El proceso de transición a la democracia y la Constitución de 1978.
Introducción.
1. El final del Régimen Franquista: el gobierno de Arias Navarro (1973-1975).
2. Los inicios de la Transición: muerte de Franco y el segundo gobierno de Arias Navarro (1975-1976).
3. El gobierno de Adolfo Suárez y el proyecto de Ley para la Reforma Política.
4. Las elecciones de 1977 y los Pactos de La Moncloa.
5. La Constitución de 1978.
6. Conclusión.
Introducción.
La Se cono conoce como Transición al periodo de la Historia de España que se inicia tras la muerte de Franco (1975) y termina con la aprobación de la Constitución de 1978, aunque el proceso culminará definitivamente con el intento fallido de golpe de Estado de 1981, cuando todas las instituciones, incluido gran parte del Ejército, y el pueblo apoyaron a la democracia. Es un periodo de transición de una dictadura a un sistema democrático, se trata de la recuperación del liberalismo perdido con el Franquismo tras la Guerra Civil y que casi duró 40 años. Se estableció un plan para conseguir recuperar la democracia con el consentimiento de las propias instituciones franquistas.
El contexto internacional no fue nada favorable, pero a pesar de ello resultó ser un proceso modélico para ese momento y teniendo en cuenta todas las circunstancias que lo rodearon.
La Transición se define por el consenso que se mantuvo durante esos años entre todas las fuerzas ideológicas y políticas para conseguir un objetivo común, la recuperación de la democracia.
Los tres protagonistas de la transición democrática fueron Fernández-Miranda, que en un principio fue el encargado de dirigir el proceso y diseñar el plan, Juan Carlos I que representaba la autoridad militar y política tras suceder a Franco, y por último el ejecutor de este plan Adolfo Suárez, que jugó un papel destacado para el restablecimiento de los derechos y libertades en España con su Ley para la Reforma Política.
La Transición se define por el consenso que se mantuvo durante esos años entre todas las fuerzas ideológicas y políticas para conseguir un objetivo común, la recuperación de la democracia.
Los tres protagonistas de la transición democrática fueron Fernández-Miranda, que en un principio fue el encargado de dirigir el proceso y diseñar el plan, Juan Carlos I que representaba la autoridad militar y política tras suceder a Franco, y por último el ejecutor de este plan Adolfo Suárez, que jugó un papel destacado para el restablecimiento de los derechos y libertades en España con su Ley para la Reforma Política.
1. El final del Régimen Franquista: el gobierno de Arias Navarro (1973-1975).
En 1973, tras el asesinato de Carrero Blanco (20/12/1973), Arias Navarro accedió a la presidencia del gobierno en un momento crítico para el régimen franquista, tuvo que hacer frente a una crisis económica originada por la crisis del petróleo en 1973.
En 1974 presentó ante las Cortes franquistas una reforma del régimen «La Apertura Controlada», mientras Juan Carlos ocupaba la jefatura de Estado provisionalmente ante la baja por enfermedad de Franco. Esta reforma se caracteriza por permitir la elección de alcaldes y altos funcionarios locales, aumentar el número de diputados electos en las Cortes franquistas y permitir la creación de asociaciones políticas.
Franco, orientado por los inmovilistas y tras el atentado de ETA en Madrid (cafetería Rolando), rompe con las medidas aperturistas una vez que se reincorpora.
Esta debilidad del régimen será aprovechada por Hassan II para ocupar el Sahara español en octubre de 1975 (Marcha Verde).
Esta debilidad del régimen será aprovechada por Hassan II para ocupar el Sahara español en octubre de 1975 (Marcha Verde).
Las ejecuciones en septiembre de 1975 de 3 miembros del FRAP (Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico) y 2 de ETA (Euskadi Ta Askatasuna) provocan protestas internacionales, ya que suponía una violación de los Derechos Humanos. El Papa Pablo VI y los obispos españoles condenan esta acción y 15 embajadores europeos se retiraron de sus respectivas embajadas en España.
Todo esto complicaba aún más la situación en España al final del Franquismo y no ayudaría en nada al proceso de transición política.
El 20/11/1975 fallece oficialmente Franco y se pone en marcha el mecanismo de sucesión. El 23 de noviembre ya es nuevo Jefe de Estado Juan Carlos I y a partir de ahora se inicia un periodo marcado por dos posturas: reforma o ruptura con el Franquismo.Todo esto complicaba aún más la situación en España al final del Franquismo y no ayudaría en nada al proceso de transición política.
2. Los inicios de la Transición: la muerte de Franco y el segundo gobierno de Arias Navarro.
a) Tras la muerte de Franco fue proclamado Jefe de Estado Juan Carlos I, muy pocos confiaban en que pudiera haber un cambio democrático pacífico después de su discurso de investidura (22/11/1975). Sin embargo, en un periodo de tiempo corto, el pueblo español fue capaz de realizar el cambio desde la dictadura a una democracia plena, en un proceso que se ha denominado Transición. Este proceso se considera modélico por la manera en que, en términos generales, se llevó a efecto.
Hay que tener en cuenta que la coyuntura internacional en que se desarrolló no fue precisamente favorable:
- Las consecuencias de la crisis del petróleo: inflación y aumento del paro.
- La falta de apoyos por parte de las potencias occidentales.
- El ingreso en la CEE era imposible por la crítica internacional motivada por los fusilamientos de septiembre de 1975.
Hay que tener en cuenta que la coyuntura internacional en que se desarrolló no fue precisamente favorable:
- Las consecuencias de la crisis del petróleo: inflación y aumento del paro.
- La falta de apoyos por parte de las potencias occidentales.
- El ingreso en la CEE era imposible por la crítica internacional motivada por los fusilamientos de septiembre de 1975.
Las fuerzas políticas en 1975 están agrupadas de la forma siguiente:
Dentro del Franquismo existía una clara división entre los inmovilistas y los aperturistas.
El Búnker (sector inmovilista): estaba compuesto por la Confederación Nacional de Combatientes (Girón de Velasco), Fuerza Nueva (Blas Piñar) y Falange (Fernández Cuesta). Su poder se basaba en el dominio que tenían en las Cortes franquistas y en los medios de comunicación.
Aperturistas: constituido por políticos jóvenes que defienden el estatuto de asociación política (Adolfo Suárez, Martín Villa, Calvo Sotelo...) y políticos más veteranos convencidos de la necesidad del cambio político para que España pueda ingresar en la CEE (Comunidad Económica Europea) y salir de la crisis (Areilza y Fraga Iribarne). De este sector saldrán los principales dirigentes de los sucesivos gobiernos de la Transición.
- Los catalanistas unen sus fuerzas en el Consell de Forces Politiques de Catalunya para reivindicar el restablecimiento de la autonomía, destaca Convergencia Democrática de Catalunya de Jordi Pujol.
- En el País Vasco existe una clara división entre: nacionalistas y españolistas. Destaca la popularidad y el apoyo que consiguió ETA por su lucha contra el franquismo. El PNV, que rechazó la violencia como táctica de lucha, no condenó sus atentados.
- En la izquierda nos encontramos: el Partido Socialista Popular (PSP) de Tierno Galván, que tiene su principal apoyo entre los estudiantes y los intelectuales. La escasa influencia del PSOE en España motivó que la Internacional Socialista designase como secretario general a Felipe González (perteneciente al grupo de los renovadores) en 1974, tras negarse el líder de UGT (Nicolás Redondo). El PCE se benefició de su activismo político en la lucha contra el régimen. Su fuerte disciplina interna y su capacidad de movilización le convertía en el partido clave en los primeros meses de la Transición.
En 1974 se crea la Junta Democrática, plataforma unitaria de la oposición. El PSOE se negó a formar parte de ella por el protagonismo que tenía en ésta el PCE y funda en 1975 la Plataforma de Convergencia Democrática.
- En el mundo sindical la fuerza determinante era la de las CC.OO.
El proceso tendría que realizarse dentro de la propia legalidad franquista para evitar cualquier tipo de conflicto. Para ello, era fundamental colocar en puestos importantes a personas que estuvieran dispuestos a colaborar con el proceso de transición. Torcuato Fernández-Miranda es designado como nuevo presidente de las Cortes y del Consejo del Reino. El Rey mantuvo a Arias Navarro como jefe del gobierno para tranquilizar al sector inmovilista, pero le impuso unos ministros partidarios del cambio político (Fraga, Areilza y Adolfo Suárez entre otros).
El nuevo gobierno se caracterizó por las continuas confrontaciones entre Arias navarro y sus ministros reformistas. En enero de 1976 una oleada de huelgas sacudió al país (carácter laboral y político). La dura represión policial desprestigió la imagen reformista del Gobierno.
Aprovechando esta situación de desprestigio la oposición política decide unirse para tener más fuerza y poder participar en el proceso de cambio: la Junta Democrática (PCE) y la Plataforma de Convergencia (PSOE) se disuelven y se constituye la Platajunta.
El Gobierno no consiguió aprobar en las Cortes la reforma del Código Penal por falta de apoyos (los inmovilistas eran mayoría en las Cortes), esta reforma era vital para la legalización de los partidos políticos. Tras su fracaso, el 1 de julio de 1976 Arias Navarro es destituido.
Todos los sectores políticos de la oposición albergaban la esperanza de que el nuevo presidente fuera Areilza o Fraga. Pero el rey, siguiendo la recomendación de Torcuato Fernández-Miranda, encargó formar gobierno a Adolfo Suárez (un exministro del gabinete de Arias Navarro).
Dentro del Franquismo existía una clara división entre los inmovilistas y los aperturistas.
El Búnker (sector inmovilista): estaba compuesto por la Confederación Nacional de Combatientes (Girón de Velasco), Fuerza Nueva (Blas Piñar) y Falange (Fernández Cuesta). Su poder se basaba en el dominio que tenían en las Cortes franquistas y en los medios de comunicación.
Aperturistas: constituido por políticos jóvenes que defienden el estatuto de asociación política (Adolfo Suárez, Martín Villa, Calvo Sotelo...) y políticos más veteranos convencidos de la necesidad del cambio político para que España pueda ingresar en la CEE (Comunidad Económica Europea) y salir de la crisis (Areilza y Fraga Iribarne). De este sector saldrán los principales dirigentes de los sucesivos gobiernos de la Transición.
El otro grupo lo constituía la oposición política (partidos políticos prohibidos en España) que se caracterizaba por estar muy dividida:
- Grupos de la derecha democrática, encabezados por Ruiz Giménez y Gil Robles.- Los catalanistas unen sus fuerzas en el Consell de Forces Politiques de Catalunya para reivindicar el restablecimiento de la autonomía, destaca Convergencia Democrática de Catalunya de Jordi Pujol.
- En el País Vasco existe una clara división entre: nacionalistas y españolistas. Destaca la popularidad y el apoyo que consiguió ETA por su lucha contra el franquismo. El PNV, que rechazó la violencia como táctica de lucha, no condenó sus atentados.
- En la izquierda nos encontramos: el Partido Socialista Popular (PSP) de Tierno Galván, que tiene su principal apoyo entre los estudiantes y los intelectuales. La escasa influencia del PSOE en España motivó que la Internacional Socialista designase como secretario general a Felipe González (perteneciente al grupo de los renovadores) en 1974, tras negarse el líder de UGT (Nicolás Redondo). El PCE se benefició de su activismo político en la lucha contra el régimen. Su fuerte disciplina interna y su capacidad de movilización le convertía en el partido clave en los primeros meses de la Transición.
En 1974 se crea la Junta Democrática, plataforma unitaria de la oposición. El PSOE se negó a formar parte de ella por el protagonismo que tenía en ésta el PCE y funda en 1975 la Plataforma de Convergencia Democrática.
- En el mundo sindical la fuerza determinante era la de las CC.OO.
b) El segundo gobierno de Arias Navarro (1975-1976)
La influencia de Franco sobre la formación política de Juan Carlos I hizo pensar a muchos españoles, especialmente a la oposición política, que el futuro rey sería un continuador del franquismo. Sin embargo, en noviembre de 1975 comenzó el proceso de cambio político (Transición).El proceso tendría que realizarse dentro de la propia legalidad franquista para evitar cualquier tipo de conflicto. Para ello, era fundamental colocar en puestos importantes a personas que estuvieran dispuestos a colaborar con el proceso de transición. Torcuato Fernández-Miranda es designado como nuevo presidente de las Cortes y del Consejo del Reino. El Rey mantuvo a Arias Navarro como jefe del gobierno para tranquilizar al sector inmovilista, pero le impuso unos ministros partidarios del cambio político (Fraga, Areilza y Adolfo Suárez entre otros).
El nuevo gobierno se caracterizó por las continuas confrontaciones entre Arias navarro y sus ministros reformistas. En enero de 1976 una oleada de huelgas sacudió al país (carácter laboral y político). La dura represión policial desprestigió la imagen reformista del Gobierno.
Aprovechando esta situación de desprestigio la oposición política decide unirse para tener más fuerza y poder participar en el proceso de cambio: la Junta Democrática (PCE) y la Plataforma de Convergencia (PSOE) se disuelven y se constituye la Platajunta.
El Gobierno no consiguió aprobar en las Cortes la reforma del Código Penal por falta de apoyos (los inmovilistas eran mayoría en las Cortes), esta reforma era vital para la legalización de los partidos políticos. Tras su fracaso, el 1 de julio de 1976 Arias Navarro es destituido.
Todos los sectores políticos de la oposición albergaban la esperanza de que el nuevo presidente fuera Areilza o Fraga. Pero el rey, siguiendo la recomendación de Torcuato Fernández-Miranda, encargó formar gobierno a Adolfo Suárez (un exministro del gabinete de Arias Navarro).
3. El gobierno de Adolfo Suárez y el proyecto de Ley para la Reforma Política.
El nombramiento de Adolfo Suárez provocó numerosas críticas por parte de la prensa y de la oposición política. La oposición no creía que alguien que había pertenecido a la Secretaría General del Movimiento pudiera sacar adelante la reforma. Los inmovilistas veían en él a un hombre de poco prestigio. Suárez confeccionó un gabinete de políticos jóvenes, calificado como Gobierno de 3ª división por parte de la prensa, entre los que estaban Martín Villa, Landelino Lavilla, Marcelino Oreja, Abril Martorell, Oriol y Leopoldo Calvo Sotelo.
El nuevo Gobierno actuó desde el principio con el objetivo del cambio político:
a) El 14 de julio de 1976: se establece la reforma del Código Penal que permitiría la legalización de los partidos, salvo aquellos que “sometidos a una disciplina internacional se propongan implantar un sistema totalitario”, redacción que buscaba la exclusión del PCE.
b) El 16 de julio: el Gobierno se declara a favor de la soberanía popular, un régimen democrático y el respeto por las libertades.
c) El 31 de julio: aprueba una amplia amnistía, aunque excluye a los condenados por terrorismo (protestas en Euskadi).
d) En agosto Suárez mantuvo contactos con todos los líderes de la oposición (también con el líder del PCE Santiago Carrillo).
e) En septiembre: Adolfo Suárez presenta en las Cortes el proyecto de Ley para la Reforma Política, que supone el cambio hacia un sistema parlamentario nuevo y constituyente a partir de las instituciones franquistas.
Esta situación provocó el nerviosismo entre los inmovilistas: dimisión del Teniente General De Santiago. Le sucede el Teniente General Gutiérrez Mellado, el papel que jugó como Vicepresidente supuso un paso importante para la Transición, ya que fue una figura decisiva para la adaptación del ejército a la nueva realidad política.
La Ley para la Reforma Política (1976) reconoce la democracia y el principio de soberanía popular, le otorga a las Cortes el poder legislativo, establece la elección de sus miembros por sufragio y su desdoblamiento en dos cámaras (Congreso y Senado) y se regulaba la vía para que ambas cámaras asumieran en el futuro la reforma constitucional.
En noviembre de 1976 se aprobaron en las Cortes las últimas disposiciones legales y el 15 de diciembre de 1976 se aprobará en referéndum por el pueblo. Las circunstancias que rodearon al referéndum no fueron las más idóneas: la continua exigencia de una amnistía más amplia se saldó con la muerte de algunos manifestantes en enfrentamientos con la policía; ETA intensificaba sus atentados; la oposición aumentó su presión sobre el Gobierno (PSOE) exigiendo negociaciones. Mientras, el PCE optó por salir a la luz y echarle un pulso a Suárez. Santiago Carrillo dio una espectacular rueda de prensa en Madrid, que obligó al ministro de la Gobernación a poner a toda la policía en su búsqueda. El GRAPO (Grupos Revolucionarios Antifascistas Primero de Octubre), de tendencia comunista, secuestraba al presidente del Consejo de Estado (Oriol).
A pesar de la abstención de la oposición, la consulta supuso un éxito para el Gobierno. Participó el 77% del censo electoral, dando una amplia mayoría al Sí (94%), frente a un 2,6% del No. Con su aprobación las Cortes procedieron a la disolución del Movimiento (conjunto de instituciones franquistas). El siguiente paso será convocar unas elecciones constituyentes.
La adopción de las medidas democráticas para garantizar unas elecciones libres estuvo acompañada de una continua tensión de carácter terrorista: Cristo Rey (extrema derecha) asesina a un estudiante en una manifestación, cinco abogados laboralistas del PCE son asesinados (calle Atocha) por miembros de la ultraderecha y los GRAPO acaban con la vida de dos policías y un guardia civil.
La legalización del PCE se convertía en el principal obstáculo en el camino para conseguir este objetivo. El PCE era el símbolo de la resistencia al cambio político por parte de los inmovilistas y la cúpula militar, ya que había sido la principal fuerza de oposición que actuó en España durante el Franquismo. Pero el Presidente Suárez tenía claro que era necesario legalizarlo antes de las elecciones, si se quería que éstas fueran aceptadas como legítimas por la opinión pública española e internacional.
El Gobierno decretó la disolución del Movimiento y el día 9 de abril de 1977, Sábado Santo, aprovechando la tranquilidad de las vacaciones, se hizo pública la legalización del PCE. El Consejo Superior del Ejército emitía una nota acatando la decisión “por disciplina y patriotismo”, pero dejando entrever su desacuerdo.
El 14 de Abril (fecha simbólica) el PCE renuncia a plantear la alternativa republicana y acepta la bandera bicolor (renunciaba a sus principios republicanos) en un gesto que intentaba mejorar la imagen del partido ante una parte importante del país.
El mismo mes, Adolfo Suárez legalizaba las distintas centrales sindicales. Menos éxito tuvo Suárez frente al problema de Euskadi: dos ampliaciones sucesivas de la amnistía no sirvieron para calmar las acciones de ETA.
Las principales fuerzas políticas para las elecciones de 1977 son:
- Derecha: Alianza Popular (AP) liderada por Fraga Iribarne e integrada por varios exministros franquistas. Presentaba un programa de orden, autoridad y conservadurismo.
- Centro: Unión de Centro Democrático (UCD), su principal baza era su carácter moderado y la figura de Adolfo Suárez.
- Izquierda: el PSOE iniciaba la campaña con cierta ventaja, gracias al respaldo internacional y a la imagen de responsabilidad que su programa ofrecía, liderado por Felipe González. El PCE apenas tuvo tiempo de diseñar su programa, para muchos, era aún un partido revolucionario, pese al tono conciliador que sus dirigentes imprimieron a la campaña (Santiago Carrillo).
La campaña electoral para las elecciones de 1977 se desarrolló con normalidad y con una asistencia masiva a los actos electorales. El Gobierno abrió los medios de comunicación a todos los grupos políticos legales y la prensa aumentó las tiradas (el único tema de conversación en todo el país era la política). Esta apertura política se manifestaba en otros campos, como el de las costumbres, la libertad de expresión (estreno de películas prohibidas) o la libre crítica al Gobierno (en clave de humor).
El 15 de junio se celebraron las elecciones y los resultados daban la primacía a UCD y PSOE, dejando como minorías significativas al PCE y a AP. La normativa electoral permitió a UCD formar gobierno en solitario. El partido con mayor número de votos podía formar gobierno.
El 13 de julio se constituyeron las nuevas Cortes (presidida por Dolores Ibárruri) con el objetivo prioritario de elaborar una Constitución. Se formó una Comisión Constitucional con 36 miembros y una ponencia de 7 diputados, que representaban a todos los grupos políticos. Sin embargo, se excluyó de la ponencia al PNV (no condenaba los actos terroristas de ETA).
El período del primer Gobierno de la UCD (1977-1978) estuvo marcado por la necesidad de afrontar la crisis económica: alta inflación, aumento del paro, déficit exterior galopante, consumo desorbitado, etc...
El Gobierno propuso un pacto a todas las fuerzas políticas para solucionar la crisis y crear un clima propicio para la elaboración de la Constitución de 1978. Los Pactos de la Moncloa (Octubre de 1977) establecían medidas económicas que comprometen a todas las fuerzas sociales, incluidas la patronal y los sindicatos. Intenta contener la inflación y recuperar la economía, aunque durante varios años el paro siguió creciendo. También incluyen medidas sociales y políticas: reforma fiscal, control de la Seguridad Social, un programa de inversiones públicas... En su conjunto, permitieron al gobierno de Suárez establecer un consenso sobre su gestión económica que resultaría vital para avanzar en la vía democrática.
Los nacionalistas comenzaron a reclamar el restablecimiento de regímenes autonómicos en sus territorios. El presidente de la Generalitat en el exilio (Tarradellas) se había entrevistado con Suárez y con el Rey. En septiembre más de un millón y medio de catalanes se lanzaron a las calles reclamando la autonomía, por lo que el Gobierno restablecía la Generalitat. El 1 de enero de 1978 entraba en vigor la preautonomía de Euskadi, y a lo largo de todo el año las de las demás comunidades autónomas. El consenso también le sirvió al Gobierno para afrontar los durísimos ataques de aquellos años por parte de la ultraderecha y la extrema izquierda, además de ETA.
La Constitución fue el resultado de un pacto entre los más importantes partidos políticos (CONSENSO). Instituciones como la Iglesia y organizaciones como los sindicatos y la patronal se sumaron al mismo.
Fue aprobada por las Cortes el 31 de octubre de 1978 (proyecto aprobado por ambas cámaras con 551 votos de 598 posibles). Un reducido número de parlamentarios extremistas de izquierda y de derecha votaron en contra y el PNV se abstuvo.
El pueblo español la aprobó en referéndum el 6 de diciembre de 1978, con una participación del 67,1 % y el 87,8% de los votos afirmativos. La Constitución se estructura en 11 títulos, uno de ellos preliminar, 169 artículos y una serie de disposiciones finales.
- Se establece un Estado de Derecho organizado con una clara división de poderes).
- Las Cortes, formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado, son el órgano supremo de la soberanía popular y la manifestación del poder legislativo. Sus miembros son elegidos por sufragio universal y directo para mayores de 18 años. La duración en el cargo será de cuatro años.
- El Gobierno ostenta el poder ejecutivo, dirige las administraciones civiles y militares y conduce la política interior y exterior. El nombramiento del Presidente del Gobierno corresponde al Congreso a través de la votación de investidura. Se establece el control parlamentario (Las Cortes) sobre la acción del ejecutivo (Gobierno).
- El poder judicial corresponde a jueces y tribunales, y se establece un Tribunal Constitucional como máximo órgano jurisdiccional. El poder judicial se configura como protector de las leyes y propulsor de la justicia.
- El rey es el jefe del Estado con funciones exclusivamente ceremoniales y representativas.
- La declaración de derechos y deberes es detallada, siendo una de las más completas de las constituciones actuales: establece la mayoría de edad a los 18 años, la libertad religiosa y la abolición de la pena de muerte.
- Reconoce también derechos sociales, garantiza la propiedad privada y define el marco económico como economía social de mercado. Supone, en definitiva, una apuesta por el Estado del bienestar.
- El Estado de las Autonomías rompe con el anterior centralismo político. Pese a proclamar la indisoluble unidad de la nación, reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran (título VIII). Este derecho se concede a través de Estatutos de Autonomía que deberán ser aprobados por las Cortes.
La Constitución fija de manera detallada las competencias que corresponden a las Comunidades y al Estado. Existen dos vías para conseguirlas, la del articulo 143 y la del artículo 151 (vía rápida).
- Presenta un carácter abierto y flexible, ya que permite la posibilidad de realizar reformas o modificaciones al texto constitucional en las disposiciones finales.
El verdadero eje sobre el que gira todo el proceso fue la Ley para la Reforma Política, la legalización de los partidos políticos, incluido el PCE, la convocatoria de las elecciones de junio de 1977 y la elaboración de la Constitución se deben en gran parte a esta reforma.
Para que el desenlace de la Transición fuese el esperado hubo que establecer un consenso. También habría que tener en cuenta la actitud del pueblo español, que en su mayoría apoyó la transición democrática.
Los Pactos de la Moncloa ayudaron a estabilizar la situación social para que la redacción y posterior aprobación de la Constitución de 1978 contasen con un clima favorable.
Aunque se puede tomar como fecha final del proceso el 6 de diciembre de 1978, el intento de golpe de Estado del 23F de 1981 supuso para todos los españoles el final de cualquier intento por volver a lo anterior y el triunfo de la democracia en este país.
El consenso que marcó la Transición se rompería y da paso a una nueva etapa conocida como los gobiernos democráticos, caracterizada por el bipartidismo, el problema del terrorismo y del paro, el ingreso en la CEE y el desarrollo del Estado del Bienestar, entre otros aspectos destacados.
El nuevo Gobierno actuó desde el principio con el objetivo del cambio político:
a) El 14 de julio de 1976: se establece la reforma del Código Penal que permitiría la legalización de los partidos, salvo aquellos que “sometidos a una disciplina internacional se propongan implantar un sistema totalitario”, redacción que buscaba la exclusión del PCE.
b) El 16 de julio: el Gobierno se declara a favor de la soberanía popular, un régimen democrático y el respeto por las libertades.
c) El 31 de julio: aprueba una amplia amnistía, aunque excluye a los condenados por terrorismo (protestas en Euskadi).
d) En agosto Suárez mantuvo contactos con todos los líderes de la oposición (también con el líder del PCE Santiago Carrillo).
e) En septiembre: Adolfo Suárez presenta en las Cortes el proyecto de Ley para la Reforma Política, que supone el cambio hacia un sistema parlamentario nuevo y constituyente a partir de las instituciones franquistas.
Esta situación provocó el nerviosismo entre los inmovilistas: dimisión del Teniente General De Santiago. Le sucede el Teniente General Gutiérrez Mellado, el papel que jugó como Vicepresidente supuso un paso importante para la Transición, ya que fue una figura decisiva para la adaptación del ejército a la nueva realidad política.
La Ley para la Reforma Política (1976) reconoce la democracia y el principio de soberanía popular, le otorga a las Cortes el poder legislativo, establece la elección de sus miembros por sufragio y su desdoblamiento en dos cámaras (Congreso y Senado) y se regulaba la vía para que ambas cámaras asumieran en el futuro la reforma constitucional.
En noviembre de 1976 se aprobaron en las Cortes las últimas disposiciones legales y el 15 de diciembre de 1976 se aprobará en referéndum por el pueblo. Las circunstancias que rodearon al referéndum no fueron las más idóneas: la continua exigencia de una amnistía más amplia se saldó con la muerte de algunos manifestantes en enfrentamientos con la policía; ETA intensificaba sus atentados; la oposición aumentó su presión sobre el Gobierno (PSOE) exigiendo negociaciones. Mientras, el PCE optó por salir a la luz y echarle un pulso a Suárez. Santiago Carrillo dio una espectacular rueda de prensa en Madrid, que obligó al ministro de la Gobernación a poner a toda la policía en su búsqueda. El GRAPO (Grupos Revolucionarios Antifascistas Primero de Octubre), de tendencia comunista, secuestraba al presidente del Consejo de Estado (Oriol).
A pesar de la abstención de la oposición, la consulta supuso un éxito para el Gobierno. Participó el 77% del censo electoral, dando una amplia mayoría al Sí (94%), frente a un 2,6% del No. Con su aprobación las Cortes procedieron a la disolución del Movimiento (conjunto de instituciones franquistas). El siguiente paso será convocar unas elecciones constituyentes.
La adopción de las medidas democráticas para garantizar unas elecciones libres estuvo acompañada de una continua tensión de carácter terrorista: Cristo Rey (extrema derecha) asesina a un estudiante en una manifestación, cinco abogados laboralistas del PCE son asesinados (calle Atocha) por miembros de la ultraderecha y los GRAPO acaban con la vida de dos policías y un guardia civil.
4. Las elecciones de 1977 y los Pactos de La Moncloa.
A pesar de este clima de tensión y violencia, Adolfo Suárez comenzó sus negociaciones con la oposición. Uno de los primeros puntos a tratar fue la simplificación del trámite de legalización de los partidos políticos para presentar unas elecciones libres y democráticas.La legalización del PCE se convertía en el principal obstáculo en el camino para conseguir este objetivo. El PCE era el símbolo de la resistencia al cambio político por parte de los inmovilistas y la cúpula militar, ya que había sido la principal fuerza de oposición que actuó en España durante el Franquismo. Pero el Presidente Suárez tenía claro que era necesario legalizarlo antes de las elecciones, si se quería que éstas fueran aceptadas como legítimas por la opinión pública española e internacional.
El Gobierno decretó la disolución del Movimiento y el día 9 de abril de 1977, Sábado Santo, aprovechando la tranquilidad de las vacaciones, se hizo pública la legalización del PCE. El Consejo Superior del Ejército emitía una nota acatando la decisión “por disciplina y patriotismo”, pero dejando entrever su desacuerdo.
El 14 de Abril (fecha simbólica) el PCE renuncia a plantear la alternativa republicana y acepta la bandera bicolor (renunciaba a sus principios republicanos) en un gesto que intentaba mejorar la imagen del partido ante una parte importante del país.
El mismo mes, Adolfo Suárez legalizaba las distintas centrales sindicales. Menos éxito tuvo Suárez frente al problema de Euskadi: dos ampliaciones sucesivas de la amnistía no sirvieron para calmar las acciones de ETA.
Las principales fuerzas políticas para las elecciones de 1977 son:
- Derecha: Alianza Popular (AP) liderada por Fraga Iribarne e integrada por varios exministros franquistas. Presentaba un programa de orden, autoridad y conservadurismo.
- Centro: Unión de Centro Democrático (UCD), su principal baza era su carácter moderado y la figura de Adolfo Suárez.
- Izquierda: el PSOE iniciaba la campaña con cierta ventaja, gracias al respaldo internacional y a la imagen de responsabilidad que su programa ofrecía, liderado por Felipe González. El PCE apenas tuvo tiempo de diseñar su programa, para muchos, era aún un partido revolucionario, pese al tono conciliador que sus dirigentes imprimieron a la campaña (Santiago Carrillo).
La campaña electoral para las elecciones de 1977 se desarrolló con normalidad y con una asistencia masiva a los actos electorales. El Gobierno abrió los medios de comunicación a todos los grupos políticos legales y la prensa aumentó las tiradas (el único tema de conversación en todo el país era la política). Esta apertura política se manifestaba en otros campos, como el de las costumbres, la libertad de expresión (estreno de películas prohibidas) o la libre crítica al Gobierno (en clave de humor).
El 15 de junio se celebraron las elecciones y los resultados daban la primacía a UCD y PSOE, dejando como minorías significativas al PCE y a AP. La normativa electoral permitió a UCD formar gobierno en solitario. El partido con mayor número de votos podía formar gobierno.
El 13 de julio se constituyeron las nuevas Cortes (presidida por Dolores Ibárruri) con el objetivo prioritario de elaborar una Constitución. Se formó una Comisión Constitucional con 36 miembros y una ponencia de 7 diputados, que representaban a todos los grupos políticos. Sin embargo, se excluyó de la ponencia al PNV (no condenaba los actos terroristas de ETA).
El período del primer Gobierno de la UCD (1977-1978) estuvo marcado por la necesidad de afrontar la crisis económica: alta inflación, aumento del paro, déficit exterior galopante, consumo desorbitado, etc...
El Gobierno propuso un pacto a todas las fuerzas políticas para solucionar la crisis y crear un clima propicio para la elaboración de la Constitución de 1978. Los Pactos de la Moncloa (Octubre de 1977) establecían medidas económicas que comprometen a todas las fuerzas sociales, incluidas la patronal y los sindicatos. Intenta contener la inflación y recuperar la economía, aunque durante varios años el paro siguió creciendo. También incluyen medidas sociales y políticas: reforma fiscal, control de la Seguridad Social, un programa de inversiones públicas... En su conjunto, permitieron al gobierno de Suárez establecer un consenso sobre su gestión económica que resultaría vital para avanzar en la vía democrática.
Los nacionalistas comenzaron a reclamar el restablecimiento de regímenes autonómicos en sus territorios. El presidente de la Generalitat en el exilio (Tarradellas) se había entrevistado con Suárez y con el Rey. En septiembre más de un millón y medio de catalanes se lanzaron a las calles reclamando la autonomía, por lo que el Gobierno restablecía la Generalitat. El 1 de enero de 1978 entraba en vigor la preautonomía de Euskadi, y a lo largo de todo el año las de las demás comunidades autónomas. El consenso también le sirvió al Gobierno para afrontar los durísimos ataques de aquellos años por parte de la ultraderecha y la extrema izquierda, además de ETA.
5. La Constitución de 1978.
El texto fue redactado por una ponencia integrada por: Pérez Llorca, Cisneros y Rodríguez de Miñón (UCD); Peces-Barba (PSOE); Solé Tura (PSUC); Fraga (AP) y Miguel Roca (Minoría Catalana).La Constitución fue el resultado de un pacto entre los más importantes partidos políticos (CONSENSO). Instituciones como la Iglesia y organizaciones como los sindicatos y la patronal se sumaron al mismo.
Fue aprobada por las Cortes el 31 de octubre de 1978 (proyecto aprobado por ambas cámaras con 551 votos de 598 posibles). Un reducido número de parlamentarios extremistas de izquierda y de derecha votaron en contra y el PNV se abstuvo.
El pueblo español la aprobó en referéndum el 6 de diciembre de 1978, con una participación del 67,1 % y el 87,8% de los votos afirmativos. La Constitución se estructura en 11 títulos, uno de ellos preliminar, 169 artículos y una serie de disposiciones finales.
- Se establece un Estado de Derecho organizado con una clara división de poderes).
- Las Cortes, formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado, son el órgano supremo de la soberanía popular y la manifestación del poder legislativo. Sus miembros son elegidos por sufragio universal y directo para mayores de 18 años. La duración en el cargo será de cuatro años.
- El Gobierno ostenta el poder ejecutivo, dirige las administraciones civiles y militares y conduce la política interior y exterior. El nombramiento del Presidente del Gobierno corresponde al Congreso a través de la votación de investidura. Se establece el control parlamentario (Las Cortes) sobre la acción del ejecutivo (Gobierno).
- El poder judicial corresponde a jueces y tribunales, y se establece un Tribunal Constitucional como máximo órgano jurisdiccional. El poder judicial se configura como protector de las leyes y propulsor de la justicia.
- El rey es el jefe del Estado con funciones exclusivamente ceremoniales y representativas.
- La declaración de derechos y deberes es detallada, siendo una de las más completas de las constituciones actuales: establece la mayoría de edad a los 18 años, la libertad religiosa y la abolición de la pena de muerte.
- Reconoce también derechos sociales, garantiza la propiedad privada y define el marco económico como economía social de mercado. Supone, en definitiva, una apuesta por el Estado del bienestar.
- El Estado de las Autonomías rompe con el anterior centralismo político. Pese a proclamar la indisoluble unidad de la nación, reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran (título VIII). Este derecho se concede a través de Estatutos de Autonomía que deberán ser aprobados por las Cortes.
La Constitución fija de manera detallada las competencias que corresponden a las Comunidades y al Estado. Existen dos vías para conseguirlas, la del articulo 143 y la del artículo 151 (vía rápida).
- Presenta un carácter abierto y flexible, ya que permite la posibilidad de realizar reformas o modificaciones al texto constitucional en las disposiciones finales.
6. Conclusión.
La transición democrática en España se realizó en un contexto nada favorable pero se estableció un plan que facilitó el proceso y contó con las personas adecuadas para su ejecución, destacando la figura de Adolfo Suárez.El verdadero eje sobre el que gira todo el proceso fue la Ley para la Reforma Política, la legalización de los partidos políticos, incluido el PCE, la convocatoria de las elecciones de junio de 1977 y la elaboración de la Constitución se deben en gran parte a esta reforma.
Para que el desenlace de la Transición fuese el esperado hubo que establecer un consenso. También habría que tener en cuenta la actitud del pueblo español, que en su mayoría apoyó la transición democrática.
Los Pactos de la Moncloa ayudaron a estabilizar la situación social para que la redacción y posterior aprobación de la Constitución de 1978 contasen con un clima favorable.
Aunque se puede tomar como fecha final del proceso el 6 de diciembre de 1978, el intento de golpe de Estado del 23F de 1981 supuso para todos los españoles el final de cualquier intento por volver a lo anterior y el triunfo de la democracia en este país.
El consenso que marcó la Transición se rompería y da paso a una nueva etapa conocida como los gobiernos democráticos, caracterizada por el bipartidismo, el problema del terrorismo y del paro, el ingreso en la CEE y el desarrollo del Estado del Bienestar, entre otros aspectos destacados.
