del orden y de una monarquía fuerte, con un
sistema bicameral que limitaba las reformas y que restringía las libertades
individuales y colectivas.
Una
constante del reinado fue la presencia permanente de militares entre los gobernantes
del país: Narváez, Espartero, O’Donnell, etc. Su participación se debe a
diversas causas: estaban mitificados tras medio siglo en guerra, la presencia
de un militar al frente del ejecutivo garantizaba un gobierno fuerte y el
mantenimiento del orden. Los militares participaron a título individual, como
líderes de los partidos.
La presencia
en la vida parlamentaria de partidos burgueses: hasta 1854 los moderados y los
progresistas, y a partir de entonces la Unión Liberal (grupo de centro) y el
partido Demócrata (Progresista radical). Al margen de la vida parlamentaria
quedaban los republicanos (ilegales). Pero, en la práctica, sólo los moderados
y progresistas contaban para ocupar el poder.
El apoyo
incondicional de la Reina a los conservadores y su escasa capacidad para
conectar con el pueblo provocó la caída de la monarquía en 1868. Los campesinos
perdieron las tierras y pasaron a convertirse en jornaleros y arrendatarios
empobrecidos. Los obreros trabajaban y vivían en condiciones infrahumanas. El gobierno
conservador no hizo nada para solucionar el problema, sólo se dedicó a reprimir
violentamente las protestas y las huelgas, prohibiendo las asociaciones y
ejecutando a sus dirigentes.
En los años finales del reinado las ideas
socialistas (anarquismo y marxismo) penetraron en España y configuraron el
movimiento obrero.
4. La Década
Moderada (1844-1854)
La
Constitución de 1845, en teoría una reforma de la de 1837, es en realidad un
texto nuevo con un carácter conservador, que beneficiaba al partido moderado y
a la oligarquía gobernante. La Ley Electoral de 1846 establecía unas rentas
mínimas para poder votar que limitaron el sufragio a solo el 1,2% de la
población española.
Sus
contenidos básicos son los siguientes:
Se establece
el principio de soberanía compartida: el poder legislativo reside en las Cortes
con el Rey. El poder ejecutivo reside en el Rey con las Cortes.
Ampliación
de los poderes del Rey, eliminando los límites establecidos en la Constitución
de 1837. La Corona podía disolver el Congreso, con la obligación de volver a
convocarlo en el plazo de tres meses.
El Estado se
constituye como una monarquía constitucional de carácter conservador.
Cortes
bicamerales (igual que en 1837): Congreso y Senado (frena reformas
progresistas).
Sufragio
censitario muy restringido para la elección de los miembros del Congreso.
Los miembros
del Senado son designados por la Corona, aumentando así el poder del Rey. Son
elegidos entre los miembros de la alta nobleza, la Iglesia, el Ejército, la
Administración y aquellos que poseían grandes fortunas. Son cargos vitalicios.
El Senado,
además de servir de freno a posibles reformas radicales del Congreso, asume
funciones judiciales, actuando en única instancia para juzgar a los ministros y
a los propios senadores.
Ayuntamientos
y Diputaciones estarán sometidos a la Administración central, con alcaldes y
presidentes elegidos por el Rey.
Se establece
una declaración de libertades y derechos restringidos.
La
exclusividad de la religión católica, con el compromiso del Estado de mantener
el culto y clero.
La supresión
de la Milicia Nacional.
Durante este
periodo se desarrolló una legislación claramente conservadora. Ya en 1844, se
suspendieron las ventas de bienes desamortizados y se devolvieron a la Iglesia
los no vendidos. La Ley de Imprenta de 1844 restringió la libertad de publicar
y estableció la censura. En el mismo año se fundó la Guardia Civil, una vez
suprimida la Milicia Nacional.
Una de las
tareas en que más empeño pusieron los gobiernos moderados fue la de la
centralización del poder, reorganización de la Administración y establecimiento
de un Código Penal unificado (1851). Partiendo de la división provincial de
1833 se reforzaron el papel que desempeñaban los Gobernadores Civiles y
Militares y el de las Diputaciones.
Otro
objetivo importante fue la reforma de la Hacienda en 1845, que eliminó el viejo
sistema fiscal y reformó los numerosos impuestos existentes en cuatro tributos
esenciales (Alejandro Mon).
Los
moderados consiguieron restablecer las relaciones con Roma, muy deterioradas
desde el inicio de la Guerra Carlista y sobre todo a raíz de la
desamortizaciones de Mendizábal. La firma del Concordato de 1851 por el
gobierno de Bravo Murillo significó la normalización de las relaciones entre el
Estado y la Iglesia Católica. El Concordato incluía la aceptación de las ventas
de bienes desamortizados ya realizadas y el reconocimiento diplomático de la
monarquía isabelina. Por su parte, el Estado restituía a la Iglesia el resto de
sus bienes, establecía una dotación de culto y clero en el presupuesto y
reservaba a los religiosos la supervisión de la educación y la vigilancia y
censura en materia doctrinal, entre otras medidas.
En cuanto al
desarrollo político de la Década, los primeros años estuvieron marcados por el
papel que desempeñaron las «Camarillas», que aprovechándose de la inexperiencia
de Isabel II, restaron poder a las Cortes. Uno de los mayores problemas en los
primeros años fue el matrimonio de la Reina. En 1846, tras fracasar el intento
de casar a Isabel II con el pretendiente carlista, se produce una insurrección
en Cataluña. La falta de recursos y la incapacidad de extender la guerra llevó
el intento al fracaso, fue la llamada «segunda guerra carlista» o «guerra dels
matiners».
En 1848 se
produce en España, como en toda Europa, una oleada revolucionaria. En el caso
español se debieron más a la crisis económica que a motivaciones políticas,
aunque progresistas, republicanos y carlistas estuvieran detrás.
La respuesta
de Narváez fue suspender las garantías constitucionales y emprender una
durísima represión, culminada con docenas de fusilamientos. El fracaso
revolucionario provocó la división de los progresistas, una parte de los cuales
creó en 1849 el Partido Demócrata. Sus principios son la defensa de los
derechos individuales, del sufragio universal y de una apertura del sistema a
las clases populares. La represión indiscriminada también motivó que oficiales
del Ejército adoptasen ideas progresistas.
La crisis
política del moderantismo se produce tras el intento por parte de Bravo
Murillo, jefe de gobierno entre 1851-52, de reformar la Constitución. Su
proyecto consistía en entregar todo el poder al Gobierno. Esta propuesta
consiguió unir en su contra a todos los grupos del moderantismo, además de los
escasos diputados progresistas, por lo que tuvo que dimitir. Desde entonces se
sucedieron varios gobiernos, cada vez más ineficaces, que provocaron el
descontento general. Progresistas y Demócratas unieron sus fuerzas para
recurrir una vez más al pronunciamiento militar frente a un gobierno, el de
Sartorius, que a fines de 1853 había disuelto las Cortes y gobernaba de forma
dictatorial.
5. El Bienio
Progresista (1854-1856)
El Bienio
progresista comenzó con la «revolución de 1854», que no fue otra cosa que un
golpe de Estado que triunfó gracias al respaldo popular, conseguido mediante
una hábil propaganda. Entre los conspiradores destacan los generales O’Donnell
y Serrano.
El
Manifiesto de Manzanares de 1854 prometía cambios en la Ley electoral y la Ley
de Imprenta, la reducción de los impuestos y la restauración de la Milicia
Nacional.
Tras el
golpe, Isabel II encargó formar gobierno al general Espartero, con O’Donnell
como Ministro de la Guerra. En estos momentos aparece una nueva fuerza
política, la Unión liberal. Compuesta por moderados aperturistas, convencidos
de la necesidad de ampliar la base social del régimen, y progresistas cercanos
al moderantismo. Es un partido de centro, O´Donnell es su líder, pero en la
práctica actuaría como un partido conservador.
La coalición
de unionistas y progresistas pasó a dominar las Cámaras. Demócratas y
republicanos se mantuvieron en la oposición, su fuerza y su organización aún no
eran lo suficientemente sólidas.
Los
progresistas defendieron los intereses económicos de la burguesía urbana y de
las clases medias: partidarios de reformas limitadas y alejados de los
intereses populares, se encontraron con la oposición de los movimientos obreros
y de los moderados. La Constitución de 1856 era fiel reflejo del pensamiento
progresista de la época.
Sus
principios básicos eran:
La defensa
de la soberanía nacional.
Una
declaración de derechos individuales detallada, con especial énfasis en la
libertad de imprenta y en la libertad religiosa.
La
limitación de los poderes de la Corona y del Gobierno, que pasarían a estar
controlados por las Cortes.
Los Ayuntamientos
y Diputaciones pasaban a ser electos.
Se
restablecía la Milicia Nacional.
El Senado es
elegido por sufragio, con un censo similar al de 1837.
Aprobada en
las Cortes en 1855, su puesta en vigor fue aplazándose por la conmoción
política que vivía el país, y en 1856 el general O’Donnell decretó la anulación
del proyecto y la confirmación de la Constitución de 1845, que no había llegado
a ser derogada.
De entre
todas las medidas adoptadas por los gobiernos progresistas destaca la Ley de
Desamortización General de 1855 de Madoz. Declaraba la venta en subasta pública
de toda clase de propiedades y bienes que permanecieran amortizados. Se trataba
de completar el proceso iniciado por Mendizábal.
La segunda
ley importante de los progresistas fue la Ley General de Ferrocarriles de 1855,
cuyo objetivo era promover la construcción de la red ferroviaria. Las ventajas
fiscales, las subvenciones y la protección del Gobierno permitieron impulsar la
construcción acelerada de vías y estaciones, aunque este desarrollo no
benefició a la industria española.
La Ley de
Sociedades Bancarias y Crediticias de 1856 contribuyó a facilitar la inversión
ferroviaria y permitió la aparición de un mercado financiero moderno, pero a la
postre sería insufieciente.
Una de las
claves del fracaso del Bienio fue el clima de conflictividad social. Las causas
fueron múltiples:
La epidemia
de cólera de 1854.
La
imposibilidad de importar trigo del exterior por los precios tan elevados.
Las malas
cosechas, que contribuían al descenso de la producción y el alza de los precios
en el mercado.
Las
tensiones entre obreros y patronos en las fábricas.
El
incumplimiento por parte del Gobierno de las promesas hechas al inicio del
periodo.
Los enfrentamientos
callejeros fueron especialmente graves en Barcelona, donde el crecimiento
fabril se había conseguido gracias a la mecanización del trabajo y los bajos
salarios. La huelga general de 1855 en Barcelona motivó al Gobierno a presentar
una Ley de Trabajo, pero ésta no satisfacía las demandas de los dirigentes
obreros, por lo que fue rechazada por sus propios dirigentes, demócratas y
republicanos.
En los
primeros meses de 1856 se sucedieron violentos motines en el campo castellano y
en las principales ciudades del país, con incendios de fincas y fábricas,
reprimidos brutalmente por el Ejército y la Guardia Civil. Espartero perdió el
apoyo de las Cortes, por lo que muchos diputados se pasaron a la Unión Liberal.
La Reina aceptó la dimisión de Espartero (1856) y encargó formar gobierno al
general O’Donnell. Los grupos radicales se opusieron y sacaron las Milicias a
la calle. El intento de rebelión popular fue duramente reprimido por el
ejército dirigido por Serrano, quien llegó a bombardear el Congreso de los
Diputados. La rendición de los sublevados puso fin a la experiencia
progresista.
6. El
gobierno de la Unión Liberal (1856-1868)
La Unión
Liberal era un partido conservador, convencido de la necesidad de mantener el
orden y partidario de devolver el prestigio a las instituciones. Incluía a
militares como O’Donnell y Serrano. Contó con el respaldo de la burguesía y de
la mayor parte de los terratenientes, y con la oposición, fuera de las Cortes,
de demócratas y republicanos.
Hasta 1863
ejerció el poder sin grandes problemas, pero con la crisis económica gobernó de
una manera intransigente, ganándose la oposición de los miembros más
progresistas de su propio partido.
Tras un
breve periodo de gobierno de O’Donnell, que acabó con el proyecto
constitucional de 1856, comenzó el primer gobierno del general Narváez, que se
encargaría de suspender la desamortización de Madoz, todas las disposiciones de
libertad de imprenta, y restableció el impuesto de consumos. Se volvía a una
política claramente conservadora, apoyada únicamente por la Corona.
El Gobierno
continuó con la política de obras públicas y construcciones ferroviarias para
reactivar la economía. En 1857 se aprobó la Ley de Instrucción Pública, la
llamada Ley Moyano, que estableció un sistema educativo conservador.
1856 y 1857
fueron de nuevo años de malas cosechas. En medio de la recesión agrícola,
industrial y financiera, el gobierno reprimió duramente las protestas y
prohibió las asociaciones obreras. Esta actitud represiva de Narváez acabaría
con los escasos apoyos con los que contaba en las Cortes.
Una vez
sofocadas las revueltas de 1858, la Reina encargó la formación de un nuevo
gobierno a O’Donnell, comenzando así el llamado «gobierno largo de la Unión
Liberal». O’Donnell era algo más abierto que Narváez en sus planteamientos,
pero tan autoritario como él en la práctica.
El gobierno
de la Unión Liberal carecía de una línea política clara. Todo su programa
político consistía en mantener el orden y centralizar el poder. La ausencia de
principios políticos explica la división de la Unión Liberal en 1863, al
presentarse la crisis. Entre 1858 y 1863 el gobierno consiguió actuar con
cierta estabilidad, gracias a la prosperidad económica de aquellos años.
La política
exterior de la Unión Liberal
A lo largo
del siglo XIX la continua inestabilidad de la política interior hizo que España
careciera de una política exterior seria. El gobierno de la Unión Liberal
emprendió entre 1858 y 1866 una activa y agresiva política exterior, cuyo
objetivo esencial era desviar la atención de los españoles de los problemas
internos y exaltar la conciencia patriótica, en pleno auge del nacionalismo en
Europa.
La primera
intervención fue la expedición hispano-francesa a Indochina (1858-1863). Fue un
paseo militar, pero no aportó nada concreto a nuestro país, y sí a los
franceses, que iniciaron así su control de la región.
La guerra
contra Marruecos (1859-1860) tuvo como pretexto la destrucción en Melilla de
establecimientos españoles, pero respondía realmente a un intento de expansión
colonial en el Norte de África.
La tercera
fue la intervención en la expedición a México de 1862 emprendida por tropas
francesas, inglesas y españolas para castigar el impago de la deuda por parte
del gobierno mejicano. Una vez desembarcadas las tropas, los franceses
manifestaron su intención de derrocar a Juárez y poner en su lugar al
archiduque Maximiliano, ante lo cual el general Prim decidió retirar sus
tropas.
La crisis
del régimen de la Unión Liberal y el Pacto de Ostende.
A finales de
1862 el gobierno de la Unión Liberal comienza a desgastarse. Progresistas y
moderados dejan de apoyarles al excluirles del poder. Demócratas y republicanos
comenzaban a reclamar desde la prensa y mediante la acción conspirativa un
cambio de régimen, cuestionando a la propia Reina. Militares como Prim y
políticos como Sagasta se alinearon abiertamente con la oposición al Sistema.
En 1863 O’Donnell presentó su dimisión. Tras un periodo de transición, Narváez
se hizo cargo del gobierno en 1864. La vuelta al conservadurismo supone el
inicio del proceso que acabaría con la monarquía. En este proceso fue decisivo
la crisis económica y el agravamiento consiguiente de la situación social y
política. Los primeros síntomas de la crisis se manifiestan en 1864, cuando se
paraliza la construcción del ferrocarril y la producción textil catalana
desciende. La pérdida de poder adquisitivo por parte de la población motivó un
descenso de la demanda, provocando el hundimiento del mercado interior, el
descenso de la producción agraria e industrial, la crisis del transporte y del
comercio. La crisis de la Bolsa de 1866 agravó aún más la situación por la
falta de inversiones, colocando a la Banca en una situación de crisis.
Esta
situación creó un clima de descontento político y social generalizado, ante la
inoperancia del gobierno y la actitud cada vez más autoritaria de Narváez. En
1865 la Reina optó por llamar de nuevo a O’Donnell, para encargarle formar
nuevo gobierno, sustituyendo así a un desacreditado Narváez.
En 1866 se
produjo un intento de pronunciamiento por parte del general Prim. El golpe
fracasó, pero Prim, líder indiscutible de los progresistas, consiguió huir para
seguir conspirando desde su exilio en París. Otro intento de golpe militar fue
el de «la sublevación de los sargentos del cuartel de San Gil», en junio de
1866. La rápida respuesta militar dirigida por O’Donnell y Serrano acabó con el
intento de rebelión. A estos acontecimientos le siguieron una oleada de
protestas por todo el país. La respuesta gubernamental, de nuevo bajo la
jefatura de Narváez, fue una represión indiscriminada: mantuvo las Cortes
suspendidas, cerró todos los periódicos críticos y persiguió no sólo a los
sectores de la oposición, sino incluso a cualquier miembro de la Unión Liberal
o moderado que cuestionara la actuación del gobierno.
En agosto de
1866 los progresistas, demócratas y republicanos firmaron el Pacto de Ostende.
Acordaron acabar con Isabel II, a quien consideraban principal culpable de la
situación, y convocar unas Cortes por sufragio universal. En 1867, tras la
muerte de O’Donnell, miembros de la propia Unión Liberal, convencidos del
fracaso del régimen isabelino, se sumaron al Pacto.
7.
Conclusión
Durante el
reinado de Isabel II se establece el Estado liberal en España, pero el carácter
conservador del régimen isabelino, el descontento generalizado de la clase
política y de los distintos grupos sociales ante la situación económica y
política del país, autoritarismo de Narváez y O´Donnell, provocaron la caída
del propio régimen tras la revolución de 1868, «la Gloriosa», dando paso a un
nuevo periodo de la Historia de España, el Sexenio Revolucionario o
Democrático.
A partir de
ahora se experimentarán distintas formas de gobierno, fruto del desarrollo de
los distintos partidos políticos que aparecieron durante el reinado de Isabel
II. También serán importantes los movimientos anarquistas y marxistas en el
futuro político y social del país durante estos años.