Oligarquía
y caciquismo en Andalucía
Durante la
mayor parte de la Historia Contemporánea de Andalucía, tanto el poder económico
como el protagonismo político estuvieron en manos de un reducido grupo social
(Oligarquía). Esta realidad incuestionable constituye el fenómeno conocido
como caciquismo, que mostró en Andalucía su cara más cruda.
No
obstante, es preciso recordar que las organizaciones políticas que controlaron
la vida andaluza desde 1875 no son en absoluto exclusivas de nuestra geografía,
pues caracterizaban en esa época no sólo al conjunto de España, sino también a
otros países del entorno europeo.
El
sistema caciquil en Andalucía, define a quiénes formaban la clase política
durante la Restauración. Estamos sin duda ante un grupo eminentemente agrario
(terratenientes latifundistas), que adquirieron mayor poder durante el proceso
desamortizador (mayor poder político-administrativo).
Otros
sectores económicos, aun sin ser mayoritarios, no dudaron en incorporarse al
sistema político diseñado desde Madrid (centralismo), a la vez que utilizaban
Ayuntamientos y Diputaciones en defensa de sus intereses. Este fue el caso del
sector minero onubense, del potente grupo comercial aglutinado en torno al
puerto fluvial de Sevilla, del mundo mercantil malagueño o del pesquero
gaditano; todos ellos ofrecieron ejemplos de empresarios inscritos de manera activa
en los esquemas de la política oficial (sistema canovista).
Estos
grupos trazaron un panorama marcado por las relaciones familiares y privadas,
entremezcladas con vinculaciones económicas que fueron tejiendo por toda
Andalucía (a escala provincial, comarcal y local), una tupida red de intereses
y dependencias de carácter clientelar.
La
conexión entre esas redes clientelares y el sistema político, mediante la
vinculación a uno de los dos partidos oficiales (el liberal o el conservador),
dotó al sistema caciquil en Andalucía de una gran fortaleza y de un alto grado
de coherencia interna.
El sistema
funcionó bastante bien durante nada menos que medio siglo, especialmente a la
hora de controlar los procesos electorales. Conservadores y liberales se
repartieron sin grandes problemas el mapa político-electoral en Andalucía.
Cacicatos locales se integraron en superiores cacicatos comarcales y éstos, a
su vez, reconocieron la dirección de un notable Rango provincial (Burgos y Mazo
en Huelva; los Ybarra y Rodríguez de la Borbolla en Sevilla; los Carranza en
Cádiz), que servían de contacto con Madrid y con los grandes dirigentes
políticos allí instalados.
Por
otra parte, la existencia de partidos de oposición fuera del régimen no tiene
una lectura homogénea en toda Andalucía, aunque en ningún caso significó una
seria amenaza para el sistema.
Eso
fue así porque el desgaste del sistema político de la Restauración fue mucho
más lento en Andalucía que en el resto de España. Desde la segunda década del
siglo XX, notables provinciales, caciques locales y otros poderes asimilados
se esforzaron por sostener la farsa a la que se había reducido el sistema de
partidos. El aumento de la presión gubernamental a través de la figura de los
gobernadores civiles, el recurso al voto rural para ahogar al urbano en las
circunscripciones de las capitales de provincia y la compra de un voto que se
encarecía, consiguieron ahogar las iniciativas modernizadoras. Este impulso
modernizador provenía de las ciudades y del seno de unas clases medias a las
que ya no satisfacía la tradicional representación clientelar, al comprobar
cómo sus intereses económicos y sus preocupaciones sociales eran postergadas
por las élites dinásticas.
En
realidad, a la altura de los años veinte, las clases medias andaluzas temían
una auténtica movilización social que ampliase el espectro político por su
izquierda y, desde una mentalidad profundamente conservadora, rechazaron en su
mayor parte proyectos más progresistas, como el andalucismo político de Blas
Infante.
La
opción de las clases medias significó básicamente una dura descalificación del
régimen existente, antes que una propuesta’ alternativa coherente. Así, su
participación en la crisis final del sistema de la Restauración consistió en
proporcionar base a una reacción autoritaria militar de tipo tradicional, no
necesariamente fascista, como la que se estaba desarrollando en otras áreas
europeas. No es extraño que estos sectores recibieran con alivio el golpe
militar de Primo de Rivera en 1923, que respondía a sus demandas de una
autoridad fuerte frente a la inoperancia de los viejos políticos corruptos. El
golpe de Estado que puso fin a esta agonía política recogió amplios y
contradictorios apoyos en una sociedad fragmentada como la andaluza, que al fin
y al cabo fue la que recibió en 1931, como una herencia envenenada de la
Restauración, la Segunda República Española.
