El régimen de la Restauración. Características y funcionamiento del sistema canovista.
Introducción.
1. Fundamentos ideológicos del sistema.
2. El reinado de Alfonso XII (1875-1885).
3. La regencia de María Cristina (1885-1902)
4. Oposición al sistema: republicanismo, movimientos obreros, regionalismos y nacionalismos.
5. Conclusión.
1. Fundamentos ideológicos del sistema.
2. El reinado de Alfonso XII (1875-1885).
3. La regencia de María Cristina (1885-1902)
4. Oposición al sistema: republicanismo, movimientos obreros, regionalismos y nacionalismos.
5. Conclusión.
Introducción.
La Restauración supone la vuelta de la monarquía como forma de gobierno en España en la figura de los Borbones, Alfonso XII. Se establecen tres periodos: el reinado de Alfonso XII (1875-1885), la regencia de María Cristina (1885-1902) y el reinado de Alfonso XIII (1902-1923) hasta el golpe de Estado de Primo de Rivera. Antonio Cánovas del Castillo es el hombre clave de la Restauración borbónica. Fue el jefe de la causa alfonsina desde 1873, diseñando la estrategia para devolver a los Borbones la Corona y organizando el nuevo sistema político (Manifiesto de Sandhurst 1874). Cánovas tenía como objetivo asentar firmemente la Monarquía como forma del Estado, para él la monarquía estaba ligada a la historia de España y era el pilar básico en el que se asentaba el país. Pensaba en una Monarquía que compartiera la soberanía con las Cortes, que dispusiera de amplias competencias y desempeñara un papel protagonista en la vida política.
Los tres pilares básicos del régimen canovista son: la monarquía, el ejército (encargado de defender el orden constitucional) y la Iglesia (transmite los valores tradicionales que garantizan la continuidad del régimen).
Los valores del sistema canovista aparecerán en la Constitución de 1876, una constitución de carácter conservador y que manifiesta el pensamiento político del propio Cánovas del Castillo.
Los tres pilares básicos del régimen canovista son: la monarquía, el ejército (encargado de defender el orden constitucional) y la Iglesia (transmite los valores tradicionales que garantizan la continuidad del régimen).
Los valores del sistema canovista aparecerán en la Constitución de 1876, una constitución de carácter conservador y que manifiesta el pensamiento político del propio Cánovas del Castillo.
1. Fundamentos ideológicos del sistema.
El funcionamiento del régimen, tal como Cánovas lo ideó, se basaba en la existencia de dos partidos de carácter liberal que aceptaran las reglas establecidas por la Constitución de 1876. En su proyecto, para evitar la aglomeración de partidos e ideologías diversas en las Cortes, lo ideal era que hubiese dos partidos: uno conservador, el suyo, y otro más liberal que le diera la réplica, según el modelo de bipartidismo británico. Ambos debían aceptar el «turno pacífico», cediendo el poder cuando perdieran la confianza por parte del rey y de las Cortes, y respetando la obra legislativa de sus antecesores.
La forma de proceder para garantizar el resultado de las elecciones era la siguiente: el Ministro de Gobernación elaboraba las listas de candidatos y el censo electoral, mandándolos posteriormente a caciques y alcaldes. Manipular las elecciones a través de la extensa red de caciques y autoridades repartidos por todo el país era fácil (pucherazo), y el resultado daba una holgada mayoría al partido al que le tocaba gobernar, gobernando así sin dificultad. Este falseamiento electoral funcionó sin problemas durante los primeros veinticinco años de la Restauración, pero a partir de la década final del siglo comenzó a resquebrajarse, con el establecimiento del sufragio universal (1890), la difusión de la prensa y la aparición de partidos políticos ajenos al sistema canovista.
La forma de proceder para garantizar el resultado de las elecciones era la siguiente: el Ministro de Gobernación elaboraba las listas de candidatos y el censo electoral, mandándolos posteriormente a caciques y alcaldes. Manipular las elecciones a través de la extensa red de caciques y autoridades repartidos por todo el país era fácil (pucherazo), y el resultado daba una holgada mayoría al partido al que le tocaba gobernar, gobernando así sin dificultad. Este falseamiento electoral funcionó sin problemas durante los primeros veinticinco años de la Restauración, pero a partir de la década final del siglo comenzó a resquebrajarse, con el establecimiento del sufragio universal (1890), la difusión de la prensa y la aparición de partidos políticos ajenos al sistema canovista.
2. El reinado de Alfonso XII (1875-1885).
Primer gobierno de Cánovas (1876-1880)
El golpe de estado de Martínez Campos amenazó la estabilidad del plan de Cánovas. Entre 1876 y 1880 gobernó el Partido Conservador en exclusiva, ante la división de la oposición. Su programa, basado en la defensa del orden social, la monarquía y la propiedad, era reflejo del pensamiento del propio Cánovas (conservador). Se aplicaron una serie de reformas económicas que dan como resultado una coyuntura alcista en el periodo que transcurre entre 1876 y 1886, una vez que pasa esta se vuelve a una economía proteccionista, coincidiendo los intereses de la oligarquía agraria con los de la burguesía industrial. Se van a crear grandes empresas financieras en este momento: Banco Hispano-Colonial de Barcelona, Banco Español de Crédito en Madrid, Banco de Vizcaya. Como resultado del auge económico, las Bolsas van a tener una importancia cada vez mayor.
Otra medida económica para ingresar fondos fue arrendar las minas españolas del sur a compañías inglesas y francesas (Ley de arrendamiento del subsuelo español) destacando la cuenca minera de Huelva.
Conseguir la pacificación poniendo fin a la guerra carlista (1876) y la insurrección de Cuba (Paz de Zanjón 1878) fueron otras acciones encaminadas a conseguir sus objetivos políticos.
Pero la verdadera acción del gobierno durante estos años estuvo marcada por las reformas administrativas y por las medidas que reforzaron el control del Estado sobre el ejercicio de los derechos establecidos en la Constitución. Un ejemplo de esto fue la abolición de los fueros vascos (1876), que se debía, más que al apoyo prestado al carlismo, a la propia convicción de Cánovas de la necesidad de centralizar el poder. Las provincias vascas quedaban obligadas a contribuir con contingentes al servicio militar y a pagar contribuciones.
En la misma línea de control se explica el establecimiento de la censura previa de prensa (1876) y la Ley de Imprenta (1879). Se consideraba como delito cualquier ataque o crítica a la Monarquía o al sistema político. También se censuró la enseñanza universitaria, expulsando a profesores universitarios y de secundaria (dimisión de Emilio Castelar por la restricción de la libertad de cátedra).
Para ejercer un mayor control el gobierno reguló la elección de Municipios y Diputaciones por ley de 1876, designando la Corona los alcaldes de las ciudades con más de 30.000 habitantes, al tiempo que daba a los Gobernadores Civiles la potestad de aprobar los presupuestos de los Ayuntamientos. Otra medida para reforzar el control estatal fue la ley electoral de 1878, que estableció un sufragio censitario muy restrictivo, el censo electoral se reducía a un 5% de la población total.
Quedaron sometidas a la interpretación del gobierno las libertades de reunión y asociación. La primera sólo fue regulada en 1880 y la segunda en 1887, ya bajo gobierno liberal de Sagasta. Sólo los partidos llamados dinásticos, es decir, los que aceptaron el sistema, estaban autorizados, sindicatos y asociaciones obreras operaban en la clandestinidad, habían sido prohibidos en 1874.
Cánovas, no obstante, necesitaba incorporar al régimen a los grupos políticos procedentes del Sexenio que pudieran constituir un partido alternativo al suyo, lo que era fundamental para la consolidación del sistema. Este fue el Partido Constitucional (constituido por progresistas y miembros de la Unión Liberal), liderado por Práxedes Mateo Sagasta. Los «constitucionales» apoyaron la Monarquía y aceptaron la Constitución de 1876, lo que hizo converger hacia el Partido Constitucional a otros grupos políticos, hasta que en 1880 se unificaron en el Partido Fusionista (Partido Liberal), convirtiéndose en la alternativa a los Conservadores de Cánovas.
Primer gobierno de Sagasta (1881-1884)
En 1881 los liberales formaron gobierno por vez primera y comenzó la alternancia que caracterizó al régimen, una alternancia política que duró más de cuarenta años, hasta desembocar en la crisis del sistema en 1923.
El gobierno liberal de Sagasta tomó medidas para terminar con las restricciones de la libertad de expresión: limitó las denuncias por delitos de imprenta y permitió que las asociaciones obreras y republicanas volvieran a actuar con libertad. Pero no se atrevió a restituir el juicio por jurados o a restablecer el sufragio universal. Esta forma de actuar y la crisis económica de 1882-1884 provocaron disturbios y protestas sociales (La Mano Negra en el campo andaluz y el intento de pronunciamiento republicano de 1883).
El gobierno de Sagasta reaccionó ante estas protestas con dureza: intervención del ejército y procesamiento de los golpistas, para los que solicitó penas de muerte y exilio. Ante la debilidad del gobierno para solucionar esta crisis el Rey encargó a Cánovas formar un nuevo gobierno (1884).
Segundo gobierno de Cánovas (1884-1885)
Cuando un partido experimentaba el desgaste de su gestión, o sencillamente cuando los líderes políticos consideraban necesario un relevo en el poder, se sugería al Rey el nombramiento de un nuevo gobierno. El nuevo Presidente era siempre el líder del partido hasta entonces en la oposición, y recibía junto con su nombramiento el decreto de disolución de las Cortes y la convocatoria de nuevas elecciones (este era el mecanismo establecido en el sistema canovista).
El segundo gobierno canovista apenas tuvo tiempo para modificar todas las medidas de los liberales por la repentina muerte de Alfonso XII.
El golpe de estado de Martínez Campos amenazó la estabilidad del plan de Cánovas. Entre 1876 y 1880 gobernó el Partido Conservador en exclusiva, ante la división de la oposición. Su programa, basado en la defensa del orden social, la monarquía y la propiedad, era reflejo del pensamiento del propio Cánovas (conservador). Se aplicaron una serie de reformas económicas que dan como resultado una coyuntura alcista en el periodo que transcurre entre 1876 y 1886, una vez que pasa esta se vuelve a una economía proteccionista, coincidiendo los intereses de la oligarquía agraria con los de la burguesía industrial. Se van a crear grandes empresas financieras en este momento: Banco Hispano-Colonial de Barcelona, Banco Español de Crédito en Madrid, Banco de Vizcaya. Como resultado del auge económico, las Bolsas van a tener una importancia cada vez mayor.
Otra medida económica para ingresar fondos fue arrendar las minas españolas del sur a compañías inglesas y francesas (Ley de arrendamiento del subsuelo español) destacando la cuenca minera de Huelva.
Conseguir la pacificación poniendo fin a la guerra carlista (1876) y la insurrección de Cuba (Paz de Zanjón 1878) fueron otras acciones encaminadas a conseguir sus objetivos políticos.
Pero la verdadera acción del gobierno durante estos años estuvo marcada por las reformas administrativas y por las medidas que reforzaron el control del Estado sobre el ejercicio de los derechos establecidos en la Constitución. Un ejemplo de esto fue la abolición de los fueros vascos (1876), que se debía, más que al apoyo prestado al carlismo, a la propia convicción de Cánovas de la necesidad de centralizar el poder. Las provincias vascas quedaban obligadas a contribuir con contingentes al servicio militar y a pagar contribuciones.
En la misma línea de control se explica el establecimiento de la censura previa de prensa (1876) y la Ley de Imprenta (1879). Se consideraba como delito cualquier ataque o crítica a la Monarquía o al sistema político. También se censuró la enseñanza universitaria, expulsando a profesores universitarios y de secundaria (dimisión de Emilio Castelar por la restricción de la libertad de cátedra).
Para ejercer un mayor control el gobierno reguló la elección de Municipios y Diputaciones por ley de 1876, designando la Corona los alcaldes de las ciudades con más de 30.000 habitantes, al tiempo que daba a los Gobernadores Civiles la potestad de aprobar los presupuestos de los Ayuntamientos. Otra medida para reforzar el control estatal fue la ley electoral de 1878, que estableció un sufragio censitario muy restrictivo, el censo electoral se reducía a un 5% de la población total.
Quedaron sometidas a la interpretación del gobierno las libertades de reunión y asociación. La primera sólo fue regulada en 1880 y la segunda en 1887, ya bajo gobierno liberal de Sagasta. Sólo los partidos llamados dinásticos, es decir, los que aceptaron el sistema, estaban autorizados, sindicatos y asociaciones obreras operaban en la clandestinidad, habían sido prohibidos en 1874.
Cánovas, no obstante, necesitaba incorporar al régimen a los grupos políticos procedentes del Sexenio que pudieran constituir un partido alternativo al suyo, lo que era fundamental para la consolidación del sistema. Este fue el Partido Constitucional (constituido por progresistas y miembros de la Unión Liberal), liderado por Práxedes Mateo Sagasta. Los «constitucionales» apoyaron la Monarquía y aceptaron la Constitución de 1876, lo que hizo converger hacia el Partido Constitucional a otros grupos políticos, hasta que en 1880 se unificaron en el Partido Fusionista (Partido Liberal), convirtiéndose en la alternativa a los Conservadores de Cánovas.
Primer gobierno de Sagasta (1881-1884)
En 1881 los liberales formaron gobierno por vez primera y comenzó la alternancia que caracterizó al régimen, una alternancia política que duró más de cuarenta años, hasta desembocar en la crisis del sistema en 1923.
El gobierno liberal de Sagasta tomó medidas para terminar con las restricciones de la libertad de expresión: limitó las denuncias por delitos de imprenta y permitió que las asociaciones obreras y republicanas volvieran a actuar con libertad. Pero no se atrevió a restituir el juicio por jurados o a restablecer el sufragio universal. Esta forma de actuar y la crisis económica de 1882-1884 provocaron disturbios y protestas sociales (La Mano Negra en el campo andaluz y el intento de pronunciamiento republicano de 1883).
El gobierno de Sagasta reaccionó ante estas protestas con dureza: intervención del ejército y procesamiento de los golpistas, para los que solicitó penas de muerte y exilio. Ante la debilidad del gobierno para solucionar esta crisis el Rey encargó a Cánovas formar un nuevo gobierno (1884).
Segundo gobierno de Cánovas (1884-1885)
Cuando un partido experimentaba el desgaste de su gestión, o sencillamente cuando los líderes políticos consideraban necesario un relevo en el poder, se sugería al Rey el nombramiento de un nuevo gobierno. El nuevo Presidente era siempre el líder del partido hasta entonces en la oposición, y recibía junto con su nombramiento el decreto de disolución de las Cortes y la convocatoria de nuevas elecciones (este era el mecanismo establecido en el sistema canovista).
El segundo gobierno canovista apenas tuvo tiempo para modificar todas las medidas de los liberales por la repentina muerte de Alfonso XII.
3. La regencia de María Cristina (1885-1902).
Con la muerte de Alfonso XII (1885) fue necesario establecer un acuerdo entre los dos líderes para garantizar la estabilidad del régimen (uno de los pilares básicos del sistema canovista era la figura del monarca) durante el largo periodo de la Regencia. El hecho de que María Cristina fuera una extranjera sin experiencia política originaba serias dudas sobre su actitud para gobernar, y además estaba la incertidumbre sobre el posible heredero (aunque meses después nació Alfonso XIII). Esa situación llevó a los líderes políticos (Cánovas y Sagasta) a establecer un acuerdo conocido como el Pacto del Pardo, por el que Cánovas se comprometía a ceder el gobierno a Sagasta a cambio de la lealtad de los liberales a la Constitución de 1876 y así garantizar la continuidad del sistema. Las principales medidas que se recogen son:
- Compromiso de ambos para apoyar a la Regente.
- Facilitar el relevo en el gobierno cuando éste pierda prestigio y apoyo de la opinión pública.
- No echar abajo la legislación que cada uno de ellos aprobara en el ejercicio del poder.
El pacto se cumplió y produjo un cambio de gobierno que, por otro lado, parecía necesario dada la división de los conservadores. Además, sirvió para anular los esfuerzos de los republicanos y evitó la consiguiente reacción de un levantamiento carlista.
Segundo gobierno de Sagasta (1885-1890)
Sagasta formó de nuevo gobierno en noviembre de 1885, y su Partido obtuvo una «holgada mayoría» en las elecciones, gracias una vez más a la manipulación electoral (pucherazo). El gobierno liberal llevó a cabo una serie de reformas, dándole al régimen la forma que pretendía Sagasta y que no se atrevió a realizar durante su primer mandato. Entre estas reformas destacan las siguientes:
- Libertad de imprenta, libertad de expresión y libertad de enseñanza.
- Libertad de prensa (no tiene una gran repercusión sobre la opinión pública por el analfabetismo y el control de los caciques).
- Restablecimiento de la libertad de asociación (1887), dando lugar al desarrollo del movimiento obrero.
- Se restableció el juicio por jurados (1888).
- Restablece el sufragio universal para los varones mayores de 25 años (1890).
A pesar de todo esto, la apertura del régimen no fue tan significativa. Aunque hubo una mayor libertad de opinión, de reunión y de asociación, el sufragio universal quedaba desvirtuado por la manipulación electoral.
El tercer gobierno de Cánovas (1890-1892)
Las primeras elecciones por sufragio universal «masculino» dieron la «victoria» al gobierno recién formado por Cánovas. Esta etapa viene marcada por su corta duración, debido a las medidas económicas adoptadas (proteccionistas) que no solucionaron la crisis. A todo esto se le suma el auge del movimiento obrero y el desarrollo de las corrientes nacionalistas en Cataluña, Valencia y el País Vasco (elementos importantes de oposición al sistema).
El tercer gobierno de Sagasta (1892-1895)
En 1892 Sagasta formó gobierno y volvió a ganar «sus elecciones». Lo más destacado del mandato liberal fue el proyecto de reforma para la administración y gobierno de Cuba (Antonio Maura) que contó con la oposición cerrada de los intereses indianos, por lo que acabó siendo retirado. Será en este momento cuando comienza a gestarse la insurrección cubana, que estalló en 1895. Ante la gravedad de la situación, Cánovas fue llamado a formar gobierno.
Los últimos gobiernos del primer periodo de la Restauración (1895-1902)
Toda la trayectoria de esta etapa estuvo marcada por la guerra de Cuba y por los intentos fallidos de dominar la isla. En 1897 Cánovas es asesinado por los anarquistas, por lo que Sagasta forma un nuevo gobierno. En 1899 la presión política desembocó en un voto de censura hacia Sagasta, causado por la derrota. Silvela, nuevo líder conservador, formó un gobierno que presentó un programa regeneracionista, con el propósito de emprender un ambicioso plan de reforma económica y de inversiones. Los enfrentamientos internos y la oposición de los grupos oligárquicos frenaron la reforma.
En 1901 Sagasta volvía a formar gobierno y en 1902 Alfonso XIII era proclamado Rey. Un año más tarde, ya retirado del gobierno, moría Sagasta. Con la muerte del viejo líder liberal, el inicio del nuevo reinado, y las consecuencias del «Desastre», termina el primer periodo del régimen de la Restauración.
- Compromiso de ambos para apoyar a la Regente.
- Facilitar el relevo en el gobierno cuando éste pierda prestigio y apoyo de la opinión pública.
- No echar abajo la legislación que cada uno de ellos aprobara en el ejercicio del poder.
El pacto se cumplió y produjo un cambio de gobierno que, por otro lado, parecía necesario dada la división de los conservadores. Además, sirvió para anular los esfuerzos de los republicanos y evitó la consiguiente reacción de un levantamiento carlista.
Segundo gobierno de Sagasta (1885-1890)
Sagasta formó de nuevo gobierno en noviembre de 1885, y su Partido obtuvo una «holgada mayoría» en las elecciones, gracias una vez más a la manipulación electoral (pucherazo). El gobierno liberal llevó a cabo una serie de reformas, dándole al régimen la forma que pretendía Sagasta y que no se atrevió a realizar durante su primer mandato. Entre estas reformas destacan las siguientes:
- Libertad de imprenta, libertad de expresión y libertad de enseñanza.
- Libertad de prensa (no tiene una gran repercusión sobre la opinión pública por el analfabetismo y el control de los caciques).
- Restablecimiento de la libertad de asociación (1887), dando lugar al desarrollo del movimiento obrero.
- Se restableció el juicio por jurados (1888).
- Restablece el sufragio universal para los varones mayores de 25 años (1890).
A pesar de todo esto, la apertura del régimen no fue tan significativa. Aunque hubo una mayor libertad de opinión, de reunión y de asociación, el sufragio universal quedaba desvirtuado por la manipulación electoral.
El tercer gobierno de Cánovas (1890-1892)
Las primeras elecciones por sufragio universal «masculino» dieron la «victoria» al gobierno recién formado por Cánovas. Esta etapa viene marcada por su corta duración, debido a las medidas económicas adoptadas (proteccionistas) que no solucionaron la crisis. A todo esto se le suma el auge del movimiento obrero y el desarrollo de las corrientes nacionalistas en Cataluña, Valencia y el País Vasco (elementos importantes de oposición al sistema).
El tercer gobierno de Sagasta (1892-1895)
En 1892 Sagasta formó gobierno y volvió a ganar «sus elecciones». Lo más destacado del mandato liberal fue el proyecto de reforma para la administración y gobierno de Cuba (Antonio Maura) que contó con la oposición cerrada de los intereses indianos, por lo que acabó siendo retirado. Será en este momento cuando comienza a gestarse la insurrección cubana, que estalló en 1895. Ante la gravedad de la situación, Cánovas fue llamado a formar gobierno.
Los últimos gobiernos del primer periodo de la Restauración (1895-1902)
Toda la trayectoria de esta etapa estuvo marcada por la guerra de Cuba y por los intentos fallidos de dominar la isla. En 1897 Cánovas es asesinado por los anarquistas, por lo que Sagasta forma un nuevo gobierno. En 1899 la presión política desembocó en un voto de censura hacia Sagasta, causado por la derrota. Silvela, nuevo líder conservador, formó un gobierno que presentó un programa regeneracionista, con el propósito de emprender un ambicioso plan de reforma económica y de inversiones. Los enfrentamientos internos y la oposición de los grupos oligárquicos frenaron la reforma.
En 1901 Sagasta volvía a formar gobierno y en 1902 Alfonso XIII era proclamado Rey. Un año más tarde, ya retirado del gobierno, moría Sagasta. Con la muerte del viejo líder liberal, el inicio del nuevo reinado, y las consecuencias del «Desastre», termina el primer periodo del régimen de la Restauración.
4. Oposición al sistema: republicanismo, movimientos obreros, regionalismos y nacionalismos.
El movimiento obrero
Con la llegada de la Restauración el movimiento obrero había pasado a la clandestinidad (prohibidos en 1874). Se encontraba claramente dividido en dos corrientes diferentes: socialista marxista y anarquista.
Aunque la implantación del anarquismo era notable en Cataluña, Aragón, Valencia y Andalucía, tanto en las fábricas como entre los jornaleros, las divisiones internas, la escasa organización y la represión policial hicieron que a finales de los años ochenta la mayoría de los obreros y campesinos anarquistas se inclinaran por un activismo predominantemente sindical y reivindicativo, mientras los más radicales optaban por la «acción directa», es decir, la huelga violenta o el atentado.
Esa táctica de los más radicales sirvió para etiquetar de violento a todo el anarquismo.
La otra corriente del movimiento obrero fue la marxista, que ya desde 1870 tenía en Madrid su principal sede. En 1879 se fundó el PSOE. Una comisión, encabezada por Pablo Iglesias y Jaime Vera, redactó el primer programa del partido, que se basaba en tres objetivos fundamentales de clara influencia marxista:
- la abolición de las clases sociales y la emancipación de los trabajadores
- la transformación de la propiedad privada en propiedad social o colectiva
- la conquista del poder político por la clase obrera.
El programa incluía, además, una larga lista de reivindicaciones políticas y de carácter laboral, que pretendía la mejora de las condiciones de vida de los obreros. En 1888, cuando ya había agrupaciones socialistas en las principales ciudades del país, se fundó en Barcelona la Unión General de Trabajadores (UGT), un sindicato de inspiración socialista. A partir de 1888 se establece una clara división entre el Partido (objetivos políticos) y el sindicato, cuya función reivindicativa e inmediata era la defensa de los trabajadores en la sociedad capitalista. En 1890 se celebró por vez primera el 1 de Mayo (sigue las directrices aprobadas en la II Internacional).
A comienzos del siglo XX el PSOE aumenta el número de militantes y simpatizantes por su postura contraria a las guerras coloniales (Cuba, Filipinas y Marruecos). Los socialistas se opusieron al servicio militar discriminatorio que se realizó para poder combatir en estos frentes y denunciaron la guerra como elemento imperialista y antisocial. El hecho de no tener ninguna responsabilidad en el desastre de 1898 sería decisivo para popularizar la imagen del partido.
La ley de Asociaciones de 1887 posibilitó la creación de sindicatos obreros dentro de la legalidad, aunque su capacidad de acción se veía muy limitada por determinados artículos del Código Penal y por la ausencia del sufragio universal. Uno de los medios para conseguir las reivindicaciones obreras era la huelga, pero la actitud del mismo Pablo Iglesias ante esta era muy moderada, lo que hizo que el gobierno en varias ocasiones considerara a los socialistas como unos intermediarios válidos entre el Estado y los obreros, marginando de esta forma a los anarquistas.
En este contexto surge en Andalucía una sociedad secreta de filiación anarquista (la Mano Negra), cuyos métodos terroristas alcanzaron tal resonancia que motivaron la disolución de la propia federación, y aunque en 1902 se crea la CGT, ésta no tendrá fuerza como sindicato hasta 1910.
Republicanismo
La primera experiencia republicana obtuvo cierta popularidad en distintas regiones españolas, y sobre todo, en la clase obrera, por lo que guardó siempre la esperanza de volver a alcanzar el poder (amenaza sistema de la Restauración). Los partidos republicanos de este periodo son los siguientes:
Grupo Posibilista, creado por Castelar, que desaparecerá cuando se integre en el partido monárquico liberal de Sagasta.
Grupo Republicano Reformista, se forma por la unión de los republicanos y la Institución de Libre Enseñanza (adhesión de intelectuales del momento: Ortega y Gasset y Manuel Azaña).
Unión Republicana, cuya tendencia estaba dirigida a la unión de los republicanos mediante la vía electoralista para la restitución de la República. Fue fundada por Nicolás Salmerón.
Partido Republicano Radical, representante de la tendencia republicana más importante. Estuvo dirigido por Ruiz Zorrilla, que era partidario de acabar con la monarquía mediante la acción de los militares republicanos. Un gran colaborador del partido fue Alejandro Lerroux.
Partido Republicano Federal, encabezado por Pi y Margall. La mayoría de sus partidarios se dispersaron adoptando una orientación obrera o dentro del regionalismo republicano (Esquerra Republicana de Cataluña).
Entre los republicanos no existía una unidad en cuanto a los objetivos políticos y en sus programas quedaba ausente una verdadera reforma social, por lo que no entusiasmaban a la clase obrera y tampoco atraían a las clases medias. Obtuvieron escaños en las elecciones pero la propia condición del proceso electoral les impedía alcanzar un número significativo de diputados. Muchos republicanos actuaron en la clandestinidad para conspirar contra el régimen canovista. Sin embargo, en 1898, los partidos republicanos cobran fuerza a medida que el sistema monárquico entraba en crisis. Tras el desastre colonial, los republicanos fueron más que nunca el enemigo más importante del régimen.
Regionalismo y Nacionalismo
Uno de los hechos más importantes del final del siglo XIX fue la aparición de movimientos políticos de carácter nacionalista en la periferia peninsular. Hasta la Restauración, la reivindicación foralista o nacionalista se había canalizado a través del republicanismo federal y del carlismo. Debilitadas ambas corrientes, surgen ahora movimientos que reivindican los derechos históricos catalanes, vascos, valencianos, gallegos y andaluces.
El movimiento regionalista en España tiene tres características que lo definen: el aspecto histórico-cultural, vinculado a la existencia de lenguas romances, el aspecto social, representado por una burguesía cuyos intereses económicos les lleva a marcar las diferencias de sus regiones con el resto de España, y el aspecto político, que a través de una reforma de las instituciones pretende alcanzar un régimen autonómico en el que se desarrollen plenamente los aspectos anteriores.
Desde el punto de vista político, “Centralización” y “Autonomía” han estado siempre presentes en la historia de España, y ambas son expresiones de dos mentalidades diferentes. Una identificada con la España castellana (centralismo), y la otra, representada por determinadas regiones periféricas (autonomía).
El movimiento regionalista será más fuerte y surgirá antes en Cataluña y País Vasco, al darse al mismo tiempo una diferenciación lingüística que basa el sentimiento nacional, y una burguesía desarrollada con una ideología nacionalista. Ante la falta de una burguesía fuerte que los impulsara, el nacionalismo gallego, valenciano y andaluz, fueron más débiles, pero estos contaban ya con sus defensores a finales del siglo XIX (desarrollo a principios del siglo XX).
Con la llegada de la Restauración el movimiento obrero había pasado a la clandestinidad (prohibidos en 1874). Se encontraba claramente dividido en dos corrientes diferentes: socialista marxista y anarquista.
Aunque la implantación del anarquismo era notable en Cataluña, Aragón, Valencia y Andalucía, tanto en las fábricas como entre los jornaleros, las divisiones internas, la escasa organización y la represión policial hicieron que a finales de los años ochenta la mayoría de los obreros y campesinos anarquistas se inclinaran por un activismo predominantemente sindical y reivindicativo, mientras los más radicales optaban por la «acción directa», es decir, la huelga violenta o el atentado.
Esa táctica de los más radicales sirvió para etiquetar de violento a todo el anarquismo.
La otra corriente del movimiento obrero fue la marxista, que ya desde 1870 tenía en Madrid su principal sede. En 1879 se fundó el PSOE. Una comisión, encabezada por Pablo Iglesias y Jaime Vera, redactó el primer programa del partido, que se basaba en tres objetivos fundamentales de clara influencia marxista:
- la abolición de las clases sociales y la emancipación de los trabajadores
- la transformación de la propiedad privada en propiedad social o colectiva
- la conquista del poder político por la clase obrera.
El programa incluía, además, una larga lista de reivindicaciones políticas y de carácter laboral, que pretendía la mejora de las condiciones de vida de los obreros. En 1888, cuando ya había agrupaciones socialistas en las principales ciudades del país, se fundó en Barcelona la Unión General de Trabajadores (UGT), un sindicato de inspiración socialista. A partir de 1888 se establece una clara división entre el Partido (objetivos políticos) y el sindicato, cuya función reivindicativa e inmediata era la defensa de los trabajadores en la sociedad capitalista. En 1890 se celebró por vez primera el 1 de Mayo (sigue las directrices aprobadas en la II Internacional).
A comienzos del siglo XX el PSOE aumenta el número de militantes y simpatizantes por su postura contraria a las guerras coloniales (Cuba, Filipinas y Marruecos). Los socialistas se opusieron al servicio militar discriminatorio que se realizó para poder combatir en estos frentes y denunciaron la guerra como elemento imperialista y antisocial. El hecho de no tener ninguna responsabilidad en el desastre de 1898 sería decisivo para popularizar la imagen del partido.
La ley de Asociaciones de 1887 posibilitó la creación de sindicatos obreros dentro de la legalidad, aunque su capacidad de acción se veía muy limitada por determinados artículos del Código Penal y por la ausencia del sufragio universal. Uno de los medios para conseguir las reivindicaciones obreras era la huelga, pero la actitud del mismo Pablo Iglesias ante esta era muy moderada, lo que hizo que el gobierno en varias ocasiones considerara a los socialistas como unos intermediarios válidos entre el Estado y los obreros, marginando de esta forma a los anarquistas.
En este contexto surge en Andalucía una sociedad secreta de filiación anarquista (la Mano Negra), cuyos métodos terroristas alcanzaron tal resonancia que motivaron la disolución de la propia federación, y aunque en 1902 se crea la CGT, ésta no tendrá fuerza como sindicato hasta 1910.
Republicanismo
La primera experiencia republicana obtuvo cierta popularidad en distintas regiones españolas, y sobre todo, en la clase obrera, por lo que guardó siempre la esperanza de volver a alcanzar el poder (amenaza sistema de la Restauración). Los partidos republicanos de este periodo son los siguientes:
Grupo Posibilista, creado por Castelar, que desaparecerá cuando se integre en el partido monárquico liberal de Sagasta.
Grupo Republicano Reformista, se forma por la unión de los republicanos y la Institución de Libre Enseñanza (adhesión de intelectuales del momento: Ortega y Gasset y Manuel Azaña).
Unión Republicana, cuya tendencia estaba dirigida a la unión de los republicanos mediante la vía electoralista para la restitución de la República. Fue fundada por Nicolás Salmerón.
Partido Republicano Radical, representante de la tendencia republicana más importante. Estuvo dirigido por Ruiz Zorrilla, que era partidario de acabar con la monarquía mediante la acción de los militares republicanos. Un gran colaborador del partido fue Alejandro Lerroux.
Partido Republicano Federal, encabezado por Pi y Margall. La mayoría de sus partidarios se dispersaron adoptando una orientación obrera o dentro del regionalismo republicano (Esquerra Republicana de Cataluña).
Entre los republicanos no existía una unidad en cuanto a los objetivos políticos y en sus programas quedaba ausente una verdadera reforma social, por lo que no entusiasmaban a la clase obrera y tampoco atraían a las clases medias. Obtuvieron escaños en las elecciones pero la propia condición del proceso electoral les impedía alcanzar un número significativo de diputados. Muchos republicanos actuaron en la clandestinidad para conspirar contra el régimen canovista. Sin embargo, en 1898, los partidos republicanos cobran fuerza a medida que el sistema monárquico entraba en crisis. Tras el desastre colonial, los republicanos fueron más que nunca el enemigo más importante del régimen.
Regionalismo y Nacionalismo
Uno de los hechos más importantes del final del siglo XIX fue la aparición de movimientos políticos de carácter nacionalista en la periferia peninsular. Hasta la Restauración, la reivindicación foralista o nacionalista se había canalizado a través del republicanismo federal y del carlismo. Debilitadas ambas corrientes, surgen ahora movimientos que reivindican los derechos históricos catalanes, vascos, valencianos, gallegos y andaluces.
El movimiento regionalista en España tiene tres características que lo definen: el aspecto histórico-cultural, vinculado a la existencia de lenguas romances, el aspecto social, representado por una burguesía cuyos intereses económicos les lleva a marcar las diferencias de sus regiones con el resto de España, y el aspecto político, que a través de una reforma de las instituciones pretende alcanzar un régimen autonómico en el que se desarrollen plenamente los aspectos anteriores.
Desde el punto de vista político, “Centralización” y “Autonomía” han estado siempre presentes en la historia de España, y ambas son expresiones de dos mentalidades diferentes. Una identificada con la España castellana (centralismo), y la otra, representada por determinadas regiones periféricas (autonomía).
El movimiento regionalista será más fuerte y surgirá antes en Cataluña y País Vasco, al darse al mismo tiempo una diferenciación lingüística que basa el sentimiento nacional, y una burguesía desarrollada con una ideología nacionalista. Ante la falta de una burguesía fuerte que los impulsara, el nacionalismo gallego, valenciano y andaluz, fueron más débiles, pero estos contaban ya con sus defensores a finales del siglo XIX (desarrollo a principios del siglo XX).
5. Conclusión.
En la España de la Restauración hay que distinguir dos realidades claramente diferenciadas entre una España real y una España de derecho. El apoyo del caciquismo y de la oligarquía fue muy importante para el sistema canovista, eran los encargados de establecer el control del gobierno en todo el territorio, este control se traduce en el desarrollo de una política que se orientaba a satisfacer sus intereses.
La valoración del régimen durante este primer periodo se caracteriza por: la estabilidad de la vida política y administrativa, la pacificación general (Guerra Carlista e insurrección de Cuba), la tendencia centralizadora y la uniformidad jurídica y administrativa (reflejo de un liberalismo moderado).
Otro aspecto importante fue el desarrollo de una política financiera dirigida a hacer frente a la crisis y una política social muy mediatizada por los intereses de los grandes partidos gubernamentales, pero los gobernantes del último tercio del siglo montaron un Estado y una administración que no supieron poner al servicio de todos los españoles, especialmente de los más necesitados (Andalucía episodios de violencia).
El régimen de la Restauración con su sistema bipartidista influirá el desarrollo político del siglo XX. El bipartidismo tendrá su continuidad en el enfrentamiento entre dos tendencias políticas: la derecha y la izquierda.
Los problemas generados por el Desastre del 98 marcará la política española del primer tercio del siglo XX: la crisis social, la cuestión militar, la cuestión religiosa y la cuestión regionalista. Durante los primeros años del siglo XX se intentó desarrollar una política regeneracionista, para acabar con la corrupción política generada por el propio sistema canovista, pero los intentos de Maura y Canalejas, líderes del partido Conservador y del partido Liberal respectivamente, fracasaron una vez más por los intereses de la oligarquía industrial y del caciquismo.
La valoración del régimen durante este primer periodo se caracteriza por: la estabilidad de la vida política y administrativa, la pacificación general (Guerra Carlista e insurrección de Cuba), la tendencia centralizadora y la uniformidad jurídica y administrativa (reflejo de un liberalismo moderado).
Otro aspecto importante fue el desarrollo de una política financiera dirigida a hacer frente a la crisis y una política social muy mediatizada por los intereses de los grandes partidos gubernamentales, pero los gobernantes del último tercio del siglo montaron un Estado y una administración que no supieron poner al servicio de todos los españoles, especialmente de los más necesitados (Andalucía episodios de violencia).
El régimen de la Restauración con su sistema bipartidista influirá el desarrollo político del siglo XX. El bipartidismo tendrá su continuidad en el enfrentamiento entre dos tendencias políticas: la derecha y la izquierda.
Los problemas generados por el Desastre del 98 marcará la política española del primer tercio del siglo XX: la crisis social, la cuestión militar, la cuestión religiosa y la cuestión regionalista. Durante los primeros años del siglo XX se intentó desarrollar una política regeneracionista, para acabar con la corrupción política generada por el propio sistema canovista, pero los intentos de Maura y Canalejas, líderes del partido Conservador y del partido Liberal respectivamente, fracasaron una vez más por los intereses de la oligarquía industrial y del caciquismo.
