Proceso de
desamortización y cambios agrarios.
Introducción.
1. Antecedentes
históricos.
2. Las
desamortizaciones de Mendizábal.
3. La
Desamortización de Madoz.
4. Cambios agrarios.
5. Valoración y
consecuencias.
6. Conclusión.
Introducción
Las
medidas desamortizadoras constituyen un fenómeno que hay que considerar en
bloque, desde las medidas que se llevaron a cabo en este sentido durante el
reinado de Carlos III, hasta la ley de Madoz en 1855. La desamortización
eclesiástica de Mendizábal fue la más importante de todas las que se realizaron
dentro de un amplio proceso que culminará a finales del siglo XIX. El término
«desamortización» se refiere al acto jurídico mediante el cual los bienes que
han estado amortizados adquieren la condición de «bienes libres» y sus
poseedores pierden el derecho de propiedad. El Estado es el nuevo propietario y
los vende a particulares en pública subasta. Las desamortizaciones del siglo
XIX se realizaron para que el Estado obtuviese recursos económicos suficientes
para desarrollar una «reforma agraria» necesaria para salir de la crisis
económica y financiera en la que estaba el país.
1. Contexto y
antecedentes históricos.
La
economía española de la primera mitad del siglo XIX era básicamente agraria.
Más de la mitad de la renta nacional procedía del sector agrícola y ganadero,
ocupando un lugar destacado en las exportaciones los productos agrícolas.
El
mantenimiento de la estructura tradicional de la propiedad perjudicó
considerablemente el desarrollo de esta actividad económica. Un pequeño número
de familias aristocráticas y entidades eclesiásticas poseían grandes
latifundios en la mitad sur de la Península. Además grandes extensiones de
tierra permanecían incultas por falta de capital o de iniciativa empresarial,
estas tierras pertenecían a la Iglesia o la Corona.
Esta
estructura de la propiedad explica el retraso en la modernización económica del
país. La preocupación por mejorar la productividad y remediar la situación del
campesinado se pusieron de manifiesto desde el siglo XVIII (ministros
ilustrados como Olavide y Jovellanos).
Los antecedentes
históricos:
La
agricultura fue uno de los temas más debatidos por los ilustrados del siglo
XVIII por los siguientes motivos:
El
aumento demográfico provoca la necesidad de incrementar la producción para
poder abastecer la creciente demanda.
La
subida de los precios de los productos agrícolas en el exterior no permitía
solucionar el problema mediante las importaciones.
Los
propietarios aumentaron las rentas y los campesinos abandonan las tierras por
no poder pagarlas (descenso de la producción).
Los
ilustrados, partidarios de la fisiocracia, plantean potenciar la producción
nacional para reducir la excesiva dependencia exterior.
Los
ministros ilustrados ven que las tierras en poder de la Iglesia, así como las
de los municipios o de otras «manos muertas» rendían poco, estaban al margen
del libre comercio y además no tributaban al Estado. Olavide y Jovellanos coincidían en la conveniencia de convertir las tierras concejiles,
en especial los baldíos, en bienes de «propiedad privada» y así sacarles
rendimiento.
Las
primeras medidas desamortizadoras que se desarrollan son las siguientes:
Legislación
desamortizadora de Carlos III
Sólo
se aplicó a los bienes municipales y tiene su origen en la crisis agraria de
1766. El conde de Aranda propuso que los baldíos de los pueblos extremeños se
arrendaran a braceros y jornaleros. Esta medida se extendió a todo el reino en
1767. Su fin principal era el beneficio común, el fomento de la agricultura y
el facilitar a los braceros terreno propio que cultivar. Esta disposición fue
anulada en 1770 por la oposición terratenientes.
Leyes
desamortizadoras de Carlos IV
Ante
la crisis fiscal, Godoy en 1798 mandó que se enajenasen a beneficio de la Real
Hacienda los bienes pertenecientes a hospitales, hospicios, casas de
misericordia, de reclusión, de expósitos y cofradías, bajo el interés anual del
3% a los desposeídos. Se inicia así el proceso desamortizador característico
del siglo XIX: el Estado expropia los bienes inmuebles pertenecientes a «manos
muertas» y los vende. El importe obtenido se destina a la amortización de la
deuda del Estado. Frente al planteamiento de los ilustrados del siglo XVIII, desamortizar para la reforma
agraria, surge el de
Godoy: desamortizar para sanear la Hacienda Pública y acabar con la deuda del
Estado.
La desamortización
de las Cortes de Cádiz
En
1811 se planteó en las Cortes el problema de la «deuda pública». El Decreto de
1813 establecía que la deuda se pagaría con las rentas obtenidas de las tierras
destinadas para tal fin: la de las órdenes militares, de conventos y
monasterios suprimidos o destruidos durante la guerra, las de los jesuitas, las
de la Inquisición y la mitad de los baldíos y realengos. Las fincas se
venderían en pública subasta. Este decreto constituye la primera norma legal
general desamortizadora del siglo XIX, pero apenas pudo aplicarse debido al
inminente retorno de Fernando VII. Durante el Trienio Liberal (1820-1823) se
restableció la legislación desamortizadora de las Cortes de Cádiz.
Las
desamortizaciones del siglo XIX
Una
de las principales causas de la reforma agraria fueron las dificultades de la
Hacienda Pública para obtener
ingresos con los que hacer frente a los gastos y al pago de la «deuda» del
Estado. La situación de la Hacienda Pública era de crisis permanente debido a
las continuas guerras en la que se encontró inmersa España desde fines del
XVIII. Uno de los factores que perjudicaba al sistema fiscal existente era que
los privilegiados estaban exentos del pago de impuestos.
La
pérdida de las colonias, durante el reinado de Fernando VII, además de suponer
la desaparición de un mercado seguro para los productos españoles, supuso la
desaparición de las remesas de oro y plata. Todo esto unido a la incapacidad de
obtener otras fuentes de ingresos, situó a la Hacienda en una posición
insostenible.
La
necesidad de obtener ingresos para solucionar la «crisis» de la Hacienda y
poder llevar a cabo la «reforma agraria» obligó a Mendizábal a desarrollar
medidas desamortizadoras. También hay que tener en cuenta la situación de
«guerra» en la que aplicaron estas medidas: los liberales dependían de este
dinero para ganar.
2. Las
desamortizaciones de Mendizábal
La
primera preocupación de Mendizábal, desde que llegó al Gobierno en 1835, era el
problema financiero. La «deuda pública» era insostenible y el gobierno tenía
que hacer frente a los gastos que ocasionaba la «guerra», por este motivo
procedió a la liquidación de la deuda mediante la venta a gran escala de los
bienes nacionales. En 1835
se suprimían los conventos y monasterios religiosos que no tuvieran un mínimo
de doce individuos profesos, aplicándose sus bienes al pago de la deuda
pública.
Primera ley
desamortizadora
En
1836 se aprobó la venta de bienes raíces que hubieran pertenecido a
corporaciones y comunidades religiosas, y la supresión de institutos
monásticos, exceptuándose los bienes destinados a servicios públicos,
provocando así, la ruptura de las relaciones diplomáticas con el Vaticano. En
el mismo decreto se anunciaba la formación de un reglamento para la venta de
los bienes, que se hacía para disminuir la «deuda pública» y «entregar al
interés individual la masa de bienes raíces que han venido a ser propiedad de
la nación, a fin de que la agricultura y el comercio saquen de ellos las
ventajas que no podrán conseguir por entero en su actual estado». Mendizábal
sabía que favorecer el acceso de los campesinos a la tierra facilitaría una
mayor estabilidad social. La medida despertó gran entusiasmo y una gran
cantidad de capital entró en circulación, pero los ingresos no fueron los
esperados por la condena pontificia que consideró un robo la medida del
Gobierno.
Segunda ley
desamortizadora
Las
esperanzas de Mendizábal de sanear la Hacienda Pública no se cumplieron, por lo
que en 1837 publicó su segunda ley desamortizadora. En ella se suprimían los
diezmos y se declaraban bienes nacionales sujetos a enajenación casi todos los
del clero secular. Pero la aplicación práctica de esta ley fue casi nula porque
la enajenación no debía comenzar hasta 1840, y en este año la ley fue suprimida
ya que la Guerra había finalizado.
La oposición a
Mendizábal: Flórez Estrada
Mendizábal
contaba con la oposición de la Iglesia y de la nobleza, pero no esperaba la
oposición de algunos progresistas como Flórez Estrada. Se declara partidario de
la desamortización, pero no como la concebía el ministro de Hacienda. Su
planteamiento reformista era básicamente social. Admitía la desamortización
para mejorar la condición de las clases rurales y estaba preocupado por
favorecer al proletariado agrario. Su propuesta era arrendar en enfiteusis por
cincuenta años las tierras a los mismos colonos que las estaban trabajando para
la Iglesia, con la posibilidad de renovar el contrato al expirar dicho plazo.
Esta propuesta beneficiaba al Estado porque no perdía la propiedad de las
tierras y además podía invertir el importe de las rentas en el pago de las
deudas. Al mismo tiempo, Flórez advertía que con las ventas sólo ganarían los
especuladores.
Resultado de la
desamortización de Mendizábal
Los
grandes propietarios y los miembros de la burguesía, poseedores de títulos de
la deuda pública, eran los únicos que podían hacerse con las fincas subastadas,
por lo que se produce la expansión del latifundismo. La desamortización
contribuyó, junto con otras medidas agrarias, a un incremento de la
productividad y a hacer frente a los crecientes gastos de la guerra. Pero los
gastos eran tan altos que la «deuda pública» aumentó aún antes de terminar la
guerra, por lo que no sirvió para cumplir el principal objetivo para lo que
estaba planteada: la reforma agraria.
La desamortización
de Espartero
Nada más llegar al
poder, Espartero proclama la ley de desamortización de bienes del clero
secular. Al final de la regencia, el General llama a
Mendizábal para ocupar la cartera de Hacienda.
La desamortización de
bienes del clero fue una cuestión conflictiva en la disputa entre los moderados
y los progresistas, y estuvo centrada, principalmente, en torno a los bienes
del clero secular, cuya enajenación fue suspendida en 1840. Con la ley de 1841,
Espartero imponía de nuevo la desamortización de los bienes del clero secular,
y estaba basada en la segunda ley desamortizadora de Mendizábal de 1837.
Con la caída de
Espartero y del gobierno progresista se deroga la ley desamortizadora y el nuevo
gobierno moderado restablece las relaciones con la Iglesia y firma el
Concordato en 1851.
3. La
desamortización de Pascual Madoz
Ante
la imposibilidad de salir de la crisis, se planteó en la época del gobierno
moderado, la enajenación de las «tierras de propios» de los pueblos como
solución al problema. No es extraño, pues, que los progresistas, al llegar al
poder con la revolución de 1854, decidieran emprenderla.
Las
circunstancias eran distintas a las de 1836, pues no había guerra civil y los
presupuestos se iban cubriendo. La ley de 1855 de Pascual Madoz iba dirigida a
la desamortización general de los bienes del clero, del Estado, de los
municipios y de otras «manos muertas» de menor entidad. La reina no quiso
firmar la ley por el perjuicio que ocasionaba a la Iglesia. Al infringir lo
establecido en el Concordato de 1851, las relaciones diplomáticas entre España
y el Vaticano se enturbiaron, motivo por el que la desamortización de bienes
civiles supera al de los bienes eclesiásticos.
El
importe de las ventas se destinaría a nivelar el presupuesto del Estado y a
financiar obras públicas. La mayor parte del dinero recaudado sirvió para
subvencionar a las compañías ferroviarias. El gobierno de Narváez suspendió la
ejecución de la ley Madoz en 1856, pero con la vuelta de O’Donnell en 1858 se
restableció por la necesidad imperiosa de ingresar fondos, aunque excluyendo
los bienes de la Iglesia.
En
la ley de 1860 el gobierno español prometía a la Santa Sede no hacer ninguna
venta de bienes eclesiásticos sin el consentimiento de la Iglesia, reconocía la
capacidad de ésta para adquirir y usufructuar en propiedad toda clase de
bienes, igualmente declaraba derogada la ley de Madoz en tanto y cuanto se
opusiera al texto del Convenio.
4. Los cambios
agrarios en la España de siglo XIX.
La
economía española durante el reinado de Isabel II y durante todo el siglo XIX
se caracteriza por el estancamiento. La población aumentó y la producción de
alimentos se desarrolló a lo largo de estos años de una forma precaria para
abastecer a la creciente demanda. A pesar de que se dieron algunos progresos,
en comparación con otros muchos países de Europa, la economía española no tuvo el mismo desarrollo.
Desde
el punto de vista de las transformaciones agrícolas, se puede afirmar que todos
los cambios que se introducen desde el punto de vista legal a lo largo de la
primera mitad del siglo XIX no se tradujeron en innovaciones en las técnicas
agrícolas, porque los nuevos propietarios prefirieron mantener los sistemas de
explotación en vez de invertir en mejoras. Por eso el rendimiento de la tierra
no aumentó, y sólo se incrementó la producción debido a la puesta en cultivo de
más tierras después de la desamortización. Incluso bajó el rendimiento medio
por unidad de superficie, porque las nuevas tierras cultivadas eran de peor
calidad.
La
desamortización y la revolución liberal también provocaron la decadencia de la
cabaña ganadera, en parte porque muchas de las tierras que habían servido de
pastos se cultivaron, pero también porque se introdujeron especies laneras que
eran más rentables y productos textiles más competitivos. El resultado fue que
la ganadería lanar experimentó un decrecimiento importante, tanto en
número de cabezas como en las tierras dedicadas a pastos. También disminuyó el
abono natural aportado a la tierra, lo que contribuyó a hacer descender los
rendimientos.
Aunque
aumentó el cultivo de patata y maíz, especialmente en el Norte, el trigo y
otros cereales siguieron siendo los productos fundamentales y la base de la
alimentación de la gran mayoría de la población, que tenía unos salarios muy
bajos. La población agrícola se mantuvo en permanente amenaza de hambre a causa
de malas cosechas o de plagas. La mayor parte de los sueldos iban destinados a
la alimentación en general y esto afectó a los negocios industriales y
financieros por falta de demanda de productos.
Los
gobiernos moderados, que defendían los intereses de los propietarios de tierras,
realizaron una política comercial proteccionista para garantizar la venta a
precios elevados de la producción, reservando para ello el mercado nacional. El
resultado es que, en años de buenas cosechas, los precios se mantuvieron
relativamente altos al no haber competencia exterior ni un mercado nacional
suficientemente articulado (no existen buenas comunicaciones entre los
distintos puntos del país), mientras que en años de malas cosechas los precios
se disparaban. Los propietarios acumularon enormes ganancias pero no las
invirtieron en la mejora de las tierras.
A
pesar de todos los cambios agrarios que se realizan en la primera mitad del siglo
XIX estamos ante una agricultura estancada que no suministra mano de obra a la
industria, ni mercado suficiente para los productos fabriles, ni los capitales
necesarios para invertir en la renovación industrial. La agricultura se
constituye como un freno para el desarrollo de los demás sectores productivos.
5. Consecuencias y
valoración de las desamortizaciones.
La
importancia real de las medidas desamortizadoras es una cuestión discutida, no
sólo por el dinero que aportó al Estado, o por la superficie desamortizada, que
fue considerable, sino porque fue una medida que afectó a otros aspectos de la
vida social y económica del país.
Pudo
haber sido una verdadera reforma agraria que estabilizase la suerte del
campesino castellano, andaluz y extremeño, pero se limitó a ser una
transferencia de bienes de la Iglesia a las clases económicamente más fuertes,
tal y como expuso Vicens Vives. Las desamortizaciones fueron una gran
oportunidad perdida para repartir las tierras a los campesinos y transformar
las bases de la agricultura española. La desamortización de Mendizábal sólo
sirvió para salvar al gobierno de la bancarrota y ayudarle a ganar la «guerra
civil». La desamortización de Madoz sirvió para financiar la construcción de la
red ferroviaria.
En
el terreno económico y social sólo sirvió para acentuar el latifundismo y
empeorar la situación socioeconómica de los campesinos. Se eliminó la propiedad
comunal, lo que agrava la situación económica de los campesinos. Esto forzó a
una parte de la población rural a emigrar a las ciudades (éxodo rural)
profundizando en el proceso de proletarización del campesinado.
Provocó
un reforzamiento del latifundismo en Andalucía y Extremadura. Las tierras y las
fincas urbanas fueron a parar a los antiguos terratenientes, a los nuevos
inversores de la burguesía financiera, industrial o profesional, a
especuladores e intermediarios. Los campesinos no recibían información de las
subastas, no sabían pujar o no tenían dinero para hacerlo.
Se
produjo un desmantelamiento casi completo de la Iglesia y de sus fuentes de
riqueza. El diezmo fue suprimido en 1837. La Iglesia había dejado de ser el
estamento privilegiado aunque conservaba gran influencia en la sociedad por
medio de la educación que casi monopolizaba.
La
desamortización benefició a quiénes pertenecían a la élite financiera y
comercial y buscaban consolidar su prosperidad económica con la compra de
bienes inmuebles.
Conclusión
El
proceso desamortizador del siglo XIX en España fue un intento de profundizar en
una reforma agraria necesaria desde el siglo XVIII. La crisis económica y
financiera del país obligaba al Estado Liberal a recurrir a una reforma de la
principal actividad económica del país. La falta de capital y de interés de los
propietarios dificultaba las mejoras en la productividad agraria, por lo que
fue necesario desamortizar aquellos bienes que estaban en régimen de «manos
muertas» y no se explotaban convenientemente.
La
agricultura vivió una profunda reforma basada en la abolición del régimen
señorial, la supresión de los mayorazgos y las grandes desamortizaciones de
Mendizábal y Madoz. Con este conjunto de medidas se liberalizó la agricultura,
permitiendo que la tierra pudiera circular libremente en el mercado, y se
eliminaron los frenos que impedían el desarrollo de una agricultura capitalista
dirigida al mercado. La mayor parte de la tierra pasó a manos de propietarios
privados individuales.
Los aspectos coyunturales entorpecieron la consecución de los
objetivos propuestos en todo el proceso desamortizador del siglo XIX. Se
produjeron cambios sociales y económicos, pero si los analizamos detenidamente,
no fueron todo lo favorables que cabría esperar, por el contrario, habría que
establecer aspectos negativos como el empeoramiento generalizado de la
situación del campesinado en la mitad sur peninsular y el aumento del
latifundismo, además de no conseguir los resultados esperados en el inicio del
proceso de industrialización.
