El movimiento obrero durante el Sexenio
Si la gravedad de la crisis
industrial y agraria de los años 1864-1868 había propiciado el éxito de la
revolución, los años siguientes se caracterizaron por una lenta recuperación
económica. La tendencia a la baja de los precios internacionales coincidió con
el despegue de algunos sectores. Las innovaciones técnicas hicieron rentable la
exportación del hierro vizcaíno y asturiano, lo que impulsó la minería.
También en esta etapa se inicia el crecimiento de la siderurgia vasca, cuya
producción era más competitiva que la del hierro andaluz.
Comienza también por entonces el auge de la exportación de vinos, derivado de
los inicios de la plaga de la filoxera en Francia. Y se produce igualmente una
recuperación lenta de la industria textil catalana. Los efectos del arancel
librecambista de Figuerola comenzaron a apreciarse en el comercio español a
partir de 1872, a pesar de la existencia en el Norte de la guerra carlista y
de los efectos perjudiciales de la insurrección cubana. Por lo demás, los
salarios no parecen haber experimentado una variación significativa
respecto a los de la década de 1860.
Esta evolución positiva, a
partir de 1869, viene a demostrar que las causas de las tensiones sociales que
se desencadenaron durante el Sexenio no hay que buscarlas en un empeoramiento
de las condiciones de vida de los trabajadores, que no se produjo. La
revolución desató las esperanzas de obreros y campesinos que creyeron que se iniciaría un proceso de conquistas sociales. La detención del proceso revolucionario, el mantenimiento
de las quintas y la simple
sustitución de los consumos, y más
tarde el triunfo de la opción monárquica al aprobarse la Constitución de 1869,
trajeron dos consecuencias: la separación definitiva del movimiento obrero,
respecto de los partidos demócrata y republicano, y la rápida implantación en
España de la Asociación Internacional de
Trabajadores (AIT).
En octubre de 1868 llegó a
España Giuseppe Fanelli, un miembro de la AIT enviado por Bakunin con el objetivo de organizar la
sección española de la Internacional. Fanelli estableció dos secciones, una en Madrid y otra en Barcelona. El Centro Federal de
Sociedades Obreras de Barcelona, que agrupaba ya más de 30 sociedades
formaba el grupo más sólido del país. Su secretario general, Rafael Farga
Pellicer, asistió al Congreso de la Internacional
en Basilea, donde contactó con Bakunin. Mientras, aparecieron nuevos diarios obreros, entre los que
destacaron La Federación de Barcelona
y La Solidaridad de Madrid. Al mismo
tiempo, las huelgas y protestas se extendían por todo el país, con especial
virulencia entre los jornaleros andaluces. Muchos de sus líderes comenzaban a desmarcarse del movimiento republicano, que consideraban
burgués.
En junio de 1870 se celebró
en Barcelona el primer Congreso de la Sección española de la Internacional,
al que asistieron unos 90 delegados en representación de unos 30.000
afiliados. El Congreso reguló la organización de secciones y federaciones de
oficios, y fijó objetivos sindicales. También estableció un Consejo Federal
en Madrid, y la mayoría catalana impuso la orientación anarquista, de no
colaboración ni alianza con las fuerzas políticas burguesas.
En la primavera de 1871, ya
bajo el reinado de Amadeo de Saboya, y cuando los trabajadores españoles
preparaban su segundo Congreso, después de un invierno de continuas huelgas y
conflictos sociales, sobrevino la insurrección de la Comuna de Paris. El impacto que la revolución causó en las clases
medias y en los grupos dirigentes europeos fue enorme, y en España se tradujo
en una serie de medidas represivas contra la AIT Se prohibieron las reuniones y
las huelgas, se cerró La Federación y La Solidaridad, y fueron detenidos varios líderes de la Sección
española, mientras el Consejo Federal se instalaba en Lisboa. En difíciles
condiciones se celebró la Conferencia de Valencia, en la que apenas un puñado
de delegados ratificó una línea claramente inclinada hacia el anarquismo.
La política represiva del
gobierno de Sagasta continuó con la presentación de una proposición para
ilegalizar la AIT en octubre. El largo debate en las Cortes reflejó
perfectamente los diferentes puntos de vista de los grupos dirigentes (Sagasta y Cánovas) y los representantes de la izquierda que defendieron la organización (Pi y
Margall y Castelar). En noviembre,
finalmente, las Cortes declararon ilegal a la AIT. No obstante, la impugnación de la fiscalía ante el Tribunal
Supremo, por considerar que la norma no
era constitucional, impidió su aplicación inmediata.
En el Congreso de Zaragoza,
celebrado en abril de 1872, se
impusieron una vez más las tesis anarquistas defendidas por los delegados
catalanes, aragoneses y valencianos.
Por otra parte, en
diciembre de 1871 había llegado a la capital el dirigente de la Internacional Paul Lafargue, partidario
de Marx. Entró en contacto con el núcleo madrileño, cuyos principales miembros (Pablo Iglesias) aceptaron sus
tesis. Tras el Congreso de Zaragoza, en junio, los líderes marxistas
madrileños fueron expulsados, y un mes más tarde fundaron la Nueva Federación Madrileña, que pronto
se convirtió en la sección española del ala marxista de la AlT, con La Emancipación como órgano de prensa.
Al comenzar 1873 la Internacional española contaba con más
de 25.000 afiliados, un tercio de los cuales pertenecían a las federaciones
catalanas. Estaba claramente implantada entre los obreros textiles,
construcción y las artes gráficas, con varios miles de afiliados. Menos
importantes eran las federaciones campesinas (salvo en Andalucía) de
ferroviarios y de mineros. Entre los dirigentes, había una mezcla considerable
entre hombres de procedencia obrera e intelectuales de clase media, estos
últimos de ideología más radical y próxima al anarquismo.
La proclamación de la
República provocó una oleada de manifestaciones y huelgas que forzaron a unos
empresarios atemorizados a hacer concesiones importantes en horarios laborales
y salarios. Una vez más, Barcelona actuó como punta de lanza del movimiento reivindicativo.
En Andalucía las movilizaciones se tradujeron en ocupaciones de tierras y en
asaltos indiscriminados, aunque en la mayor parte de los casos los jornaleros
actuaron al margen de las consignas de la AIT. Pero los sucesos más graves se
produjeron a partir del 7 de julio en Alcoy, donde los obreros hicieron una
huelga general en reivindicación de menor duración de jornada y subidas salariales. El alcalde y la Guardia
Civil se enfrentaron a los huelguistas que sitiaron la casa consistorial. También en Barcelona se produjo
una huelga general el 14 de julio.
Simultáneamente, estalló la
sublevación cantonal, un movimiento de los
republicanos federales radicales, que no contó con el respaldo de los
dirigentes de la AIT. Sin embargo, muchos obreros internacionalistas
participaron activamente en la insurrección (Sevilla, Málaga, Valencia y Sanlúcar de Barrameda). Esa
participación fue utilizada por los sectores conservadores para presentar la
insurrección cantonal como un movimiento revolucionario, e incluir a la AIT en la subsiguiente represión. Tras haber sofocado la insurrección, el gobierno
de Serrano decretó, el 10 de enero de 1874, la disolución de la Internacional.
Para entonces, la mayoría de los dirigentes, tanto de la AIT como de la Nueva Federación socialista madrileña,
había pasado a la clandestinidad.
En conjunto, el Sexenio significó una etapa de clara toma de conciencia política y organizativa para el movimiento obrero español, a través de su adscripción a la Internacional, así como el momento de asimilación de las principales corrientes ideológicas que existían en el mundo obrero europeo. Específicamente, trajo consigo la introducción del anarquismo y del marxismo, y el principio de su implantación en determinadas regiones españolas: Cataluña, Aragón, Levante y Andalucía, en el caso del primero, mayoritario, y Madrid, Valencia y Sevilla, en el caso de la corriente socialista.
En conjunto, el Sexenio significó una etapa de clara toma de conciencia política y organizativa para el movimiento obrero español, a través de su adscripción a la Internacional, así como el momento de asimilación de las principales corrientes ideológicas que existían en el mundo obrero europeo. Específicamente, trajo consigo la introducción del anarquismo y del marxismo, y el principio de su implantación en determinadas regiones españolas: Cataluña, Aragón, Levante y Andalucía, en el caso del primero, mayoritario, y Madrid, Valencia y Sevilla, en el caso de la corriente socialista.
