El Sexenio Revolucionario (1868-1874): intentos
democratizadores.
Introducción
1. La revolución de 1868: «la
Gloriosa».
2. La etapa del Gobierno
Provisional (1869-1870)
3. El reinado de Amadeo de Saboya (1871-1873)
4. La Primera República
española (1873-74)
5. Conclusión.
Introducción
En el
periodo que transcurre entre 1868-1874 se suceden rápidamente hechos como la
Revolución de 1868, el Gobierno Provisional y la elaboración de la Constitución
de 1869, la monarquía de Amadeo I, la Primera República y el gobierno
autoritario de Serrano. A pesar de esto, el período se entiende como un bloque,
en el que se produce la consolidación del régimen liberal en España.
Este periodo
coincide con una serie de acontecimientos históricos que se desarrollan en
Europa, como el proceso de unificación de Italia y Alemania, el auge del
movimiento obrero (AIT), el estallido de la Comuna de París (1871),...
acontecimientos que influyeron en la historia de nuestro país.
1.
La Revolución de 1868: «la Gloriosa».
Las causas
de la revolución de 1868, que puso fin al reinado de Isabel II, se remontan a
1863 y son muy variadas. Podemos dividirlas en dos grupos: económicas y
políticas, aunque ambas están relacionadas.
La
situación económica se había ido deteriorando a partir
de 1864. Se unieron la crisis de la industria textil, la de la construcción
ferroviaria, el hundimiento de las Bolsas, la bancarrota de la Hacienda y una
crisis de subsistencia por las malas cosechas (1866-1867). La consecuencia de
esta situación fue el descontento generalizado entre los grupos dirigentes, que
comprendieron que la política isabelina no les convenía, y la clase obrera,
sumida en el paro, el hambre y la impotencia derivada de tanta represión
gubernamental.
En
1868 casi nadie defendía la causa isabelina. La Reina
se había ido apoyando alternativamente en los gobiernos conservadores de
O’Donnell y Narváez, cuya única política consistía en el mantenimiento del
orden y del sistema conservador de la Constitución de 1845. A los progresistas,
encabezados por Prim, se unían ahora los demócratas y los republicanos, que
veían en el advenimiento de una República el cambio decisivo hacia la
democratización del país. Los dirigentes obreros también veían en la
«revolución» la posibilidad de sacar adelante sus reivindicaciones. Al Pacto de
Ostende, firmado por progresistas y demócratas, acabaron por sumarse los
unionistas en 1867, tras la muerte de O’Donnell, convencidos de la inviabilidad
del régimen isabelino.
Grupos
sociales que apoyaron la Revolución:
Los
grupos financieros e industriales apoyaron la
revolución porque el régimen isabelino era incapaz de solucionar la crisis
económica y crear un clima propicio para los negocios.
Algunos miembros de la oligarquía terrateniente
apoyaron la idea del cambio como posible solución al desorden social.
Entre
los militares, el recuerdo de la matanza del
Cuartel de San Gil (1866) empujó a muchos de ellos a apoyar la conspiración.
Las
masas populares apoyaron decididamente el
pronunciamiento por el paro existente, la miseria y la indignación por la
corrupción generalizada de los gobernantes.
En realidad,
«la Gloriosa» no fue una revolución popular, sino uno más de los
pronunciamientos militares de la época, encabezado por los generales Serrano,
Prim y Topete. El apoyo popular vino después, cuando los partidos organizaron
Juntas Locales y Provinciales, entregaron armas a la población y organizaron a
los llamados «Voluntarios de la Libertad».
El día 17 de
septiembre el almirante Topete se sublevó en Cádiz, el General Serrano
derrotaba a las tropas gubernamentales de Narváez en Alcolea y el día 29 la
Reina atravesaba la frontera camino del exilio.
Pronto se
demostró que los conspiradores no pretendían realizar una «revolución social».
Su objetivo principal era acabar con el régimen isabelino, por este motivo las
primeras medidas del Gobierno Provisional, presidido por Serrano, fueron
encaminadas a restablecer el «orden social», disolviendo las Juntas locales y reclamando a los «voluntarios de la libertad» la devolución de las armas.
La Junta
revolucionaria de Madrid procedió a autodisolverse e invitó a las demás a hacer
lo mismo, aunque muchas de ellas se resistieron, conscientes de que significaba
el fin de la revolución, pero una tras otra acabaron cediendo. A comienzos de
diciembre la «normalidad institucional» era completa, y el gobierno pudo
convocar elecciones a Cortes Constituyentes (sufragio universal masculino para
mayores de 25 años, apenas un 24% de la población total).
La
Constitución de 1869
La campaña
electoral se desarrolló en medio de la polémica sobre la forma de Estado:
Monarquía o República. Los representantes de la Unión Liberal y del partido Progresista, que eran mayoría en el
gobierno, eran partidarios de la Monarquía. Los representantes del partido Demócrata estaban indecisos. Pese al apoyo explícito del Gobierno a
la opción monárquica, la campaña transcurrió con plena libertad de opinión y de
prensa. El censo se amplió de 400.000 votantes a casi 4 millones, originando el
problema siguiente: más del 80% de la población masculina era analfabeta, lo
que facilitó que el voto se inclinara hacia las preferencias de las autoridades
locales.
El triunfo
correspondió al bloque monárquico, aunque en las ciudades, excepto Madrid,
triunfó la opción republicana. Constituida las Cortes, éstas procedieron a
elaborar una nueva Constitución. Aprobada en junio de 1869, se estructura en
112 artículos y 11 títulos, siendo la primera constitución democrática de
nuestra historia y una de las primeras en Europa.
Características
de la Constitución de 1869
Se
reconoce la soberanía nacional, próxima al
término de popular que los demócratas quisieron insertar, sin éxito, en el
texto.
Se establece
un sistema de monarquía democrática y
parlamentaría en la que el Rey tiene limitadas sus competencias.
La
división radical de poderes: el legislativo reside en las
Cortes, el ejecutivo corresponde a los ministros, que responden de su gestión
ante las Cortes, y el judicial a un cuerpo de jueces independientes. Se regula
el acceso por oposición a la carrera judicial.
Exhaustiva
declaración de derechos, para evitar posibles
restricciones por interpretaciones erróneas. Se establecían como derechos
imprescriptibles: la libertad, la inviolabilidad de domicilio, derecho al voto,
de residencia, libertad de enseñanza, expresión (se prohíbe la censura),
reunión y asociación, siempre que no sean contrarios a la moral pública y no
comprometan la seguridad del Estado.
El
sufragio universal para los varones mayores de 25 años.
El Congreso se elegiría a razón de un diputado por cada 40.000 habitantes, y el
Senado de forma indirecta, a través de compromisarios elegibles entre los
mayores contribuyentes y las altas jerarquías del Ejército y de la Iglesia. Se
mantenía un modelo conservador de Senado, para moderar las decisiones del
Congreso.
Regulación
de Ayuntamientos y Diputaciones, concejales
elegidos por sufragio y éstos eligen a los alcaldes.
Se
aprobó la libertad de cultos, a la que se
oponían moderados y carlistas, pero también el compromiso del Estado de
mantener el culto y clero católicos, contra la opinión de los republicanos.
Por último,
se incluía el compromiso de regular la
situación de las colonias de ultramar, promesa ya vieja y siempre olvidada.
En su
conjunto, la Constitución de 1869 establecía un régimen democrático, apto para
incluir en él a todas las fuerzas políticas que habían participado en la
revolución, dentro de un orden burgués.
2.
La etapa del Gobierno Provisional (1869-1870)
Aprobada la
Constitución, el general Serrano fue elegido regente y Prim pasó a dirigir el
Gobierno. Intentó unir a los distintos partidos políticos para estabilizar el
régimen, desarrolló la Constitución y buscó un candidato al trono. Sus acciones
de gobierno más destacadas fueron las siguientes:
Intentar
unir a todos los partidos políticos, aunque esto fue
imposible. A la oposición republicana se sumaron los sectores más derechistas,
ya que el General dispuso un gobierno de mayoría progresista.
Entre 1869 y
1870 se fueron publicando toda una serie de reformas encaminadas a desarrollar la Constitución: Ley de Orden
Público, Ley Electoral, nuevo Código Penal, Ley sobre el matrimonio civil
[...].
Realizó
una reforma de la Hacienda, de los aranceles y del
sistema monetario. El Arancel Figuerola (1869) establecía la disminución
progresiva de las tarifas aduaneras. Esta política librecambista enfrentó a los
industriales, sobre todo catalanes, con el Gobierno. El Decreto de octubre de
1868 otorgaba en exclusiva la función de emitir moneda al Banco de España,
instauraba la peseta como nueva unidad monetaria.
Acabar
con las revueltas campesinas y republicanas: revueltas
campesinas en Andalucía a finales de 1868 y movimientos republicanos
incontrolados a partir de 1869.
Pero el gran
problema del periodo fue el estallido de
una insurrección en Cuba en 1868. El conflicto cubano acabó por hipotecar
la Hacienda y la acción de Gobierno en España, obligándolo a multiplicar las
impopulares levas y a subir los impuestos, por lo que aumentó la conflictividad
social.
En esta
situación de inestabilidad Prim emprendió la difícil tarea de buscar un Rey. Se trataba de encontrar una persona
de prestigio, de sangre real, que no fuera un Borbón, aunque hubo quien
defendió la candidatura de Alfonso (hijo de Isabel II).
El candidato
tenía que contar con el respaldo de las Cortes y la aprobación internacional. Esta
última condición provocó enormes dificultades durante dos años. Finalmente, el
príncipe italiano Amadeo de Saboya, hijo del rey Víctor Manuel, acabó cediendo
a las presiones de su familia y aceptó la Corona, en parte gracias a la gestión
personal de Prim, su principal valedor. Amadeo desembarca en Cartagena el 30 de
diciembre de 1870, momento en el que recibe la noticia del asesinato de Prim.
Los autores del atentado pudieron ser radicales republicanos, grupos
extremistas ligados a intereses coloniales... e incluso el propio general
Serrano. Prim era el principal defensor de Amadeo y era el hombre con mayor
prestigio del país. Su ausencia tuvo graves repercusiones en la evolución
política de los años siguientes.
3.
El reinado de Amadeo de Saboya (1871-1873)
El reinado
de Amadeo de Saboya fue un fracaso completo, por una serie de razones bastante
complejas:
El carácter
del Rey, hombre tímido, introvertido, que no supo ganarse apoyos en el país.
La ausencia
de Prim, el único capaz de mantener unidos al partido progresista y a los demás
partidos.
La
oposición con la que contó desde el primer momento:
La
aristocracia y los terratenientes identificaban la
monarquía de Amadeo con el sistema democrático que acabaría definitivamente con
su poder. Para ellos, el regreso al régimen borbónico y al sistema de 1845
garantizaba la vuelta a la «normalidad». Apoyaban una Restauración en la
persona de Alfonso. Cánovas del Castillo iba fraguando entre ellos el respaldo
al joven príncipe.
Los
empresarios estaban convencidos de que la
política librecambista iba a acabar con el débil sector fabril. También apoyan
el retorno de los Borbones (Alfonso XII).
La
alta jerarquía eclesiástica no aceptaba el hecho de que un
Saboya ocupase el trono español (Víctor Manuel tenía sitiado al Estado
Vaticano, tras anexionarse sus territorios en 1870).
Los
carlistas, que ganaron simpatizantes al ocupar el trono
Amadeo.
Los
republicanos, que seguían teniendo un respaldo
electoral importante y una gran fuerza en la calle.
En tales
circunstancias, los dos años del reinado fueron de permanente inestabilidad
política, dando lugar a la renuncia de Amadeo. Tras la muerte de Prim, el partido progresista, hasta entonces
mayoritario, se dividió en dos grupos:
los Constitucionales de Sagasta (moderados) y los Radicales de Ruiz Zorrilla
(reformistas). El único apoyo que tenía el monarca quedaba debilitado en las
Cortes.
En 1872 se
van a producir una serie de problemas que darán al traste con la monarquía. Al recrudecimiento de la guerra cubana
vino a sumarse el estallido de una
insurrección carlista en el País Vasco y un nuevo intento republicano por
hacerse con el poder. Por otra parte estaba el auge del movimiento obrero. Por último, se produjo un enfrentamiento en el Congreso sobre la
abolición de la esclavitud, a la que se negaban los unionistas y los grupos
conservadores. En tan difícil situación, Amadeo sólo esperaba el momento propicio
para abdicar. Este se presentó cuando el Jefe del Gobierno, el radical Ruiz
Zorrilla, se enfrentó a los oficiales del Cuerpo de Artillería (conservadores).
Ruiz Zorrilla solicitó al Rey que disolviera el Cuerpo de Artillería, para
dejar clara la autoridad civil sobre la militar, pero el Rey se negó,
presionado por los generales, y Ruiz Zorrilla presentó una moción de confianza
en las Cortes. Al ganarla, el Rey se vio obligado a firmar el decreto, pero
acto seguido presentó su abdicación el
11 de febrero de 1873.
4.
La primera República española (1873-74)
La República
se proclamó la noche del 11 de febrero de 1873. La declaración se hizo
infringiendo la Constitución, ya que las Cortes no podía asumir todos los
poderes ni proclamar por su cuenta la República. Pero, en realidad, no quedaba
otra alternativa tras la dimisión de Amadeo. Los diputados, en su mayoría
radicales, votaron a favor de la opción republicana, nombrando Jefe del Poder
Ejecutivo a Estanislao Figueras, uno de los líderes más moderados del
republicanismo.
Figueras
formó un gobierno con republicanos y progresistas radicales. Los radicales eran
mayoría en las Cortes y los republicanos, que eran minoría, controlaban el
gobierno. El enfrentamiento entre ambos grupos era inevitable.
La
primera República llegaba en una situación caótica, con multitud de problemas
que no favorecieron en nada a su desarrollo:
A la quiebra
financiera del Estado se unía la lenta recuperación del sector agrario, que aún
no había superado la crisis de 1866-67.
En el aspecto
social, la República contaba con pocos apoyos y además con intereses
contradictorios. Para los campesinos y obreros, la República debía realizar una
auténtica «revolución social»: reparto de tierras, reducción de la jornada
laboral, mejores salarios, la eliminación de los consumos y de las quintas...
No es extraño que frente a la República se alinearan los sectores
conservadores, temerosos de que los republicanos atentaran contra la propiedad
y lo que ellos llamaban el orden social.
En el
terreno internacional, sólo los EE.UU y Suiza reconocieron y apoyaron al nuevo
régimen, el resto de países la consideran una amenaza porque podría llegar a
ser un modelo de revolución social.
En el
interior, la mayoría de los partidos pasaron a la oposición: los carlistas, los
alfonsinos, los sagastinos apoyando la opción alfonsina, y los radicales tras
dos intentos de desbancar al gobierno republicano acabaron por pasarse a la
oposición.
La división
de los propios republicanos: entre republicanos conservadores/radicales, y
entre republicanos
unitarios/federalistas.
En estas
condiciones, la República sólo podía ser un fracaso. Tampoco le dieron tiempo
suficiente para arreglarlo. En los primeros días se produjeron levantamientos
campesinos en Andalucía, que fueron reprimidos por el gobierno, enturbiando la
imagen del régimen. También surgieron los primeros focos federalistas, aunque
Pi y Margall consiguió que las Juntas revolucionarias se disolvieran. El
partido radical intentó dos golpes de Estado para derrocar el régimen, el
primero a los quince días de la proclamación de la República. Su fracaso hizo
que los radicales abandonasen el gobierno.
Las
elecciones de mayo de 1873 les dieron una aplastante mayoría a los
republicanos, pero las elecciones arrojan un resultado engañoso. Todos los
partidos de la derecha optaron por no participar, y sólo lo hicieron algunos
políticos de manera independiente. Con la guerra carlista en el Norte, y con la
consigna de abstención también desde la AIT, apenas votó un 40% del electorado,
reflejándose el escaso entusiasmo del país hacia el régimen. Tras proclamar la
República federal como forma del Estado, las Cortes comenzaron a redactar y
debatir el nuevo proyecto constitucional. Mientras, la inesperada dimisión de
Figueras, en junio, convirtió en Presidente a Pi y Margall.
La
Constitución de 1873.
El proyecto
constitucional nunca llegó a entrar en vigor. Sus principales características
son:
Establecía
una República confederal compuesta de 17 Estados y
varios territorios de ultramar, cada uno de los cuales podía tener su propia
Constitución.
Dentro de
cada Estado, los municipios tendrían su propia Constitución local y su división
de poderes entre Alcaldía (ejecutivo), Ayuntamiento (legislativo) y Tribunales
locales (judicial).
La misma estructura
servía para el Estado: ejecutivo, ejercido por el Gobierno, cuyo Jefe nombraba
el Presidente de la República; legislativo, ejercido por las dos Cámaras, ambas
de elección directa, con un Senado formado por cuatro representantes de más de
cuarenta años elegidos por cada Estado. Y judicial, independiente y presidido
por el Tribunal Supremo, formado por tres magistrados de cada Estado.
La
Constitución, influida por la estadounidense, daba grandes competencias al
Presidente, que ejercería, además, el llamado «poder de relación» entre los
otros poderes y entre los Estados confederados.
Incluía una
extensa declaración de derechos, similar a la de 1869, pero con una formulación
más amplia del derecho de asociación y, sobre todo, con la afirmación precisa de
un Estado laico, sin ningún trato preferencial hacia la Iglesia católica, lo
que indignó y distanció del régimen a la mayoría de los católicos.
La
insurrección cantonal.
La
Constitución no llegó a entrar en vigor porque, a partir de los primeros días
de julio, el país entró en un proceso revolucionario que acabaría por hundir
definitivamente a la República. La huelga general de Alcoy, organizada por la
AIT, fue seguida, poco después, por grupos federalistas que se sublevan en
Cartagena, proclamando el Cantón. Se proclamaron cantones y se formaron Juntas
revolucionarias en Valencia, Málaga, Cádiz, Sevilla, Granada... Mientras, los
carlistas, aprovecharon la situación para conquistar las provincias de Albacete
y Cuenca, manteniendo bajo su control buena parte del País Vasco, Navarra,
interior de Cataluña y Aragón. En esa situación Pi y Margall presentó su
dimisión el 18 de julio, siendo elegido por las Cortes, como nuevo Presidente
de la República, Nicolás Salmerón.
La
presidencia de Salmerón supone el inicio de un giro a la derecha. Se propuso
restablecer el orden, concediendo plenos
poderes al ejército para conseguirlo, y generales conservadores, como Martínez
Campos y Pavía, acabaron con la sublevación. La Guardia Civil tuvo que aumentar
sus efectivos para garantizar el orden. Sólo Cartagena resistiría hasta enero
de 1874.
Ante la
presión de las clases medias, la burguesía financiera, los gobiernos
extranjeros y los generales, Salmerón, contra sus principios, restableció la
pena capital. Pero cuando se le pidió que firmara dos condenas para dos líderes
cantonalistas, Salmerón dimite.
Emilio
Castelar será designado nuevo Presidente, el cuarto en siete meses. Con su
nombramiento el giro hacia la derecha se acentúa. La gran mayoría de las clases
altas y medias del país aceptaron el cambio en la Presidencia porque parecía el
hombre idóneo para acabar con el riesgo revolucionario. Pese a su convencido
republicanismo, Castelar era un hombre de mucho carácter y partidario de un
Estado fuerte.
Emprendió un
programa de refuerzo de la autoridad del Estado apoyándose en el Ejército. Los
generales le apoyaron para acabar con la revolución, pero muchos de ellos se
declaraban antirrepublicanos y estaban en contacto con los grupos alfonsinos.
Castelar consiguió restablecer el orden, gracias al capital recaudado con el
apoyo de los grupos financieros y
terratenientes. A finales de diciembre de 1873 se había conseguido detener
militarmente el avance carlista y prácticamente estaba a punto de caer
Cartagena. Los sectores más conservadores y los monárquicos, que sólo le
apoyaron para acabar con la insurrección cantonal, y así acabar con la
República, criticaron duramente al Gobierno y Castelar es derrotado en la
moción de confianza. Cuando se celebraba la votación para designar a un nuevo
gobierno, el General Pavía disuelve las Cortes por medio de un golpe de estado,
pasando a ser nuevo Jefe del Gobierno el General Serrano.
5.
Conclusión.
El periodo comenzó con un golpe de Estado que se convirtió en una revolución. Todos tenían un mismo objetivo, acabar con el régimen isabelino, pero una vez conseguido aparecerán las diferencias que enfrentan a los distintos grupos políticos y sociales que apoyaron la Revolución del 68. La consolidación de un régimen liberal en España con un claro carácter democrático se identifica con la figura del general Prim. La labor realizada por el jefe del Gobierno para conseguir unos objetivos establecidos, provocó que muchos se volvieran contra él. A pesar de tener ideas opuestas, coincidirán en eliminar a quien se ha convertido en una amenaza para sus intereses.
Con el golpe de Estado de Pavía termina la I República, puesto que el régimen autoritario de Serrano, que durará casi un año, no es más que un periodo de transición hasta la restauración alfonsina. La República había sido un fracaso porque no tenía apoyos reales como régimen. Cada sector que se definía como republicano entendía cosas muy distintas al hablar de república. Los planteamientos radicales, revolucionarios e intransigentes de los campesinos, los dirigentes de la AIT y los federalistas acabaron por atemorizar a la mayoría de los grupos burgueses, los únicos que hubieran podido consolidar el régimen con su apoyo.