La Segunda República.
Introducción.
1. La proclamación de la
República.
2. El Gobierno Provisional y
la Constitución de 1931.
3. El Gobierno Progresista,
Izquierdista o Azañista (1931-1933).
4. El Bienio o Gobierno Derechista
o Radical-Cedista (1933 -1936).
5. El Frente Popular
(1936) y la conspiración militar.
6. Conclusión
Introducción.
La II República se proclamó el 14 de abril de
1931 por aclamación popular. Este factor será decisivo para el desarrollo de
esta etapa de la historia contemporánea de España. En 1936 se inició la Guerra
Civil (1936-39), terminando así la etapa republicana para el conjunto del
Estado español. En 1939 se impuso una dictadura que acabó definitivamente
con la República.
La II República ha sido la etapa más crucial de
la historia contemporánea de España. Durante estos años surgen todos los
conflictos, las frustraciones históricas y todos los problemas que dividían al
país. Durante su desarrollo, la tensión social fue creciendo, aumentando así
la lucha de clase entre los trabajadores y la oligarquía, desembocando en 1936
en una Guerra Civil.
La II República coincide en el tiempo con las
repercusiones internacionales del crack del 29. La llamada gran depresión
afectó profundamente a la economía española a partir de 1932, influyendo
negativamente en las reformas que los gobiernos republicanos intentaron
desarrollar.
La crisis económica originó el desarrollo de
posturas extremistas en Europa
(el ascenso de Hitler al poder en 1933). Como respuesta aparecieron los
Frentes Populares de izquierda para frenar a la ultraderecha, en España aparecerá
en 1936.
1. La
proclamación de la República.
Las elecciones municipales del 12 de abril de
1931 demostraron
que la oposición a la dictadura y al propio Alfonso XIII se habían impuesto en
España. El apoyo a la tendencia republicana fue en realidad el reflejo de un
sentimiento antimonárquico generalizado.
La oposición al rey se reflejó en el Pacto de San
Sebastián (agosto de 1930), firmado por representantes de la oposición a la
dictadura como intelectuales, representantes de los movimientos obreros,
regionalistas y algunos miembros de los partidos liberales del turno.
Tras el fracaso del intento del golpe de Estado
en Jaca (diciembre de 1930), los disturbios originados por el encarcelamiento
de varios miembros del Comité Revolucionario (coordinado por Alcalá Zamora) provocan
la dimisión de Berenguer y la convocatoria de elecciones para abril de 1931. El Almirante Aznar será
el nuevo jefe del gobierno de la dictablanda.
La presión de los monárquicos antialfonsinos hizo
que las elecciones generales estuviesen precedidas de unas elecciones municipales, necesitaban saber la
fuerza real que representaba la oposición antimonárquica, y así preparar
una nueva estrategia si el resultado de las elecciones no era el que ellos
querían.
La victoria republicana en las ciudades de casi
todo el país el 12 de abril fue aplastante, y en las primeras horas del día 13 parecía
que el Gobierno del Almirante Aznar aceptaba la derrota monárquica y esperaría
a las futuras elecciones legislativas, pero a partir de esa tarde los
acontecimientos se precipitaron. Las calles de las principales ciudades se
llenaban de manifestantes celebrando el triunfo en las elecciones municipales,
mientras tanto, el Comité Revolucionario permanecía a la expectativa sin
saber cuál sería la respuesta del Gobierno. El ministro de la
Guerra Berenguer (anterior jefe del Gobierno) ordenaba a los
gobernadores militares que «evitaran tomar medidas de fuerza ante la suprema voluntad
nacional», mientras que el conde de Romanones (Partido Liberal) convencía
al día siguiente a sus colegas (monárquicos) de que la caída de la monarquía
era inevitable.
En la mañana del 14 de abril, la República era
proclamada en Éibar (Guipúzcoa). En las horas siguientes, la población comenzó
a salir a las calles en las principales ciudades, y la República fue
proclamándose en Valencia, Sevilla, Oviedo y Zaragoza... ya no se trataba de
manifestarse por la victoria en los ayuntamientos, ahora se trataba de
proclamar el cambio de régimen y acabar con la monarquía alfonsina. El
propio Romanones recomendó al Rey la salida del país (15/04/1931 sale hacia
Francia).
2. El
Gobierno Provisional. La Constitución de 1931.
Tras proclamarse el nuevo régimen por aclamación
popular, éste necesitaba una base legal, algo que legitimase la nueva realidad del Estado español.
¿Quiénes se encargarían de hacerlo? Para esta
tarea se formó un gobierno provisional encargado de convocar unas elecciones
a Cortes Constituyentes que tendría como objetivo realizar la constitución que
legitimase la República, la Constitución de 1931.
Los integrantes del Gobierno Provisional representaban a todas las
fuerzas progresistas del país que habían participado en el Pacto de San
Sebastián (agosto 1930). Por la labor ejercida como coordinador del
Comité Revolucionario se decide que el presidente provisional sea Niceto
Alcalá Zamora (representante de Derecha Liberal Republicana).
El Gobierno estará constituido por representantes
de la derecha,
el centro y la izquierda liberal republicana, además de los representantes
de los movimientos obreros y representantes regionalistas (conservadores y
progresistas).
La distribución de cargos en el Gobierno
Provisional es la siguiente:
Derecha Liberal Republicana:
Alcalá
Zamora (presidente
provisional) y Miguel Maura (ministro de Gobernación).
Partido
Republicano Radical (Centro):
Alejandro
Lerroux (ministro
de Estado) y Diego Martínez Barrio (ministro de Comunicaciones)
Acción Republicana (posteriormente Izquierda
Liberal Republicana):
Manuel Azaña (ministro de la Guerra)
Partido Republicano Radical Socialista (izquierda-progresista):
Álvaro de Albornoz (ministro de Fomento)
y Marcelino Domingo (ministro de Instrucción Pública).
Acció Catalana (derecha) y la ORGA (izquierda) (Organización
Republicana Gallega Autónoma):
Nicolau d´Olwer (ministro de Economía) y Casares
Quiroga (ministro de la Marina).
Izquierda obrera:
Indalecio Prieto (ministro de Hacienda), Fernando
de los Ríos (de Justicia) y Largo Caballero (de
Trabajo), todos del PSOE.
A pesar de su diversidad ideológica todos
actuaron con bastante coordinación y asumieron como función principal asentar
las bases de la República hasta el momento de poder convocar elecciones a Cortes
Constituyentes.
Pero la República tuvo que enfrentarse primero a la
solución de una serie de problemas
(4 cuestiones heredadas del 98) que no podían esperar a que se debatieran
mientras se redactaba la Constitución, pasando previamente por un
proceso electoral, no se podía perder tiempo, por lo que el Gobierno
Provisional tuvo que realizar estas reformas antes de convocar las elecciones.
El pueblo exigía respuestas y acciones inmediatas.
El pueblo es ahora más que nunca soberano, es
impaciente y exigente, ellos habían proclamado el nuevo régimen y la clase
política debería estar a su servicio.
En primer lugar, estaba el problema agrario,
convertido
desde el principio en cuestión clave para sofocar la conflictividad
social. Había que realizar una reforma militar para acabar con cualquier
tipo de amenaza golpista y adaptar el Ejército a las nuevas necesidades del
país. La reforma educativa era necesaria para acabar con el
analfabetismo (cuestión religiosa: acabar con monopolio de la Iglesia y
establecer una educación pública). Por último, había que satisfacer las reivindicaciones
regionalistas.
El Gobierno republicano decidió abordar estas
cuestiones mediante una serie de decretos ministeriales (leyes para el Estado que son
propuestas por los ministros correspondientes y aprobadas por el propio Gobierno
Provisional) porque todavía no estaban constituidas las Cortes. Mientras
tanto, se preparaba la convocatoria de elecciones a Cortes Constituyentes.
Entre las principales medidas destacan:
a) La reforma agraria-laboral de Largo Caballero
(PSOE):
Medidas:
obligación de los patronos de contratar a los jornaleros de su propio término
municipal.
Prohibición temporal del desahucio de arrendatarios por impago. Establecimiento
de Jurados Mixtos para arbitrar en los conflictos entre propietarios y
arrendatarios. Implantación de la jornada de ocho horas y de unos salarios
mínimos. Decreto de laboreo forzoso, que obligaba a los propietarios
a poner en cultivo las tierras aptas para ello y así crear empleo.
El objetivo era fijar unas condiciones mínimas y
garantizar el trabajo ante el paro creciente, pero los propietarios las
interpretaron como un atentado contra sus derechos (oposición al
Gobierno).
b) La reforma militar de Manuel Azaña (Acción
Republicana):
Medidas:
exigió a los militares prometer fidelidad a la República y ofreció el
retiro, manteniendo el sueldo, a los oficiales que lo quisieran. Redujo el
número de divisiones militares, eliminó los grados de Capitán General y Teniente General,
y suprimió el Consejo Supremo de Guerra y de Marina, también cerró la
Academia General Militar de Zaragoza (dirigida por Franco). Decretó la
unificación de escalafones y suprimió los ascensos irregulares habidos
durante la dictadura de Primo de Rivera.
El objetivo era reducir el número de altos
oficiales para tener un mayor control sobre el Ejército y evitar un golpe de
Estado como en 1923, además de reducir los gastos militares y emplearlos en
otras reformas.
Estas medidas contaron con la oposición de jefes
y oficiales militares, fueron
vistas como un atentado contra sus derechos y una represalia por su papel en la
dictadura (oposición a Azaña).
c) La reforma educativa de Marcelino
Domingo (Partido Republicano Radical Socialista):
Medidas:
se crearon 7.000 plazas de maestros, se dictó la Ley de Construcciones
Escolares (nuevas escuelas). Aumentaron el salario de los maestros (aunque en
realidad no había fondos para pagar estos sueldos). Se estableció la
voluntariedad de la enseñanza de la religión como asignatura.
Se fundó el Patronato de Misiones Pedagógicas para extender la enseñanza
entre los adultos.
d) La cuestión regionalista fue abordada
por el propio Alcalá Zamora. En Cataluña, Maciá (presidente de la
Generalitat) impulsó un proyecto de Estatuto de Autonomía provisional,
que fue sometido a consulta popular, dando lugar a la promesa de
Alcalá Zamora para que se aprobase en las Cortes (una vez que estuviesen
constituidas). Menos éxito tuvo el proyecto vasco, al que el Gobierno veía
con recelo por su excesivo carácter religioso y conservador, por lo que fue
paralizado.
Una vez aprobadas estas medidas, el ambiente
social del país en lugar de relajarse, ante el inicio del proceso electoral, se
vuelve más tenso por la presión constante de los socialistas (anarquistas y
comunistas fundamentalmente).
Se trataba de recordar al gobierno que estaban al servicio del pueblo y no se
conformaban con la aprobación de estas medidas, querían ver su aplicación
inmediata. Se produjo una serie de conflictos y huelgas, a las que
hay que unir la actitud contraria al régimen republicano de patronos y
propietarios.
La CNT
(principal sindicato anarquista) inició una huelga en la Compañía Telefónica
como medida de presión al Gobierno republicano. También el PSOE celebró un
Congreso, y en él se impuso la posición de Indalecio Prieto (mantenerse
en el Gobierno Provisional), frente a la postura de Besteiro, (partidario
de pasar a la oposición). El PSOE, principal fuerza política de la izquierda
obrera, quedaba dividido, por lo que su apoyo al gobierno se debilitaba.
Pero el conflicto que afectó realmente el
comienzo de la República fue el enfrentamiento entre la Iglesia y el Estado. Desde el principio, los
sectores más reaccionarios del clero (contrarios a los cambios que proclamaba
la República en contra de sus privilegios), criticaron al Gobierno por su
política laicista en materia de enseñanza y de abandono de la financiación de
la Iglesia.
Los grupos católicos fundaron su propio partido
político para las elecciones de junio: Acción
Nacional con el lema «Religión, Familia, Orden, Trabajo y Propiedad».
Partido que se opone claramente a la República y que se presentará a las
elecciones de junio de 1931.
En los días 10, 11 y 12 de mayo se desencadenaron
los sucesos que han pasado a la historia como «la quema de conventos» (enfrentamientos
entre republicanos y monárquicos). Los republicanos más radicales no
estaban de acuerdo con el movimiento organizado por la Iglesia en contra de la
República, movimiento al que pronto se vincularon los monárquicos, que vieron
en este grupo (Acción Nacional) una oportunidad para realizar su
oposición contra la República.
La Constitución de 1931.
El 28 de junio se
celebraron las elecciones a Cortes Constituyentes con total normalidad, sin tener en cuenta la tensión social previa. A pesar de la poca participación
de la derecha y la abstención de los anarquistas, votaron aproximadamente el
70% del censo, que dieron una clara victoria a la conjunción de republicanos
progresistas y socialistas, siendo el PSOE la fuerza más votada.
La acción siguiente era formar una comisión constitucional con el objetivo de elaborar una Constitución. Tras un intenso debate, el 9 de diciembre quedó definitivamente aprobada. La Constitución de 1931 consta de 9 títulos y 125 artículos. Sus principales características son:
- La definición del Estado como «República
democrática de trabajadores de toda clase», subrayando el carácter popular
de la soberanía.
- Una extensa declaración de derechos y libertades, no sólo individuales y políticos, sino también económicos, familiares y culturales.
Entre los aspectos más novedosos destaca el sufragio universal para mayores de 23 años y el reconocimiento del voto femenino.
En las Cortes se desarrolló un intenso debate previo
sobre la cuestión del voto femenino. Victoria Kent y Margarita Nelken se
pronunciaron en contra del voto femenino en las primeras elecciones que se convocasen, pero Clara
Campoamor defendió la participación de la mujer en las elecciones. El
planteamiento original del debate era si el voto femenino decantaría el
resultado de estas elecciones a favor de la derecha por la influencia que la
Iglesia ejercía sobre la mayoría de las mujeres, sobre todo en los núcleos
rurales y en provincias.
Se establecen otras medidas que garantizan el
reconocimiento de los derechos sociales como el matrimonio civil, el
divorcio y la equiparación de los derechos de los hijos legítimos e ilegítimos.
Se declara la igualdad de todos y todas en el
derecho a la educación (educación
pública y gratuita), y el trabajo aparece como una obligación social
protegida por la ley.
Asimismo, se establece la subordinación del
derecho a la propiedad privada al interés público, ante la posibilidad de
expropiación
(se aplicará en la Reforma Agraria).
- Las Cortes quedan configuradas como el
principal órgano de representación del pueblo. Elegidas cada cuatro años,
constan de una sola cámara, y tienen en exclusiva el poder legislativo.
- El Presidente (Jefe de Estado) es
elegido cada seis años por los diputados y por un número igual de
compromisarios (exdiputados). Las competencias del presidente están
restringidas y son controladas en todo momento por las Cortes.
- El Presidente nombra al Jefe del
Gobierno y, a propuesta de éste, a los ministros, pero éstos
deben ser ratificados en sus cargos por las Cortes, ante quienes responden
individualmente.
- Se establece un poder judicial totalmente
independiente, con un Tribunal de Garantías Constitucionales cuyos miembros
son elegidos por las Cortes.
- Se dispone la posibilidad de que un
conjunto de provincias se constituya como región autónoma, para lo cual
deberán presentar su proyecto de Estatuto a las Cortes, previamente se consulta
al pueblo en las provincias implicadas.
- Pero el debate más intenso fue el de
los artículos 26 y 27, en los que se abordaba la cuestión religiosa. Estos
artículos establecen la disolución de las Congregaciones religiosas de
«obediencia a autoridad distinta de la legítima del Estado» (con esta redacción
se pretende expulsar a la Compañía de Jesús cuya obediencia era directa al
Papa). Desaparece el presupuesto de culto y clero. Se prohíbe a las
Congregaciones religiosas el ejercicio de la enseñanza, la industria y el
comercio. La iglesia lo entiende como un ataque directo porque les
impide tener unas fuentes de ingresos que les proporcionen riqueza y poder.
La Constitución proclama la libertad de
conciencia y cultos y establece la jurisdicción civil sobre los
cementerios (ingresos económicos).
La aprobación de estos artículos, a pesar de la oposición de
la derecha, ocasionó una crisis institucional al dimitir Alcalá Zamora
y Miguel Maura. El Gobierno se remodeló asumiendo Manuel Azaña la presidencia
provisional, además del Ministerio de Guerra, él será el que firme la
Constitución como presidente en funciones.
- En su
conjunto, la Constitución era de carácter claramente progresista, y con un
texto que permitía el desarrollo de un sistema político abierto a la izquierda
y a la derecha.
Sin embargo, fue muy criticada por la Iglesia y por los partidos de la
derecha, que convirtieron la cuestión de la religión en la principal
causa de su rechazo.
Tras la aprobación de la Constitución, Alcalá
Zamora será elegido por las Cortes como primer Presidente Constitucional de la
II República.
3. El Bienio
Azañista (de diciembre de 1931 hasta noviembre de 1933).
Tras aprobarse la Constitución, se formó el
primer Gobierno Constitucional de la II República. Izquierda Liberal
Republicana y PSOE forman un gobierno de coalición, a pesar de que el PSOE tenía
más diputados, Alcalá Zamora decide nombrar como jefe del gobierno a Azaña
porque el PSOE estaba dividido. Azaña formará un gobierno con los mismos ministros
que formaron el Gobierno Provisional, a excepción de los radicales de Lerroux.
El gobierno azañista continuó con las reformas ya
iniciadas durante el periodo del Gobierno Provisional. Todas estas se realizaron en
un clima de tensión política y social protagonizada por la izquierda obrera (CNT
y PCE) a través de huelgas, y desde la derecha mediante la oposición a las
reformas y la provocación continua al Gobierno.
1.- Largo Caballero continuó
al frente de la legislación laboral y social, destacan las medidas siguientes: Ley
de Jurados Mixtos (decidían en caso de desacuerdo entre patronos y
obreros), Ley de Asociaciones Profesionales (papel protagonista en
las negociaciones laborales) y la creación de los Inspectores de
Trabajo (controlar si se cumplen estas leyes). Estas reformas
pusieron a los patronos en contra de Largo Caballero, solicitando la dimisión
de éste.
2.- La reforma educativa, ahora con Fernando
de los Ríos (PSOE) al frente, continuó con su desarrollo. Según la
Constitución «la educación es un derecho de todos y el Estado debe
proporcionarla». El Gobierno adoptó un modelo basado en la escuela pública,
una educación obligatoria y gratuita, el establecimiento de la enseñanza
mixta (no lo acepta la Iglesia). Continuó con el programa de construcción
de escuelas y de creación de plazas de maestro (aunque no tenía fondos
suficientes).
La religión católica desaparece como asignatura y se prohibió el
ejercicio de la enseñanza a las congregaciones religiosas. Ambas decisiones
provocaron el rechazo frontal de la derecha y de la Iglesia, que se negó a
cerrar sus colegios y prohibió a los católicos que matricularan a sus hijos en
las escuelas públicas. Tampoco cederán sus locales para que el Estado disponga
de ellos.
3.- Azaña continuó su reforma militar,
ahora como presidente del gobierno, recortó el presupuesto de Defensa y
redujo el número de oficiales. Planteó reorganizar el sistema de acceso por
estudios, lo que provocó el resentimiento de una buena parte de los oficiales
(africanistas). Su reforma fracasó y el Ejército continuó estando en una
situación precaria.
La Reforma Agraria era la cuestión fundamental
para la izquierda republicana y los socialistas. Eran conscientes de que
un cambio en la estructura agraria acabaría definitivamente con el atraso
económico del país.
Plantean el asentamiento de campesinos en los
latifundios y tierras que no eran explotadas, así se solucionaría la miseria
campesina. La
división de opiniones a la hora de tratar la forma de realizar la Reforma
Agraria paralizó el proceso, unos pedían la expropiación y el reparto
de las tierras entre los jornaleros, con o sin indemnización, y otros proponían
el asentamiento de las familias campesinas en tierras que pudieran cultivar,
sin tocar el derecho de propiedad. La principal oposición a esta medida
se encuentra en la oligarquía terrateniente.
La ley de Bases para la Reforma Agraria de 9 de
septiembre de 1932 afectaba
a Andalucía, Extremadura, La Mancha y Salamanca. Declaraba la expropiación de
tierras incultas o deficientemente cultivadas... El Instituto de
Reforma Agraria (IRA) se encargó de hacer el Registro de la Propiedad
Expropiable, para ello se dotaba al IRA de un presupuesto para indemnizaciones,
siendo además el encargado de asignar las tierras entre los campesinos. Aunque
era una ley insuficiente para las exigencias de sindicatos y partidos obreros,
la reforma fue una revolución.
Por la lentitud con que se fue aplicando resultó
ser un fracaso: se tardó casi un año en completar el registro de propiedades
expropiables y en organizar el IRA,
y además no se contaba con suficientes recursos para indemnizar a los
expropiados. La resistencia de los propietarios, que recurrieron a todo
tipo de medios, fue otro de los motivos de este fracaso. El resultado
fue el aumento del descontento de los campesinos hacia el Gobierno (impacientes)
provocando el desarrollo de conflictos sociales y la caída del gobierno de
Azaña.
Causas del fracaso del Gobierno Azañista
La conflictividad social de este periodo tuvo
como causa principal la tensión política motivada por los enfrentamientos entre los
grupos de izquierda y la oposición de la derecha.
Este enfrentamiento ralentizó la puesta en marcha
de las reformas.
Los jornaleros y obreros, que tenían demasiadas expectativas depositadas en la
República, se mostraban impacientes por este retraso y se unieron a las movilizaciones
organizadas por los sindicatos anarquistas (CNT) y el PCE, movilizaciones
que iban en contra de la actitud manifiesta de propietarios y empresarios a
aplicar las reformas. Ante la presión de los patronos, el Gobierno utilizó
las fuerzas del orden público para reprimir las huelgas (no quería perder
el control de una clase obrera que estaba ahora en manos de anarquistas y
comunistas). Los terratenientes aprovecharon esta situación para incumplir
las medidas sobre el laboreo forzoso y la contratación preferente de jornaleros
del municipio respectivo.
A este clima de conflictividad social hay que
sumarle la oposición de la derecha que a partir de 1932 se va a reorganizar
para realizar una oposición más fuerte. Se creó un nuevo partido llamado Acción Popular, dirigido
por Gil Robles se configuró como el gran partido de la derecha (se
unen católicos y monárquicos).
Otro grupo de oposición al Gobierno lo constituyen los alfonsinos
y los carlistas (monárquicos) que llegaron a un acuerdo para luchar
juntos contra la República.
En las universidades actuaban las Juntas de
Ofensiva Nacional Sindicalista (JONS),
pequeño grupo de carácter fascista y violento que se manifestaba en contra de
las libertades e igualdades sociales defendidas por la FUE (organización
estudiantil de carácter liberal).
Las asociaciones patronales del país, también unieron sus fuerzas
para acabar con la reforma agraria y la legislación laboral de Largo Caballero.
Esta será una característica que se repita en el
desarrollo de la Segunda república. La tendencia ideológica que esté en el
gobierno se dividirá y debilitará, y la que esté en la oposición se unirá para
acabar con la otra postura ideológica, no hay diálogo ni colaboración entre
ellos.
El ambiente político de 1932 se complicó aún más
con la
expulsión de la Compañía de Jesús. Esta acción motivó que la Reforma Agraria
y el Estatuto de Autonomía para Cataluña contaran con la oposición de católicos
y monárquicos, contrarios al Gobierno. La identificación del Estatuto
con la disgregación del país tuvo sus consecuencias en una parte importante
del Ejército.
Ante esta situación, el General Sanjurjo (africanista)
intentó dar un golpe de Estado (agosto
1932). Sanjurjo pretendía formar un gobierno republicano que diera un giro
hacia la derecha. Fue juzgado y condenado a muerte, pero su pena fue conmutada
(exiliado). La Sanjurjada le sirvió al Gobierno para obtener el respaldo
suficiente en las Cortes para aprobar la Ley de Reforma Agraria y el
Estatuto de Cataluña por una amplia mayoría, ante el temor de un nuevo
intento de golpe de Estado.
La buena cosecha de 1932 provocó la caída de los
precios (saturación del mercado) y 1933 comenzó con más problemas sociales por
el aumento del paro. En medio de una oleada de levantamientos campesinos
(organizados por CNT), se va a desarrollar el acontecimiento que marcará la
caída definitiva del gobierno de Azaña. En el pueblo de Casas
Viejas (Cádiz), miembros de la Guardia Civil y Guardias de Asalto
realizaron una masacre frente a un grupo de anarquistas (reivindican el
comunismo libertario). Cuando la noticia apareció en la prensa (por filtración
de la derecha) se produjo un gran escándalo, tanto por la violencia empleada
como por la ausencia inicial de explicaciones del Gobierno (Sucesos de Casas
Viejas, enero de 1933).
El Gobierno de Azaña estaba seriamente amenazado
ante esta situación (moción de censura) y el PSOE (Largo Caballero) le retirará
su apoyo. Azaña se quedaría con un Gobierno en minoría.
En pleno desconcierto de la coalición gobernante
(Izquierda Republicana de Azaña y el PSOE), la campaña de la derecha para
acabar con un gobierno debilitado por estar en minoría, se centró en la discusión
de la Ley de Congregaciones Religiosas (la enseñanza). Fernando
de los Ríos prometió que habría plazas para escolarizar a todos los
niños que se educaban en colegios católicos, pero no había recursos suficientes. Los
obispos no aceptaron el cierre de sus colegios, exigiendo a los padres
creyentes que no matriculasen a sus hijos en escuelas públicas. La prensa
de la derecha convirtió el debate en una auténtica «cruzada contra el
Gobierno», que se veía cada vez más presionado.
En los meses siguientes se produjo una
polarización progresiva de las fuerzas políticas, estableciéndose el
enfrentamiento entre dos polos opuestos: la izquierda y la derecha.
En la izquierda, el sector del PSOE liderado por
Largo Caballero se planteó radicalizar su lucha contra el Gobierno, tras romper
su alianza, y acercarse a las posturas del PCE y CNT. La izquierda estaba dividida,
mientras que la derecha se hizo más fuerte con la fundación de un nuevo
partido, la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA),
en ella se integraron todos los sectores católicos y la oligarquía. Dirigida
por Gil Robles, propuso como programa la reforma de la
Constitución, eliminando todas las reformas anteriores (Reforma Agraria y
Estatuto de Cataluña), y la defensa de los intereses económicos de los
propietarios.
Ante esta situación de inestabilidad política
Alcalá Zamora disolverá las Cortes y convocará nuevas elecciones en noviembre de 1933.
Alcalá Zamora disolvió las Cortes en noviembre de
1933 y tras la convocatoria de unas elecciones, formó un nuevo Gobierno
con Lerroux (PRR) al frente, pero era un Gobierno
sin mayoría (inestable).
El partido con más votos fue la CEDA de Gil Robles, que por la admiración que demostraba hacía el fascismo y el nazismo hizo que Alcalá Zamora no los incluyera en el Gobierno. Tras varios fracasos de coaliciones con otros grupos políticos minoritarios, Alcalá Zamora tuvo que acceder a incluir a tres miembros de la CEDA en el Gobierno de Lerroux.
El clima de inestabilidad que se daba en las Cortes, los continuos conflictos en el campo, los sucesivos incidentes entre la FUE y la JONS en la Universidad, la tensión entre el Gobierno y los nacionalistas, además de la radicalización de la opinión pública contra el Gobierno, llevó a la izquierda obrera a preparar una insurrección armada si la CEDA entraba a formar parte del Gobierno. En 1933 Hitler había ascendido al poder en Alemania y la CEDA no ocultaba su admiración por el nazismo.
Tras los intentos fallidos por establecer un
gobierno estable de coalición, Alcalá Zamora formaría un nuevo Gobierno en
octubre incluyendo a tres miembros de la CEDA. Los dirigentes socialistas organizaron una huelga
general, que fue apoyada en todas las ciudades. Se presentaba como
un medio para restablecer la legitimidad democrática quebrantada por el ingreso
en el Gobierno de la CEDA (antidemócrata).
La Revolución de Octubre de 1934 (que se
desarrolló entre los días 5 y 19 de octubre) fracasó en Madrid por la
rápida reacción del Gobierno. Los principales dirigentes socialistas y
comunistas fueron detenidos. En Cataluña el Ejército consiguió recuperar el
mando tras la rendición del gobierno de la Generalitat (arrestado y
encarcelado). En el resto del país, el paro fue total en los primeros
días, sobre todo donde los obreros de filiación socialista (PSOE) eran la
mayoría.
Otro factor que explica el fracaso de la
revolución fue la falta de coordinación en el campo y la falta de apoyo de la CNT
(la huelga
general fue propuesta por el PSOE por lo que ni PCE ni CNT la apoyan). Por
estos motivos la insurrección fue sofocada en todo el país, excepto en Asturias.
Para combatirla el Gobierno entregó plenos poderes militares al General Franco,
que acabó con la insurrección.
El balance de octubre de 1934 fue durísimo: más de 1000 muertos entre
los insurrectos, las fuerzas del orden y el Ejército, miles de heridos y unos
30.000 detenidos (muchos de ellos eran dirigentes socialistas).
El final del Bienio Derechista viene marcado por los sucesos
de octubre de 1934. La derecha se dividió entre aquellos que eran
partidarios de tomar duras represalias contra los insurrectos, ejecuciones
incluidas, y quienes reclamaban una amnistía general.
La opinión pública y el presidente Alcalá Zamora
estaban a favor del indulto
de los dirigentes socialistas condenados a muerte. La CEDA y otros
partidos de la derecha pedían la ejecución de las sentencias. El triunfo de la
primera opción provocó que la CEDA abandonara el Gobierno, aunque volvería más
tarde.
La Revolución de octubre de 1934 sirvió para
dividir a la derecha (derecha liberal y ultraderecha) y unir a la izquierda.
A lo largo del año 1935 la conflictividad social
irá en aumento. Las causas principales se centran en las políticas de «rectificación»
que desarrollo el gobierno radical-cedista. Se decretó la suspensión del Estatuto de
Cataluña, en represalia por la participación en la revolución de
octubre. Se aprobó una nueva Ley de Reforma Agraria, que no
era otra cosa que una contrarreforma: limitaba el presupuesto del IRA, anulaba
el inventario ya hecho de fincas expropiables y disponía límites más
restringidos para decidir qué tierras podían expropiarse. El resultado fue
la paralización de la reforma.
La crisis del gobierno cada vez era mayor ya que
los radicales sólo podían gobernar con el apoyo de la CEDA, por no contar con la mayoría
suficiente. Los radicales de Lerroux rechazaban la política de los miembros
de la CEDA, cada vez más próxima a planteamientos fascistas. Los
nombramientos hechos por Gil Robles como ministro de la Guerra (Franco como
Jefe del Estado Mayor) provocó sospechas entre la izquierda y en el propio
Alcalá Zamora de un intento de golpe de Estado.
La crisis definitiva se desencadenó a partir de
octubre de 1935,
cuando había estallado el escándalo del estraperlo (sobornos), en el que
estaban implicados varios miembros del Gobierno. El escándalo trajo consigo
la destitución de Lerroux y de sus ministros (septiembre 1935). Alcalá Zamora
encargó a Portela Valladares (Partido Demócrata de Centro) formar
un nuevo gobierno de transición para que se celebrasen unas elecciones en
febrero de 1936. Tendría que disolver las Cortes y convocar nuevas elecciones
porque era consciente de la actividad conspiradora de Gil Robles, al que nunca
encargaría formar gobierno, pese a tener mayoría en las Cortes, por su actitud
manifiesta de admiración por el nazismo de Hitler.
A lo largo de 1935 se crearon las dos grandes
coaliciones que se enfrentarían en las elecciones de 1936. El primer
bloque está constituido por la derecha antirrepublicana, formada por el Bloque
Nacional, dirigido por Calvo Sotelo (defiende la idea de un Estado
autoritario similar al fascista), y la CEDA de Gil Robles. Otro
representante de la derecha antirrepublicana fue Falange (fundada en
1933 por José Antonio Primo de Rivera) pero que apenas contaba con el respaldo
popular.
El otro bloque lo integraban todas las fuerzas de
la izquierda,
unidas por las campañas proamnistía para los presos de octubre. Éstos
reclamaban nuevas elecciones que permitieran salvar a la República. Manuel
Azaña, liberado a finales de 1934 ante la falta de pruebas contra él,
recuperó el liderazgo de la izquierda, cuando el Gobierno de Lerroux estaba ya
hundido por los escándalos. Azaña será el encargado de liderar el
Frente Popular (coalición de partidos de izquierda a favor de la
República y contrarios al fascismo, este movimiento imitaba a los Frentes Populares
creados en el resto de Europa para frenar a la ultraderecha).
5. El
Gobierno del Frente Popular (de febrero hasta julio de 1936).
En 1936 todo el país era consciente de la
situación política. El Centro, representado por los radicales de
Lerroux, y la derecha liberal republicana habían perdido el
respaldo del pueblo. Ahora aparecen dos grandes bloques electorales
enfrentados y sin posibilidad de entendimiento: la izquierda y la derecha
antirrepublicana.
En enero de 1936 se firmó el Pacto del
Frente Popular con un programa que pretendía volver a poner en
marcha la legislación del primer bienio (anular las políticas de
rectificación del bienio anterior), decretar una amplia amnistía (anular
todas las represalias por la revolución de octubre) y restablecer las
garantías constitucionales. Su objetivo es ganar las elecciones por la
unión de las izquierdas frente a una derecha antirrepublicana dividida.
Al pacto se unieron Izquierda Republicana, Unión
Republicana, PSOE, PCE y el Partido Obrero de Unificación Marxista
(POUM). Azaña era contrario al ingreso en el Frente Popular de los
comunistas por la fuerza con la que se emplearon contra él durante su gobierno,
los culpaba de su fracaso. Largo Caballero amenazó con sacar de la coalición
al PSOE y forzó a Manuel Azaña a aceptar la entrada de los partidos comunistas
(PCE y POUM). Era consciente de la necesidad de unir a todas las fuerzas de
izquierda para derrotar a la ultraderecha. La CNT no participó, pero pidieron
a sus afiliados que votasen en las elecciones, lo que significó un apoyo
claro al Frente Popular para ganar las elecciones.
La otra gran coalición se formó entre el Bloque
Nacional y la CEDA, aunque no fue capaz de hacer un programa coherente: fundamentó su alianza en la
negación de la revolución social, el rechazo al marxismo y la amenaza que para
el país significaría el Frente Popular. Esta actitud negativa le restó muchos
votos de partidarios del centro. El mismo José Antonio Primo de Rivera criticó
la falta de programa y mantuvo a la Falange fuera de la coalición.
La campaña y las elecciones se celebraron con
bastante orden, pese a la violencia verbal y al clima de enfrentamiento
existente. La participación en actos electorales fue masiva, propia de un país
que vivió las elecciones con la conciencia de que se jugaba bastante (el 72%
del censo acudió a votar). La victoria de la izquierda se produce en las
grandes ciudades y en las provincias del Sur y de la periferia, mientras que la
derecha se impuso en las provincias del Norte y del interior.
La unidad de unos y la desunión de los otros fue la clave para explicar el triunfo del Frente Popular.
Manuel Azaña formó el nuevo Gobierno (compuesto únicamente
por republicanos de izquierda) y puso en marcha el programa del Frente
Popular. Decretó una amplia amnistía y restituyó a los funcionarios
expulsados tras octubre de 1934. Se restableció el Estatuto catalán, y Azaña
envió a los Generales sospechosos de conspiración a puestos alejados de Madrid
(Franco a Canarias y Mola a Pamplona).
Sin embargo, el hecho más significativo de aquellos
meses fue la ocupación sistemática de fincas y la puesta en práctica de la Reforma
Agraria. El Gobierno devolvió las tierras a los campesinos expulsados. Pero
los sindicatos agrarios decidieron forzar la situación, y empezaron a ocupar
las fincas y a ponerlas en explotación de una forma descontrolada. La
resistencia de los terratenientes provocó enfrentamientos entre los campesinos
y la Guardia Civil (origen de los conflictos sociales característicos
del Frente Popular).
Otro factor que explica la inestabilidad del Frente
Popular fue
que la derecha antirrepublicana pasó abiertamente a la conspiración, la
provocación y el enfrentamiento, y la izquierda obrera, en lugar de apoyar
la política del Gobierno, se dejó arrastrar y respondió a las
provocaciones. El Gobierno del Frente Popular perdió el control de las
calles.
Otra causa de la desestabilización del Frente Popular
y de la propia República fue la destitución de Alcalá Zamora como presidente. Tras constituirse las nuevas
Cortes, su primera acción (propuesta por Azaña) fue la destitución de
Alcalá Zamora (artículos 81 y 82 de la Constitución). Para Azaña la
actitud conciliadora de Alcalá Zamora entre la derecha y la izquierda ya no era
necesaria por la nueva situación política que se había establecido en el país (enfrentamiento
abierto entre la izquierda republicana y la derecha antirrepublicana). Además,
hay que tener en cuenta que Alcalá Zamora lo había destituido en 1933. Azaña
estableció un acuerdo secreto con Indalecio Prieto (líder de un sector
del PSOE) para asumir respectivamente la jefatura del Estado (presidencia) y la
jefatura del Gobierno.
Manuel Azaña fue elegido Presidente en mayo de
1936, pero
Prieto no consiguió formar Gobierno al no contar con el apoyo de la totalidad
de su partido a la hora de votar en las Cortes, ya que el sector del PSOE
liderado por Largo Caballero era partidario de la revolución y de la alianza
con el PCE. Azaña tuvo que encargar la formación de Gobierno a Casares
Quiroga, que lo realizó sin contar con la participación obrera.
El nuevo gobierno continuó con el
restablecimiento de la legislación progresista del primer bienio, ahora de
forma acelerada.
Como novedad estaría la tramitación parlamentaria de los Estatutos de Galicia y
del País Vasco, además del proyecto valenciano (el proyecto andaluz de Blas
Infante que se presentaría en septiembre se quedó en puertas por el inicio de la Guerra Civil).
La primavera de 1936 estuvo marcada por los
enfrentamientos abiertos entre grupos obreros extremistas (anarquistas y
comunistas) y organizaciones de ultraderecha que pasaron a la lucha callejera,
ante un Gobierno incapaz de controlar el orden público.
El enfrentamiento fue especialmente duro entre
grupos falangistas y las milicias socialistas, comunistas y anarquistas. Ante
esta situación se establece un debate parlamentario en el que Gil Robles acusa
al Gobierno de ser el responsable de la situación.
En el mismo debate se produjo un enfrentamiento
entre Calvo Sotelo, que insinuó la posibilidad de un golpe militar, y Casares
Quiroga, que le respondió que «si algo ocurre, que no ocurrirá, haré a su
señoría responsable de todo».
El 12 de julio muere el teniente de la Guardia de
Asalto José del Castillo
en una intervención para sofocar un enfrentamiento entre anarquistas y
falangistas. La madrugada del 13 de julio será ejecutado el líder del Bloque
nacional, José Calvo Sotelo, por parte de varios Guardias de Asalto, que
habían decidido vengar la muerte de su compañero. Este acontecimiento provocó
el adelanto del golpe de Estado que preparaban un grupo de militares que
conspiraban contra la República.
La conspiración militar.
La revolución de octubre produjo un acercamiento
entre grupos militares hostiles a la República y líderes de la ultraderecha. En
1935, cuando Alcalá Zamora se negó a que Gil Robles pudiera formar Gobierno, se
preparó el golpe de Estado ante la insistencia de Calvo Sotelo, pero Franco se
negó porque pensaba que el Ejército aún no estaba preparado.
Tras las elecciones de 1936, se exigió un golpe
militar por parte de los grupos de la derecha antirrepublicana. Los sectores
más destacados de la derecha antirrepublicana llegaron a la conclusión de que sólo
un golpe militar podría evitar una inminente «revolución social». Gil Robles, Calvo
Sotelo, José Antonio Primo de Rivera, representantes de la oligarquía (Juan
March) y Generales antirrepublicanos como Sanjurjo (en el exilio),
Mola, Fanjul, Goded, Franco, Queipo de Llano, Cabanellas… iniciaron
contactos para preparar el golpe.
Las principales dificultades para preparar el
golpe de Estado estuvieron, sobre todo, en poner de acuerdo a los distintos
sectores de la ultraderecha, ya que cada uno proponía a una forma de gobierno
distinta. El
rechazo hacia el Frente Popular y hacia la «revolución social» fue lo
que unió a grupos tan dispares en una misma causa.
El golpe militar se adelantó tras el asesinato de
Calvo Sotelo. Esto acabó por decidir a Franco, hasta entonces dubitativo,
a participar en la sublevación, siendo clave en los planes del General Mola. En medio de los rumores de
golpe de Estado, Casares Quiroga se mantuvo inactivo, pese a las advertencias
que le hacían los líderes obreros. Cuando el 17 de julio se produjo la
rebelión en Marruecos, el Gobierno permaneció inoperante, creyendo durante
muchas horas que se trataba de un intento condenado al fracaso. Dos días
después, la Guerra Civil era un hecho.
6.
Conclusión.
La República tuvo que afrontar los
problemas básicos que acarreaba España desde principios del siglo XX, que no
eran otros que la cuestión social, la cuestión militar, la regionalista y la
religiosa.
Para atender a la demanda de aquellos que la
proclamaron se realizaron una serie de reformas durante el Gobierno
Provisional que posteriormente se reflejaron en la Constitución de 1931.
La falta de medios económicos y la oposición de los grupos
privilegiados hasta ese momento, frenarán la puesta en marcha de estas
reformas, por este motivo habrá una presión constante sobre
los distintos gobiernos republicanos por parte de anarquistas y socialistas
(CNT y PCE).
La República se caracterizó por un intenso
debate parlamentario que, entre otras cuestiones, se centró en la Reforma
Agraria. La lentitud en su aplicación por parte del Gobierno Azañista, la
paralización por parte del Gobierno Radical-Cedista, y su posterior
restablecimiento de una forma acelerada y descontrolada con el Frente
Popular, será una de las razones que llevaron a los españoles a
constituirse en dos bandos que se enfrentarán en la Guerra Civil (1936-1939).
Por un lado, están los republicanos,
la mayoría de izquierda, aunque también contaba con el apoyo de parte de la derecha,
que defienden los principios liberales, y los regionalistas.
Por el otro lado están los antirrepublicanos,
entre los que están los defensores de los valores tradicionalistas (católicos
y monárquicos), y aquellos que se sienten amenazados ante la posibilidad de
una «revolución social», admiradores de los regímenes totalitarios
de Hitler y Mussolini. A estos se les une una parte del
Ejército, perjudicados por las reformas militares de Azaña, y que
ven amenazada la unidad del país con los estatutos de autonomía.
Todos los logros alcanzados durante la República relacionados con los derechos y libertades civiles se perderán tras la derrota en la Guerra Civil, recuperándose en la Transición a finales de los años 70. Estos derechos y libertades son la base de nuestra sociedad actual y quedaron plasmados en la Constitución de 1978.
